Con el decreto 695/2025, el Gobierno propone vender el 44 % de las acciones de Nucleoeléctrica, manteniendo al Estado con el 51 %. Ayer la oposición intentó sin éxito frenar la privatización.
Vender hasta las joyas (nucleares) de la abuela: ese es el proyecto de Javier Milei. El Gobierno nacional formalizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa que opera las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse. El decreto 695/2025 publicado en el Boletín Oficial habilita la venta de hasta un 44 % del capital accionario mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que un 5 % será reservado para un “Programa de Propiedad Participada” destinado a los trabajadores. El Estado conservará el 51 % restante para garantizar el control estratégico.
El Ejecutivo justifica la medida señalando que la incorporación de capital privado facilitará la financiación de proyectos esenciales, como la extensión de vida de Atucha I (prevista para reingresar al sistema en 2027) y el almacenamiento en seco de combustibles gastados (ASECG II) para garantizar que Atucha II continúe operando.
En paralelo, la Cámara de Senadores rechazó un proyecto presentado por Unión por la Patria que buscaba frenar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina. La iniciativa, impulsada por el senador formoseño Carlos Mayans, no alcanzó los dos tercios necesarios para habilitar el debate: obtuvo 40 votos afirmativos, un número insuficiente pero significativo para mostrar el peso de la oposición. “El presidente y su banda se están quedando con el sistema nuclear argentino”, denunció Mayans en el recinto.
La votación se dio en un clima tenso, atravesado por el desplante de los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) contra el Gobierno. Desde el sector sindical y científico remarcaron que Nucleoeléctrica —la empresa estatal encargada de administrar la generación de energía nuclear en el país— está siendo “rifada” a través de un esquema que combina la venta de acciones a privados y el Programa de Propiedad Participada, aun cuando el Estado mantenga la mayoría accionaria.
La expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis, definió el proyecto del gobierno como “una pérdida inconmensurable” para un país que ha hecho del desarrollo nuclear un pilar de su soberanía.
Desde el sector de Ciencia y Técnica denuncian que detrás de la operación hay intereses internacionales que buscan debilitar el sector nuclear argentino, favoreciendo la entrada de capitales foráneos. También plantean que el proyecto CAREM, el reactor modular nacional en construcción, quedó virtualmente paralizado, lo que profundiza el cuestionamiento sobre los fines reales de esta privatización.
El kirchnerismo y otros bloques opositores respondieron rápidamente. Se avanza en presentaciones para declarar al sistema nuclear como “bien público estratégico no enajenable”, y para excluir a Nucleoeléctrica de las concesiones previstas por la Ley de Bases.
