La Asamblea Ni Una Menos y la Mesa del Orgullo presentaron a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia un pedido de acceso a la información pública para conoce el estado actual de las políticas públicas destinadas a mujeres y personas LGBT+ en la provincia.
Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional las políticas de género y diversidad fueron borradas del mapa. A la eliminación inicial del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad le siguió el recorte presupuestario a las políticas de igualdad, el cierre de programas sociales y los despidos masivos en áreas claves vinculadas a estas poblaciones. Todo esto, acompañado de discursos de odio y estigmatización a mujeres y diversidades sexuales.
En la provincia, tras la asunción de Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad pasó a ser la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, bajo la órbita del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Hubo un recorte de casi 50 trabajadores y trabajadoras que venían desempeñandose en el área y la consecuente baja en el nivel de actividad y políticas específicas que desde allí se ejecutaban.
"Pullaro no prioriza las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres y las diversidades sexuales", dice Liliana Loyola, integrante de la Asamblea Ni Una Menos (NUM) Santa Fe y referenta de la asociación civil Generar.
La declaración se dio durante la entrega de dos pedidos de acceso a la información pública, realizados por la NUM y la Mesa del Orgullo Santa Fe, a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, con el objetivo de conocer de manera oficial el estado actual de las políticas públicas destinadas a mujeres y personas LGBT+ en la provincia.
"Nosotros entendemos que no es que la provincia no tiene partida, no tiene recursos para estas políticas, sí los tiene, solamente que no estámos en las prioridades del gobernador de asignar recursos a la Secretaría de Género", agrega Loyola. "Evidentemente sí hubo dinero para hacer la convención reformadora, para pagar catering o asesoramientos importantes en la convención. Con todo ese dinero se hubieran podido fondear a los centros de día y organizaciones".
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Mujeres solas
"Básicamente lo que estamos requiriendo es saber cuáles serían las políticas específicas de acompañamiento a mujeres y diversidades en situación de violencia y vulnerabilidad por violencia de género", explica Loyola en diálogo con Pausa. "Hay programas que teníamos, como el Acompañar, que nos permitía, luego de un proceso de inscripción, de presentación de solicitud, que la mujer que estaba saliendo de una situación de violencia pueda acceder a un salario mínimo durante seis meses. Esas políticas no han sido reemplazadas a nivel provincial y cuando se requieren situaciones puntuales, específicas, nos encontramos con una tremenda dificultad a la hora de darle respuesta a las mujeres".
Loyola cuenta la situación específica que están viviendo en Generar, pero que se traslada a muchas otras organizaciones y espacios que brindan asistencia: "Nos cuesta un montón conseguir dinero para, por ejemplo, pagarle un alquiler transitorio a una mujer que debe salir de su entorno violento, y también para incorporar más mujeres en los centros de día, como el nuestro. En los diversos talleres que damos tenemos unas 200 mujeres y atendemos casi 500 por año en diversas acciones asesoramiento. Pero cada vez es más difícil para nosotros sostener esas actividades y todo el tiempo estamos realizando actividades de recaudación de fondo para poder sostener estos espacios".
Estos reclamos se fundamentan, entre otras cosas, en la ley provincial 13.348, de 2013, que adhiere a la Ley Nacional 26.485 de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
"La ley dice que el Estado deberá proveer recursos a espacios específicos, como serían los centros de día, y esto no está ocurriendo", explica Loyola. "Venimos presentando proyectos de centro de día, del programa Cuidar, proyectos de igualdad y autonomía, cumplimentando con todo lo que sería personería jurídica, balance, etc., y hasta ahora no hemos podido firmar un solo convenio para este año y estamos ya a mediados de septiembre".
Retrocesos en diversidad
Desde la Mesa del Orgullo, en tanto, cuentan que decidieron sumarse a realizar este pedido conjunto para saber por estado de varias leyes que afectan al colectivo LGBTIQ+.
