La reglamentación se concretó mediante el Decreto 84/2026 luego de que la Justicia federal ordenara su aplicación inmediata, poniendo en marcha criterios para pensiones, controles y prestaciones para personas con discapacidad.
El Gobierno nacional finalmente reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, cumpliendo así con una orden de la Justicia que exigió la aplicación inmediata de la norma.
La decisión se produjo luego de que el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana declarara inválida la suspensión de la ley, que había quedado paralizada por argumentos vinculados a la falta de financiamiento pese a haber sido sancionada por el Congreso en septiembre de 2025 tras la insistencia legislativa ante el veto del Poder Ejecutivo.
El fallo judicial ordenó al Ejecutivo reglamentar y poner en ejecución la ley antes del 4 de febrero de 2026, y estableció que su aplicación debía ser inmediata, dejando sin efecto el artículo del decreto anterior que condicionaba su vigencia a la identificación de fuentes de financiamiento.
La reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control y evaluación socioeconómica. Quedó al mando de la Secretaría Nacional de Discapacidad, actualmente bajo el Ministerio de Salud.
Además, la normativa instruye la convocatoria al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar parámetros de evaluación y establece la presentación de planes de auditorías periódicas en un plazo determinado. Parte de las pensiones existentes será convertida automáticamente al nuevo régimen previsto por la ley.
Desde Casa Rosada sostienen que la reglamentación se produjo en cumplimiento de una orden judicial, pero que el propio decreto aclara que no implica “reconocer los fundamentos” del fallo, y el Ejecutivo mantiene recursos legales pendientes para intentar revertir la decisión.
La ley de emergencia en discapacidad había atravesado meses de debate y controversia desde su sanción, con el Poder Ejecutivo intentando suspender su ejecución por razones presupuestarias y sectores del Congreso y organizaciones de la sociedad civil reclamando su implementación efectiva.
