En un fallo conocido en marzo pasado, la Justicia se animó por primera vez a utilizar el argumento prescriptivo para cerrar definitivamente el expediente penal. En lo civil, en cambio, responsabilizó a la Provincia y resolvió el resarcimiento de los denunciantes. Es un buen síntoma, pero no suficiente: ellos van por el juicio por la memoria.

El 9 de diciembre de 2025 la Justicia declaró la prescripción de la causa penal por la inundación de 2003 en Santa Fe. Es la primera vez que un tribunal se animó a utilizar esa figura (la de la prescripción) para cerrar inapelablemente el expediente que buscaba los responsables políticos de la peor catástrofe que sufrió la ciudad, que dejó 158 muertos y 130 mil afectados directos.

El fallo, que recién fue notificado a las víctimas tres meses después, fue emitido por el vocal de la Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la provincia, Eduardo Alberto Bernacchia, que fue convocado para resolver el recurso que interpuso el exdirector de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti contra su condena, resuelta en primera instancia, allá por febrero de 2019. Esto es así porque la decisión de segunda instancia, también condenatoria, fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a fines de 2024.

En lo civil, la situación es otra: Bernacchia dio lugar al reclamo de los actores civiles (equivalentes a lo que hoy serían querellantes), responsabilizó a la Provincia por los daños materiales y morales padecidos por aquéllos y la obligó a desembolsar un resarcimiento, aunque irrisorio en lo monetario. Esto no es un dato menor y sienta un precedente a nivel nacional. Pero no es suficiente, y los inundados harán lo que hace más de dos décadas mejor saben hacer: luchar, a través de la búsqueda de un juicio por la memoria.

La Causa Inundación

La causa Inundación tiene la misma edad que la catástrofe evitable: 23 años. El 5 de mayo de 2003, la titular del Sindicato de Amas de Casa, Ana Isabel “Chabela” Zanutigh, presentó la correspondiente denuncia ante el fiscal Ricardo Favaretto para que investigue presuntos ilícitos cometidos por funcionarios durante la inundación del 29 de abril de ese año.

Regido por el oscurantista Código Procesal Penal viejo que rigió hasta 2014 en la provincia —el cual no habilitaba la participación de las víctimas a través de querellas—, el proceso solo dio cabida a que el matrimonio de Milagros Demiryi y Jorge Castro se constituyeran en actores civiles para poder intervenir. Esa figura les permitió involucrarse en lo penal, y al mismo tiempo reclamar en lo civil a la Provincia y el Municipio.

De 2003 a 2005, el juez Diego De la Torre llamó a declarar a 34 personas. El ministro de Obras Públicas Edgardo Berli, el director de Hidráulica, Ricardo Fratti y el intendente de Santa Fe Marcelo Álvarez, más otros siete servidores públicos, debieron atravesar indagatorias.

Por su parte, quienes son considerados por los damnificados como los máximos responsables del desastre, nunca fueron imputados: Carlos Alberto Reutemann, gobernador durante la inundación, Jorge Obeid, el mandatario que en 1997 inauguró la defensa inconclusa por la que irrumpió el agua, y el pluriministro Juan Carlos Mercier. Los tres fueron citados solamente en tanto testigos.

El 19 de abril de 2006, el juez Jorge Patrizi procesó a Berli, Fratti y Álvarez por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas, y en un curioso apartado, aseveró: “No existen elementos suficientes como para sospechar que Carlos Alberto Reutemann ha participado de los hechos”. Hasta el día de hoy resuena una pregunta: ¿por qué el magistrado dispensó de responsabilidades a alguien que nunca fue indagado y que no estaba entre los imputados? Cualquiera sea la respuesta, lo cierto es que Patrizi fue ascendido a camarista poco después.

Reutemann hizo su primera declaración testimonial el 12 de abril de 2004, por escrito, como se lo permitían sus fueros de senador nacional. “Ningún organismo técnico ni ninguna autoridad o persona, dio aviso de la magnitud que alcanzaría el hecho, que constituyó una verdadera catástrofe imprevisible”, escribió. Sus palabras refritaron la tristemente célebre frase “A mí nadie me avisó” que había pronunciado en mayo de 2003. En 2013 hizo su segunda declaración y adujo que no recordaba lo sucedido, además de reproducir en un 68% el texto anterior: a él, insistió, nadie le había avisado nada. El exmandatario murió el 7 de julio de 2021.

