Tres familias impugnan una ley italiana que limita la ciudadanía por ascendencia a quienes puedan demostrar lazos directos hasta dos generaciones atrás.

Miles de personas fuera de Italia luchan contra las restricciones gubernamentales a la ciudadanía por descendencia. En respuesta, la Corte di Cassazione, el supremo de Italia, se reunió el martes para evaluar las restricciones a la ciudadanía impuestas por el Gobierno en octubre de 2024 a los descendientes de ciudadanos italianos nacidos en el extranjero.

La denominada “cuestión menor”, introducida mediante una circular gubernamental, precedió al controvertido cambio legislativo de marzo de 2025, que redujo la ciudadanía por descendencia a dos generaciones y prohibió de facto la doble ciudadanía para los italianos residentes en el extranjero.

Estipulaba que si uno de los padres de un niño italiano nacido en el extranjero se naturalizaba mientras sus hijos aún eran menores de edad, eso “interrumpiría” la línea de descendencia, a menos que de otro modo dejara al niño apátrida.

La repentina implementación, sin contemplar ninguna excepción para aquellos cuyas solicitudes de ciudadanía ya estaban en trámite, generó situaciones complejas para quienes ya se habían mudado a Italia.

Ahora, el panel civil de las Secciones Unidas de la Corte di Cassazione ha iniciado una evaluación para determinar la legalidad del cambio de política del Gobierno.

Si bien la audiencia no guarda relación con las amplias restricciones, los abogados esperan que un fallo sobre esta “cuestión menor” pueda abrir la puerta a impugnaciones contra la ley de 2025.

Los casos evaluados en Italia

Los jueces del caso Cassazione examinaron tres casos de ciudadanía por descendencia que habían sido rechazados en primera instancia y en apelación posterior. Estos casos involucraron a dos familias estadounidenses que rastrearon su ascendencia hasta tres y cuatro generaciones atrás, respectivamente.

El tercer caso fue el de un venezolano cuya madre italiana se había naturalizado cuando él tenía 10 años. El hermano del demandante venezolano ya había obtenido la ciudadanía por descendencia antes de que surgiera la “cuestión menor”, lo que generó una discrepancia en el estatus legal entre hermanos.

El Procurador General —un cargo que asesora a los jueces del caso Cassazione— también le brindó su interpretación legal, que favoreció a los demandantes y se opuso a las restricciones gubernamentales.

Aunque los casos examinados precedieron a la modificación de la ley de 2025, los abogados de los demandantes tenían la esperanza de que la evaluación jurídica del Procurador General —que hacía hincapié en que la ciudadanía no se puede perder involuntariamente— pudiera ser un buen augurio para futuras impugnaciones a la ley de marzo de 2025, que privó a millones de personas del derecho al reconocimiento.

El Tribunal de Casación solo ha intervenido en materia de derecho de ciudadanía en dos ocasiones en todo el siglo XXI. En ambas ocasiones, restableció retroactivamente la ciudadanía a quienes la habían perdido involuntariamente.

Un campo minado legal

Si el Tribunal de Casación falla a favor de los demandantes basándose en que la ciudadanía se adquiere al nacer, podría abrir la puerta al desmantelamiento judicial de la controvertida ley de ciudadanía italiana, que fue introducida por decreto de urgencia el 28 de marzo de 2025.

Los jueces regionales ya han remitido la Ley 74/2025, como se la conoce, al Tribunal Constitucional, que dictamina sobre las presuntas infracciones de la Constitución italiana.

En la primera de las cuatro audiencias, celebrada en marzo, el tribunal falló a favor del Gobierno, aunque aún no ha emitido la fundamentación jurídica de su decisión.

Las próximas tres impugnaciones se examinarán el 9 de junio. Si los dos tribunales superiores emiten fallos contradictorios, quienes busquen la ciudadanía podrían verse obligados a demandar al Gobierno para obtener el reconocimiento, en lugar de seguir la vía tradicional de solicitarlo a través de los consulados.

Con información de CNN