Con más de 130 personas asesinadas, Río de Janeiro atraviesa las jornadas más sangrientas de su historia. La Operação Contenção fue presentada oficialmente como un “éxito” en la lucha contra el crimen organizado. Las cifras y los testimonios que emergen desde los barrios populares revelan una tragedia que organizaciones de derechos humanos califican como una masacre y un acto de exterminio por parte del Estado.
Por Victoria Carballo
En una conferencia en el Palacio de Guanabara, el gobernador de Río de Janerio Cláudio Castro defendió públicamente el operativo, asegurando que “las únicas víctimas de los enfrentamientos fueron los cuatro agentes muertos durante la operación”. Entre los más de 130 muertos hay cuatro policías. Más de 100 armas de fuego fueron incautadas y hubo 81 detenidos. Se asignaron 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro a la operación.
La Operação Contenção tenía como objetivo cumplir 100 órdenes de arresto e impedir el avance territorial del Comando Vermelho, la organización criminal más antigua del estado de Río de Janeiro, surgida en la década de 1970 dentro de las cárceles de Río para luchar por la justicia social dentro de la prisión.
Con el tiempo, el grupo se transformó en una red dedicada al narcotráfico, al contrabando de armas y al control territorial de numerosas favelas cariocas. Su estructura se caracteriza por una jerarquía flexible y por ejercer dominio social y armado en las comunidades donde opera, enfrentándose tanto a facciones rivales como al Estado. A lo largo de los años, el Comando Vermelho se ha convertido en un actor central en la violencia urbana de Río de Janeiro.
“Respaldamos firmemente la operación de ayer. Quiero expresar mi solidaridad con las familias de los cuatro valientes que perdieron su vida para liberar a la población. Ellos fueron las verdaderas víctimas”, afirmó el mandatario.
Castro también justificó la letalidad de la intervención con un argumento que ha sido duramente cuestionado por organizaciones de derechos humanos: “¿Qué pruebas nos llevan a creer que todos eran criminales? El conflicto no ocurrió en una zona urbanizada; todo ocurrió en una zona boscosa. No creo que alguien estuviera paseando por el bosque el día del conflicto. Por eso podemos calificarlos con seguridad de criminales”, sostuvo.
Cláudio Castro, el actual gobernador del estado de Río de Janeiro, es un abogado afiliado al Partido Liberal (PL), partido del ex-presidente Jair Bolsonaro, de derecha y fuertemente vinculado a valores cristianos —es músico católico y ha impulsado agendas morales con apoyo de grupos evangélicos y carismáticos—. Su gestión ya se venía caracterizando por una línea dura en seguridad pública, lo que incluía grandes operativos policiales contra el narcotráfico, y a su vez enfrentó investigaciones por presunto recibo de coimas cuando era vicegobernador.
Mientras el gobierno estadual celebra el megaoperativo policial como una demostración de triunfo, los residentes de las comunidades afectadas denuncian ejecuciones sumarias, caos y terror.
La respuesta de Lula
“El presidente estaba horrorizado por el número de incidentes fatales y se mostró sorprendido de que se lanzara una operación [de esta magnitud] sin conocimiento federal”, afirmó Ricardo Lewandowski, ministro de Justicia de Brasil.
El pronunciamiento Lula por lo sucedido en Río se dio este miércoles a través de sus redes sociales. Allí informó que le había dado instrucciones "al Ministro de Justicia y al Director General de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el gobernador".
Y señaló: "No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias".
Al mismo tiempo, anunció la creación de la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado, una entidad conjunta entre el Gobierno nacional de Brasil y el regional del estado de Río de Janeiro para enfrentar la actual crisis.
Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.
Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e…
— Lula (@LulaOficial) October 29, 2025
Río de Janeiro vota con sangre
Desde dentro del Complexo do Alemão, Raull Santiago, un reconocido activista y líder comunitario narró en redes sociales lo que vivió durante la jornada. Su testimonio se ha viralizado y se convirtió en una crónica en tiempo real del horror.
“Más de sesenta cuerpos ejecutados —ahora casi el doble—, en ningún momento, para mí se considera una tasa de éxito. Estamos hablando de ejecuciones sumarias entre jóvenes que pueden estar o no involucrados con el mundo de las drogas ilícitas. Estamos hablando de residentes, de vecinos, de personas que ahora son solo números”, denunció.
El activista también cuestionó la dimensión política del operativo: “Estamos en un período electoral. El gobernador usa la violencia y los cuerpos muertos como herramienta de posicionamiento político, en una sociedad que celebra las noticias que hoy estamos viendo. Río de Janeiro vota con sangre”.
