La suspensión de acciones fuera del país pone en riesgo la búsqueda de bebés robados y reaviva el debate sobre las políticas de memoria del actual gobierno.
La agencia internacional de noticias EFE reporta que organismos de derechos humanos advirtieron que el Gobierno nacional paralizó las tareas de búsqueda de bebés robados durante la última dictadura militar en el exterior, una política clave para la restitución de identidad de personas apropiadas entre 1976 y 1983.
Según trascendió, la medida impacta especialmente en las investigaciones internacionales que permitían localizar a posibles nietos y nietas en otros países, en articulación con organismos y redes de cooperación global.
La decisión se inscribe en una serie de cambios impulsados por la administración de Javier Milei en el área de derechos humanos, que incluyeron el recorte de recursos y la reestructuración de organismos vinculados a la Memoria, Verdad y Justicia.
Entre esas medidas, el Gobierno ya había eliminado una unidad especializada que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), dedicada a investigar la apropiación de niños durante la dictadura.
Desde distintos sectores alertan que estas decisiones afectan la continuidad de políticas sostenidas durante décadas para la restitución de identidad. Durante la última dictadura, se estima que alrededor de 500 bebés fueron apropiados y criados bajo identidades falsas, de los cuales aún quedan cientos por encontrar.
La búsqueda de estos casos ha sido históricamente impulsada por organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, que lograron restituir la identidad de más de 130 personas, muchas veces a través de investigaciones que trascendieron las fronteras nacionales.
En este contexto, la paralización de las acciones en el exterior genera preocupación sobre el alcance futuro de las investigaciones y el impacto en causas aún abiertas.
La situación se da en el marco de un debate más amplio sobre el rol del Estado en las políticas de derechos humanos, a casi cinco décadas del golpe de Estado, y en un escenario donde distintas organizaciones advierten sobre retrocesos en áreas vinculadas a la memoria y la búsqueda de verdad.
Semanas atrás, a 50 años del golpe de Estado de 1976, expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron sobre "alarmantes retrocesos" en justicia transicional en Argentina y expresaron su "profunda preocupación" por las "medidas regresivas" que "amenazan con socavar cuatro décadas de avances ejemplares en materia de memoria, verdad y justicia".
