Se trata de la cuarta marcha federal desde que comenzó la gestión de Javier Milei. El principal reclamo es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las universidades nacionales definieron la fecha para la cuarta marcha federal en contra del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario del gobierno de Javier Milei. Será el próximo 12 de mayo y convocaron a la sociedad civil a movilizarse en defensa de la universidad pública.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocaron “a la comunidad estudiantil, docente, nodocente y a la sociedad”.
Actualmente, CONADUH lleva a cabo un plan de lucha que consistió en medidas de fuerza la semana del 13 al 18 de abril, y habrá otras más del 27 de abril al 2 de mayo. Estas jornadas preven acciones de visibilización en todo el país (clases públicas, abrazos a las universidades, vigilias, volanteadas y actividades interclaustro).
Tal como fue desarrollado por Pausa, el Gobierno libertario manifiesta un ensañamiento con la docencia universitaria, ya que el ajuste a ese sector de trabajadores es muy superior al promedio de los empleados públicos y jubilados. Observando la diferencia entre los aumentos que recibieron y la inflación, perdieron el equivalente a 8,2 salarios.
El Gobierno sigue atacando a las universidades
A pesar de la orden judicial que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la ley, el presidente Javier Milei se negó y presentaron un recurso extraordinario para suspender la Ley de Financiamiento Universitario. Además, intentarán tratar un nuevo proyecto de ley en el Congreso.
El Ejecutivo insiste en que la norma no prevé su financiamiento y señala que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Según el Ministerio de Economía, cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Según el Gobierno, cumplir con la ley votada democráticamente en reiteradas ocasiones significaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia, y el cierre de ambas cámaras legislativas”.
A su vez, solicitaron que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
Con información de La Nación