El 5 de marzo de 2008, el fiscal Norberto Nisnevich pidió que se eleve a juicio el expediente. Fue el primer funcionario judicial que tuvo el coraje de decir que los procesados “se desempeñaron en forma negligente”, y en dar “por probado que la inundación del Salado era previsible”. 

En 2013 fue asignada a la causa la fiscal Mariela Jiménez, quien consiguió que fueran llamados a declarar Obeid y Mercier. El paso de ambos por Tribunales no sirvió para nada a los efectos de la causa, pero tuvo un gran valor simbólico. El 28 de enero de 2014, Obeid falleció.

El 1° de febrero de 2019 el magistrado Octavio Silva condenó a Berli y Fratti a tres años de prisión condicional por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. El tercer imputado, Marcelo Álvarez, había muerto el 9 de abril de 2018. La resolución de Silva fue apelada por Fratti y Berli, que perdieron también en segunda instancia. El ex ministro murió de coronavirus el 12 de mayo de 2021. Fratti, el único condenado que quedaba con vida, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, que en 2024 le dio la razón: el máximo tribunal anuló el fallo de segunda instancia y dejó a la causa penal por la inundación en un limbo.

Justicia esquizofrénica

Para los inundados no cabe ninguna duda: el fallo de diciembre de 2025, ya definitorio, puede haber sido firmado por el Dr. Bernacchia, pero “la pluma es de la Corte Suprema de Justicia”, esa que se ocupó de resguardar la impunidad de Reutemann durante los 23 años que llevó el proceso. Concretamente, dice Jorge Castro, la pluma es del ministro Daniel Erbetta. Quien, para más, “tiene dos lapiceras: una para lo penal y otra para lo civil”. Comparados entre sí, “los fallos son esquizofrénicos”, dispara. Y es que hay dos decisiones contradictorias que están contenidas en una misma resolución judicial, a palabras de distancia.

Es decir, el magistrado Bernacchia “resuelve: 1. Acoger parcialmente el planteo de la defensa en cuanto a que ha operado la prescripción de la acción penal en relación al delito endilgado a Ricardo Ángel Fratti”; y “2. Sobreseer a Ricardo Ángel Fratti”. Pero a la vez, y en el mismo punto 1., decide “rechazar el planteo defensivo en cuanto al rubro indernnizatorio”. Esto es: el camarista esgrime que por acción de la prescripción, no hay responsables penales de la inundación de 2003, pero le ordena a la Provincia indemnizar a los actores civiles, aduciendo que el Estado no tomó las medidas necesarias para mitigar los daños que sufrieron (orden de evacuación, cierre temprano de la defensa por la que entró el agua del Salado a la ciudad).

Esto último, el que se haya culpabilizado al Estado por no haber hecho lo que tenía que hacer durante la tragedia, es inaudito, y ciertamente prende una luz de esperanza. En lo económico, la cifra que otorga a los damnificados es insignificante. Para tomar un parámetro: es mucho menos de lo que cobra un concejal por mes. Una cifra que además Demiryi, Castro y sus hijos indemnizados no se quedaron para sí mismos, sino que destinarán a un museo de la memoria de la inundación. Pero para la lucha colectiva, la historia es otra. “Aún consagrando la impunidad con el fallo penal, el fallo civil nos alienta porque es único, sienta un precedente a nivel nacional: no hay ningún juicio contra el Estado, ya sea provincial, municipal y demás, en el que haya sido condenado por hechos como este”, remarca Demiryi.

Por lo demás, los actores civiles anuncian: “vamos a iniciar el camino para hacer juicio por la verdad. La Corte se lavó las manos, pero la lucha para salvar la verdad histórica no terminó acá. Porque el agua baja, pero las marcas quedan y esas marcas son indelebles, no se borran. Es un camino para sostener la memoria viva y para seguir batallando contra las construcciones que aún subsisten, como que nos inundamos ‘porque llovía mucho’. Yo me quedo con esto de que siempre podemos abrir una puerta. Si nos cierran una, abrimos otra. Y si nos cierran esa, abrimos otra más”.

La respuesta, así, siempre será la misma. Ellos dijeron “no me avisaron”. Después dijeron “no recuerdo”. Ahora dicen “prescripción”. Los inundados —y nosotros también— respondieron, responden y responderán siempre de igual forma: con memoria.