Su relato, que se suma a lo narrado por muchos otros residentes de las favelas afectadas, describe escuelas cerradas, familias encerradas en sus casas y madres “tapando los ojos de los niños para que no vean”. “No podemos aceptar que la política de muerte sea la herramienta electoral de nuestro Estado”, agregó.
En su mensaje, el activista apuntó contra la estructura de la política de seguridad pública de Río: “La seguridad pública aquí no existe: es privada. Se usan los aparatos del Estado para cometer violencia en territorios específicos y proteger a otros. Nunca veremos una masacre de este tamaño en Leblon, Tijuca o Copacabana”.
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Un patrón que se repite río de janeiro
La masacre de Alemão y Penha no es un hecho aislado. Castro ya había sido cuestionado por otras operaciones letales, como las de Jacarezinho (2021) y Vila Cruzeiro (2022). En todas, el denominador común fue el mismo: decenas de muertos, denuncias de ejecuciones extrajudiciales y una narrativa oficial que celebró la violencia como eficacia.
“Esto que ocurre es política, racismo y repetición histórica. No es la primera matanza, y lamentablemente quizá no será la última”, advirtió Raull Santiago desde el Complexo do Alemão.
“Estamos aquí con sangre, contando cuerpos, tratando de identificar quién era inocente, quién estaba involucrado, pero ninguno merecía ser ejecutado. No hay ley que autorice ejecuciones”, dice el activista, presidente del Instituto Papo Reto, cofundador de la iniciativa PIPA y de la Agência Brecha. “Muchos nos atacan, diciendo que defendemos bandidos o que estamos contra la policía, cuando en realidad trabajamos para activar, formar, organizar y movilizar personas por derechos, dignidad y una vida mejor. Nos enfrentamos al Estado genocida y al narcotráfico, construyendo oportunidades para los jóvenes”.
Julita Lemgruber, socióloga y directora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía, quien ya estuvo al frente de la Dirección General del sistema penitenciario de Río de Janeiro, concedió una entrevista a CBN en la que afirmó: “Hay que enfrentar la lógica de las 'guerras contra las drogas', que perpetúan la violencia en territorios específicos, mientras las mismas drogas circulan libremente en las zonas nobles. Porque en muchos casos se trata de jóvenes que están en el tráfico minorista, pero la policía no tiene derecho —ni Brasil ha instituido jamás en su legislación— a realizar ejecuciones sumarias”.
Más adelante, Lemgruber agregó: “Las armas y las drogas no aparecen dentro de las favelas por generación espontánea. Entran en las favelas de muchas formas diferentes, como todos sabemos, y muy a menudo a través de redes que no se investigan adecuadamente”.
“La muerte no puede ser política pública”
En una carta abierta titulada “La seguridad pública no se construye con sangre”, más de veinte organizaciones de derechos humanos condenaron la operación. “La masacre que se desarrolla desde las primeras horas del martes en los complejos de favelas de Alemão y Penha se inscribe en un largo y trágico historial de matanzas cometidas por fuerzas policiales en el Estado, presentadas, equivocadamente, como política pública”, señala el texto.
El documento subraya la responsabilidad directa del gobernador Cláudio Castro, a quien acusan de sostener una “estrategia deliberada que privilegia el enfrentamiento armado en detrimento de cualquier compromiso con la vida y la legalidad”.
“Lo que el gobernador calificó como ‘la mayor operación de la historia de Río’ es, en realidad, una matanza perpetrada por el Estado brasileño”, sostiene la carta.
Según datos del Instituto de Seguridad Pública citados en el comunicado, 5.421 jóvenes de hasta 29 años fueron asesinados en intervenciones policiales en Río de Janeiro entre 2014 y 2024, en su mayoría hombres negros y pobres.
Las organizaciones recuerdan que el Estado brasileño acumula dos condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos similares —las masacres de Acari y Nova Brasília—, sin que se haya modificado el patrón de actuación policial.
“La seguridad pública debe garantizar derechos, no violarlos. Las y los habitantes de las favelas tienen derecho a la vida, a la integridad física y a la paz —y esos derechos no son negociables”, concluye el comunicado.
Lo que para el gobierno de Castro es definido como éxito, para otros muestra el claro fracaso de la política pública en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Dentro de un entramado tan complejo, en el que organizaciones criminales crecen dentro de sectores populares y el Estado, que por un lado las enfrenta pero por otro también es parte de la problemática, solo ofrece como única respuesta la matanza indiscriminada de sus propios ciudadanos.