"La primera de ellas, y quizás una de las más graves, tiene que ver con el cupo laboral trans", comenta Leandro Wolkovicz. "Nosotros sabemos que hubo muchas compañeras que ingresaron y que luego fueron desvinculadas cuando inició esta gestión".
"En segundo lugar, le preguntamos por la implementación de la ley Micaela, que también se venía implementando en municipios y comunas desde la administraci central y hemos perdido de vista o al menos no se comunica mucho al respecto", agrega el militante.
Wolkovicz también comenta que en el pedido prguntaron "por el estado de la hormonización, que también nos llegan reclamos de compañeros y compañeras trans que les está costando acceder o que hay un centro de salud donde se supone que deber entregar hormonas pero no las entregan; y finalmente por la implementación de medidas en torno a la prevención de infecciones de transmisión sexual que sabemos que el colectivo LGBT un colectivo que está desproporcionadamente afectado por problemáticas de salud sexual. El mecanismo dispuesto por esta normativa dice que en 15 días deberían respondernos, así que vamos a estar a la expectativa a ver qué nos dicen".
Además de la retirada del Estado de la implementación, o al menos de la visibilización, de todas estas políticas, Wolkovicz agrega que "no observamos que el Estado esté presente activando, por ejemplo, en contra de la violencia hacia las personas LGBT, que sabemos que está creciendo. Desde la Federación Argentina LGBT se observó un 70% de aumento de casos de violencia de personas LGBT este año, tampoco vemos que el Estado se mete en esa cuestión. Si mirás el Instagram de la Secretaría de Género son puras fotos de las funcionarias y no vemos una presencia constante del Estado proponiendo iniciativas para que la comunidad participe o para apoyar a la comunidad en momentos de dificultad, también de crisis económica. La verdad que no vemos al Estado teniendo una participación activa en esa área en concreto".
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"Vayan a reclamar a economía"
Los pedidos de informe realizados esta semana por la Asamblea Ni Una Menos y la Mesa del Orgullo fueron recibidos personalmente por Alicia Tate, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad. "Nos dijo que el gobierno provincial tiene dificultades económicas y que a la Secretaría el presupuesto le llega a cuenta gotas, que no alcanza para poder encarar esta respuesta a las organizaciones, con estos programas que estábamos mencionando", cuenta Liliana Loyola.
Ante la consulta concreta respecto de cómo podían aportar al trabajo que las organizaciones realizan cada día en Santa Fe y de fechas para la firma de los convenios, Tate respondió que no podía asegurarles nada. "La reunión no terminó en buenos términos por todo esto", agrega Loyola, y cuenta: "En el transcurso de la reunión se nos informa que se habían presentado a los premios de la Fundación Flor y que la provincia estaba ternada, que se habían presentado sobre todo por las actividades que tienen en materia de diversidad".
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Y Wolkovicz agrega: "En la reunión que tuvimos la respuesta de la funcionaria fue que les derivaban los recursos a cuenta gotas y que en todo caso fuéramos a reclamar al Ministerio de Economía. Así que si de entrada ese es el planteo, veo difícil que se pueda revertir esta situación y la verdad que es una lástima porque necesitamos que el Estado provincial sea haga cargo, porque el Estado Nacional hizo desaparecer la totalidad de las políticas relacionadas con género y diversidad y hubiera sido bueno que el gobierno provincial, que aparentemente se distancia de estas medidas del gobierno nacional de recorte, y que aparentemente ellos sí se estarían a favor de las políticas de género y diversidad, en la práctica no se terminan diferenciando mucho de las políticas del gobierno de Milei".
"Estaría bueno que las funcionarias mismas se pregunten qué es lo que logran estando en sus cargos si no les derivan los recursos necesarios para llevar adelante las políticas. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir reclamando porque sabemos que es una responsabilidad del Estado y se lo vamos a seguir exigiendo", finalizó Wolkovicz.
