El freno a obras clave, la desregulación del gas y la ola polar dejaron a industrias sin suministro y a millones de usuarios expuestos a subas y cortes en pleno invierno.

En plena ola polar, el suministro de gas natural a industrias y estaciones de GNC en varias provincias del país —incluida Santa Fe— volvió a resentirse gravemente. La combinación entre el parate de obras clave de infraestructura, el crecimiento de la demanda estacional y una política energética orientada a la desregulación del mercado, deja expuesta una situación crítica: en la Argentina de Milei, ni la calefacción en invierno está garantizada.

El caso más reciente ocurrió esta semana, cuando empresas del Parque Industrial Sauce Viejo, en el centro provincial, recibieron comunicaciones de la distribuidora Litoral Gas ordenando el corte total del suministro. La medida fue sorpresiva, sin margen para la planificación, y afectó tanto a grandes industrias como a medianas plantas de producción.

Entre las obras clave que quedaron paralizadas tras la asunción del nuevo gobierno se destacan tramos fundamentales del Gasoducto Néstor Kirchner, la ampliación de la capacidad de transporte en Vaca Muerta, y redes secundarias de distribución que deberían haber estado operativas este año. El Gobierno frenó licitaciones y suspendió pagos, dejando inconclusos proyectos que tenían como objetivo reforzar la infraestructura energética en zonas industriales y urbanas. En total, se paralizaron obras valuadas en más de 700 millones de dólares.

Estas interrupciones no solo comprometen el abastecimiento actual, sino que también limitan la capacidad del sistema para absorber picos de consumo, algo crítico durante los meses de invierno. Al faltar infraestructura, el sistema entra en estado de saturación con facilidad: se prioriza el abastecimiento domiciliario y se interrumpen los contratos industriales. Esto afecta directamente la producción, el empleo y la competitividad de las empresas locales, muchas de las cuales no pueden operar sin energía continua.

El mercado del gas, liberado: subas de precios y menos previsibilidad

El Gobierno avanza también con una profunda desregulación del mercado del gas envasado. Esta semana, a través de una resolución de la Secretaría de Energía, se eliminó el programa “Hogares con Garrafa” y se derogaron más de veinte disposiciones que regulaban el precio, el transporte y la distribución del gas en garrafa. A partir de ahora, serán las empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras quienes fijen libremente sus precios, sin intervención estatal.

Según detalló Noticias Argentinas, esta medida implica que el precio del gas envasado quedará sujeto únicamente a la dinámica de oferta y demanda. Para millones de hogares sin conexión a redes de gas natural —especialmente en zonas rurales y en barrios populares— esto representa un golpe directo al bolsillo, con aumentos inminentes e imposibilidad de prever cuánto costará calentar un hogar este invierno. De este modo se consolida una lógica de mercado puro incluso para un bien crítico.

Santa Fe sin gas: un síntoma de una crisis estructural

El caso santafesino no es aislado. A medida que bajan las temperaturas, se repite el mismo patrón en distintos puntos del país: industrias que paran por falta de suministro, estaciones de GNC cerradas, y usuarios residenciales en alerta por posibles interrupciones. En Sauce Viejo, las empresas afectadas no recibieron alternativa ni plazo: solo una orden de corte.

La crisis energética actual es el resultado de una política del gobierno nacional que abandonó la obra pública como herramienta de desarrollo, y de un enfoque ideológico que retira al Estado de su rol en la garantía de servicios básicos. En un país con abundantes recursos naturales, pero sin inversión en infraestructura ni regulación del mercado, la energía deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio.