La operación policial en los complejos de Penha y Alemão, a cargo del gobernador Cláudio Castro, da cuenta de una política genocida contra la población de las favelas.

Hay algo que une la chacina policial del martes 28 de octubre en Río de Janeiro y el triunfo de la Libertad Avanza en Argentina, además de que las dirigencias políticas que los protagonizan responden al llamado de Donald Trump para unirse a la lucha contra el narcoterrorismo en América Latina. En un análisis de menciones en redes sociales el 28 y el 29 de octubre, el cientista político brasileño Renato Dolci encontró un 62% de apoyo a la operación policial, un 32% de crítica y un 6% de posiciones neutras o sensación de miedo. Ahí aparece el factor común: miedo.

Esa es la palabra más nombrada en las editoriales periodísticas y las conversaciones entre compañeros, amigos y familiares en la última semana. También se habla de odio, pero intentemos construir una conversación. Aquel 62% pareciera pensar que se justifica suspender los derechos humanos y la no vigencia de la pena de muerte a la hora de combatir, en este caso, a Comando Vermelho. La historia de la facción en la ciudad es larga, viene desde la dictadura. No está exenta de episodios macabros.

Pareciera, podemos pensar, que esa parte de la ciudadanía hace como cuando vemos una película de terror y nos tapamos los ojos. Sabemos que si la chica entra al túnel, va a salir mal: sabemos pero no queremos ver y nos quedamos igual. Puede ser que así nazca la indiferencia. Para quien quiera enterarse, los hechos son muy claros. Una operación policial en una superficie irregular donde viven más de ciento diez mil personas, que puso en jaque a la población de una de las capitales turísticas del mundo, dejó un saldo de por lo menos 132 muertos, y no logró detener a su principal objetivo, no puede ser tildada de exitosa. Pero eso hizo Cláudio Castro, el gobernador del Estado de Río de Janeiro. 

La descripción del operativo habla de un muro de BOPE: mientras otros batallones subían la favela en busca de los criminales, los agentes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales formaban un paredón en el área de la mata, en la Sierra de la Misericordia (sic), que conecta por arriba los complejos de Penha y Alemão, para evitar fugas. De ahí las declaraciones de Castro sobre que sería raro que un vecino ande por la mata -la selva- en día de operación. Lo que da cuenta de que las operaciones policiales en favelas de Río de Janeiro son cosa conocida por los vecinos.

Un día antes de la chacina, el Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro determinó la liberación total de las actividades de la Refinería de Manguinhos, Refit, investigada por abastecer presuntamente estaciones de servicio controladas por el Primeiro Comando da Capital (PCC), la facción más grande de Brasil. Según ICL Notícias, la decisión respondió a un pedido de la refinería que contó con el apoyo del gobierno de Cláudio Castro. El miércoles a la noche, en tanto, el Superior Tribunal de Justicia revocó la decisión y mantuvo la interdicción de Refit.

Refit es investigada en el marco de la Operación Carbono Oculto, centrada en desarticular un esquema de lavado de dinero del PCC. Ya registró 7600 millones de reales en impuestos evadidos y 3200 millones de reales en bienes bloqueados, dinero que puede distribuirse hacia inversión pública. También se cumplieron órdenes de registro, incautación y detención contra más de 350 objetivos, entre personas físicas y jurídicas, en los estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Río de Janeiro y Santa Catarina. 42 de las detenciones se efectuaron en la Avenida Faria Lima, el principal centro financiero del país, en São Paulo.

“El gobierno del estado de Río prácticamente no ha hecho nada en relación con el contrabando de combustible, que es lo que alimenta al crimen organizado”, dijo el miércoles Fernando Haddad (PT), el ministro de Hacienda. Haddad suena para candidato a senador o gobernador de São Paulo en 2026, aunque él declara que no tiene esa intención.  

“Nosotros defendemos a las familias decentes”

Sobran los testimonios de vecinas y vecinos sobre la policía entrando a sus casas mientras subía la favela, tirando bala. Lo máximo que pueden hacer es dejar la puerta abierta, en una manera de decir que no están escondiendo nada ni a nadie. No poder salir a trabajar porque se escuchan tiros en el techo es algo común para quien vive en una comunidade (así también se llaman esos barrios en Brasil). Tanto como quedarse sin agua o bajar para comprarle una garrafa de gas a un joven preto, que la carga en el hombro y la sube por cientos de metros de escaleras. O festejar el día de las infancias organizado por los que trafican, o tener un amigo, un pariente o un vecino baleado, muerto o desaparecido por el tráfico.

El diputado federal Otoni de Paula (MDB), pastor y fundador de la Iglesia Ministerio Misión de Vida, denunció que fueron asesinados en el operativo por lo menos cuatro jóvenes hijos de fieles, sin ningún vínculo con el crimen organizado. “Meninos que nunca portaram fuzis”.  Según el censo 2022, en Brasil, las favelas están habitadas principalmente por personas negras: un 72.9% se identifica como negros y pardos. Además, es una población proporcionalmente más joven que la que vive en otros territorios.

En un video publicado por Mídia Ninja, habla la madre de una de las víctimas, un joven de 20 años: “Como mamá, nunca apoyé la vida que él llevó. Soy una madre negra, soltera, que lucha todos los días. Pero como madre nunca voy a darle la espalda. Necesitamos que haya un cambio, porque gobernar un estado no es sólo llegar tirando tiros a una favela, es dar oportunidades, dar una visión, para que ellos puedan ver cosas diferentes que la realidad de una favela, y eso él no hizo. Lo que el gobernador hizo es vergonzoso”. En los comentarios, vecinos que la conocen cuentan que la señora trabaja con una barraca de tortas y dulces.

“No puede ser natural ir a un territorio donde hay miles de personas y querer hacer una operación a cielo abierto, colocando a las familias en pánico y a los chicos fuera de la escuela”. La explicación de lo obvio, en esas palabras, pertenece a Benedita da Silva, diputada federal de Río de Janeiro. En la tribuna de la Cámara de Diputados, denunció la incompetencia del gobernador de Río y la motivación política del operativo, con el cual Cláudio Castro buscó sumar apoyo de la familia Bolsonaro dentro del Partido Liberal y demostrar fuerza frente a su electorado, en miras a candidatearse como senador. Los números le vienen dando mal, mientras que son positivos para Eduardo Paes, el intendente de la ciudad de Río de Janeiro.

“Cuando empieza el primer tiro, no sabes para dónde va, si va para tu casa, para tu hijo, para vos. Puedo contar las veces en que estas carnicerías sucedieron en Río de Janeiro y fueron siempre cerca de las elecciones. Están festejando que fue una operación maravillosa… ¿qué operación maravillosa es esa?”, preguntó la diputada. “No puedo creer que el gobierno no tenga la condición de planificar una estrategia para hacer una intervención de esta naturaleza, principalmente cuando tiene un fondo de seguridad y el gobierno federal invierte en el estado Río de Janeiro”, siguió.

La carrera política de Bené, como le dicen, nació en las asociaciones de vecinos de favelas de Río. Es una mujer preta con una historia impresionante de trabajo y activismo feminista y en el movimiento negro. Creció en la comunidad de Chapéu Mangueira, formó parte de la fundación del PT, fue concejala de la ciudad, electa vicegobernadora y luego gobernadora por nueve meses, en 2002, cuando le tocó asumir el cargo tras la renuncia del titular, entonces candidato a presidente. Durante su gestión en el ejecutivo, recordó en la Cámara, detuvo a Fernandinho Beira-Mar, uno de los grandes jefes de Comando Vermelho, y a Elias Maluco, otro criminal muy importante dentro de la facción, envuelto en el asesinato de Tim Lopes, periodista de la Globo. Lo hizo “sin dar un tiro en la comunidad, en el mismo complejo de Alemão donde hicieron todo esto”, resaltó.

La diputada hizo una pregunta más: “¿Cómo van a decir que la izquierda protege bandidos? Nosotros defendemos a las familias decentes que van a limpiar la casa de los señores y de las señoras, que cuidan de sus perros y de sus hijos. Son esas personas las que defendemos, y ellas viven ahí, porque no pueden vivir en el palacio donde nosotros vivimos”. “Con mucha tristeza en mi corazón, me da mucha vergüenza, a mis 83 años, continúo sufriendo por mi pueblo. Yo salí de la favela pero ella no salió de mí, yo conozco el dolor de esta gente, conozco la maldad y la perversidad de quien gobierna y no sabe gobernar”, cerró Bené.

Según el Grupo de Estudios de Nuevos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense (GENI/UFF), entre 2007 y 2021 el estado de Río de Janeiro registró 593 chacinas que resultaron en 2374 muertes, concentradas en territorios de favelas y de la periferia. Si se tratara de matar para combatir el crimen organizado, Brasil sería Suiza. Hay un padrón recurrente: el aumento de la letalidad policial en años electorales.

