Con el verso de la "modernización", el Gobierno elimina el proceso de transparencia y participación ciudadana en la elección de los futuros supremos.

El frente judicial es un eje del Gobierno de Javier Milei. Tras la derrota en su intento de colocar dos candidatos a la Corte Suprema de Justicia el año pasado, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, redactaron y firmaron un decreto que modifica dos decretos de 2003 relativos a la designación de los jueces.

La modificación implica un deterioro en el proceso de transparencia de la elección de los jueces de la Corte Suprema, de las impugnaciones, la participación ciudadana y, sobre todo, la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los propuestos.

El Gobierno justifica la decisión en base a simplificar el procedimiento y “modernizar”. Además, alegan que el cambio evitará una supuesta duplicación en las instancias administrativas.

La supuesta duplicación se refiere al procedimiento que hoy se realiza en el ámbito del Ministerio de Justicia, en el que se exponen los currículums de los aspirantes a supremos durante 15 días para que se presenten impugnaciones tanto particulares como de organizaciones de sociedad civil.

Los aspirantes deben entregar, además, una declaración jurada de bienes y una detallada nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen y la lista de clientes.

Con el nuevo decreto, se deroga la exigencia de publicar las postulaciones y antecedentes en diarios de circulación nacional. La difusión de las candidaturas queda limitada a la web oficial del Ministerio de Justicia.

También se eliminarán las recomendaciones previas para que el Poder Ejecutivo contemple, como dice el decreto 222/03 “la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”, al momento de proponer a los candidatos.

A su vez, el nuevo decreto de Milei también impactará sobre los criterios y procedimientos de selección del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y, también, de los jueces de los tribunales federales inferiores.

Con información de Página 12