La Justicia imputó formalmente este viernes a Milei por "negociaciones incompatibles con la función pública". Taiano impulsó la investigación y amplió la intervención a la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia. Además se pidieron informes a la Comisión de Valores y la empresa Google, entre otros.
El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al presidente Javier Milei tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, ocurrido el viernes 14 de febrero, que ocasionó pérdidas millonarias para los inversores en cuestión de horas.
El funcionario de la Justicia tomó la decisión en base a la denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois y al diputado Itai Hagman, entre otras demandas que fueron elaboradas y apuntan contra la participación del presidente en la repentina valoración y posterior desplome de la memecoin.
El expediente analiza posibles delitos por abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y cohecho y también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Grabois, impulsor de la denuncia, aseguró: "Por la dignidad nacional la justicia debe actuar rápidamente".
El que las hace las paga, imputación para el criptochorro Milei por los delitos de estafa, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Por la dignidad nacional la justicia debe actuar rápidamente.
— Juan Grabois (@JuanGrabois) February 22, 2025
En la causa, que investiga Taiano por delegación de la jueza federal Nº1 María Romilda Servini de Cubría, se ordenó "ampliar la intervención oportunamente conferida a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia", informó la Fiscalía en un comunicado.
Por otra parte, y entre otras medidas, "se solicitaron diversos informes a organismos públicos y privados vinculados con la temática, a la vez que se evalúan nuevas diligencias que se adoptarán en los próximos días, con el objeto de dilucidar los sucesos denunciados".
También "informes al Banco Central, la Comisión de Valores, la Inspección General de Justicia (IGJ) y a Google, entre otros".