En Río de Janeiro asesinan mano de obra barata

La diputada federal Jandira Feghali (PCdoB) relató desde el Instituto Médico Legal (IML), el organismo encargado de peritar los cuerpos, que lo que más llamó la atención fue “la historia de una pareja que tuvo su hijo decapitado, cuya cabeza fue encontrada arriba de un árbol, y no estaban consiguiendo entrar para reconocer el cuerpo. Eso es un derecho constitucional”.

La Defensoría Pública de Río de Janeiro fue impedida de acompañar las pericias. El organismo pide autorización al Tribunal Superior para realizar una pericia independiente. En el mismo sentido, la diputada estadual Renata Souza (PSOL) presentó un pedido para que la investigación sobre la operación se federalice. El jueves a la noche, en el centro de Río, familiares se manifestaron en frente del IML, sobre la avenida Francisco Bicalho. Se dieron las manos y se arrodillaron sobre el asfalto, para reclamar justicia y pedir agilidad en la liberación de los cuerpos. La policía les tiró gas pimienta.

Podemos detenernos también en las explicaciones de la profesora del Departamento de Seguridad Pública de la UFF, Jacqueline Muniz, entrevistada por la Revista Fórum. Muniz señala que para enviar al operativo 2500 policías, de un total de 7500, saboteando la seguridad de la región metropolitana entera y poniendo en riesgo a toda la población, implicó enviar a cualquier tipo de agente, y así uno de los policías muertos es generalista, sin entrenamiento táctico. "Fue una especie de asado mal hecho de fin de semana, que todo el mundo lleva lo que tiene, se olvida la carne y la cerveza está caliente. Eso fue lo que pasó y no aprueba el test de ningún criterio policial profesional", ilustró.

Muniz explica que “no existe territorio en Río de Janeiro que la policía no entre, ella terceriza territorios populares para el crimen. El Estado funciona, en una democracia, para bien o para mal, como reguladora del crimen. No existe estado paralelo o ausente, el estado negocia su presencia y se gobierna con el crimen”.

Afirma que el perjuicio que recibió Comando Vermelho se repone en una o dos semanas: “Matar individuos no mata la red criminal. Esos muertos, suponiendo que sean todos criminales, economizan las commodities de la facción. Porque cada supuesto faccionado cuesta para ser mantenido dentro de la cárcel y para mantener a su familia: es un trabajador del crimen. La mano de obra asesinada es una mano de obra barata, uberizada y sustituible”.

Las operaciones policiales contra Comando Vermelho en favelas no detienen la expansión de la facción, que crece territorialmente y en armamento. La policía entra armada a los barrios para combatir el tráfico, cuando todo indica que eso no va a solucionar nada. Se develan así las posiciones, no de una guerra entre un gobierno y el narco sino de un genocidio de la población de la periferia.

Brasil, el último país de América Latina en abolir oficialmente la esclavitud, no es el único territorio con una política genocida en curso, disfrazada de seguridad y defensa. Según un informe de The Intercept Brasil, aunque la posición de Lula sobre el genocidio palestino cometido por Israel en Gaza está en las antípodas de la de Javier Milei, tanto la izquierda como la derecha compran lo que Israel vende. Empresas israelíes como Plasan Sasa Ltd. y Elbit Systems, la principal fabricante de drones usados en Gaza, ganaron licitaciones recientemente en Brasil. La policía militar de Río, así como la de otros estados, incluídos Minas Gerais, Bahia y Santa Catarina, utilizan fusiles y rifles israelíes.

El mayor secuestro de fusiles en Río de Janeiro, más que los que se encontraron el martes, fue en casa de Alexandre Mota de Souza, amigo de Ronnie Lessa, el asesino de la concejala Marielle Franco y el chofer Anderson Gomes. Lessa y de Souza fueron agentes de la Policía Militar y son conocidos como milicianos, otra de las organizaciones criminales activas en Brasil, basadas fuertemente en el estado fluminense.

Este viernes, distintas organizaciones convocan a manifestarse en más de 15 ciudades de Brasil, en expresión de luto y de lucha y en reclamo por la responsabilización de Cláudio Castro y de la cadena de mando policial por la masacre del 28 de octubre. En Río, el acto unificado es en el complejo de Penha, a las 13. Hace poco más de un mes que la sociedad brasileña se manifestó en las calles contra la impunidad política y la amnistía a Bolsonaro, y ahora esa fuerza tiene que repetirse. Para que la vida de las personas que viven en las favelas no siga teniendo menos valor que la tranquilidad de los indiferentes.