Avanzan gestiones políticas y judiciales por el conflicto en Lácteos Verónica

Lácteos Verónica
Crédito: Trabajadores de Lácteos Verónica.

Trabajadores, autoridades provinciales y representantes gremiales se reunieron en la Legislatura santafesina y acordaron convocar a los dueños de la empresa y avanzar en acciones judiciales ante la falta de pago de salarios desde hace más de 90 días.

Autoridades provinciales, legisladores, trabajadores y representantes gremiales mantuvieron este jueves una reunión en la Legislatura de Santa Fe con el objetivo de avanzar en una salida al conflicto que atraviesa la empresa Lácteos Verónica, que mantiene a cientos de trabajadores sin cobrar salarios desde hace más de tres meses.

Del encuentro participaron representantes de las tres plantas afectadas en la provincia, junto a intendentes y presidentes comunales de las localidades involucradas, el presidente del Senado provincial Felipe Michlig y los senadores Alcides Calvo, Hugo Rasetto, Leonardo Diana, Germán Giacomino y Esteban Motta.

Por parte del Ejecutivo provincial estuvieron presentes el ministro de Gobierno e Innovación Pública Fabián Bastia y el ministro de Trabajo Roald Báscolo, además de funcionarios de distintas áreas productivas y representantes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en representación de la ministra Victoria Tejeda.

También participaron representantes del gremio ATILRA, junto a trabajadores de las plantas afectadas y autoridades locales, entre ellas el presidente comunal de Lehmann, Marcelo Bett.

Trabajadores abandonados

Durante el encuentro, los trabajadores expusieron la crítica situación que atraviesan, tanto a nivel económico como personal, y manifestaron el “profundo desgaste psicológico” que genera el conflicto, además del “sentimiento de abandono por parte de la patronal”.

Según señalaron, la situación es especialmente grave debido a que no perciben salarios desde hace más de 90 días. En ese sentido, remarcaron que la urgencia que atraviesan “no puede quedar sujeta a los tiempos judiciales ni políticos, ni tampoco a los plazos que demanden eventuales procesos de venta o negociación por parte de los propietarios”.

En el marco del encuentro, el senador Alcides Calvo propuso indagar las causas judiciales vinculadas a la firma tanto a nivel provincial como nacional, con el objetivo de conocer su estado y permitir que los sectores afectados puedan incorporarse a esas instancias.

Como resultado de la reunión, se acordó avanzar en una estrategia integral que contemple instancias de diálogo y acciones judiciales. En ese sentido, se resolvió convocar a los propietarios de la empresa —integrantes de la familia familia Espiñeira— para que puedan ejercer su derecho a defensa y plantear una salida ordenada a la crisis.

De manera paralela, se impulsará el avance por la vía judicial, promoviendo la articulación de todos los sectores afectados, entre ellos empleados, productores lecheros, gobiernos locales, el gremio, empresas proveedoras y comercios vinculados a la actividad.

Asimismo, los legisladores provinciales se comprometieron a realizar un seguimiento activo de los procesos judiciales, mientras que los ministros intervinientes gestionarán acciones para garantizar celeridad en las respuestas de la Justicia.

Durante el encuentro también se advirtió que, de no mediar una solución responsable por parte de los propietarios, “podrían derivarse consecuencias judiciales de gravedad”.

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Un conflicto con impacto social y económico

Los participantes coincidieron en señalar que la crisis de Lácteos Verónica constituye hoy “un drama humano, social, político y económico” que afecta profundamente a la cuenca lechera santafesina.

Según se detalló, el conflicto ha generado pérdidas superiores a los 60 millones de dólares para productores lecheros y más de 14.000 millones de pesos para proveedores, además de impactar directamente en más de 700 familias de trabajadores.

Las localidades vinculadas a la actividad también registran una fuerte caída en sus niveles de actividad económica. “Cuando el trabajador no cobra, no consume, y la rueda económica se detiene”, señalaron, advirtiendo sobre el riesgo que esta situación representa para la subsistencia de numerosas comunidades.

Finalmente, se informó que todos los sectores involucrados —trabajadores, gremio, productores, proveedores y autoridades políticas— avanzarán de manera conjunta para exigir a la familia Espiñeira que defina su situación de forma inmediata.

En ese marco, se anunció que en los próximos días se convocará a una nueva audiencia con el objetivo de continuar avanzando en una solución que permita resguardar los puestos de trabajo, la producción y el entramado económico de las comunidades afectadas.

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