El Consejo Interuniversitario Nacional presentó un recurso que abre la puerta a la denuncia penal contra Pettovello y otros funcionarios. Además, el propio juzgado les sugirió a los rectores embargar las cuentas de los funcionarios.
Los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) escalaron el conflicto con el gobierno nacional y dieron un paso concreto en la Justicia: presentaron un "incidente de ejecución", el recurso previo a una demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los apuntados son la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El recurso intima al Poder Ejecutivo a cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario bajo amenaza de multa diaria por cada día de demora, con aviso a la Justicia penal para que investigue una posible desobediencia, figura contemplada en el artículo 239 del Código Penal. El techo de esas multas equivale al 25% del salario de los funcionarios.
El juzgado les abrió otra puerta
Según consigna InfoGremiales, desde el juzgado federal a cargo de Martín Cormick —que ya falló dos veces a favor de las universidades, en diciembre de 2025 y principios de 2026— les hicieron notar a los rectores que existe otra herramienta que no han usado: el embargo directo de las cuentas de los funcionarios. El recurso está disponible, pero por ahora los rectores no lo activaron.
Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, ordenó aplicar la ley de forma "inmediata", calificó la pérdida salarial de "perjuicios graves de imposible reparación ulterior" y rechazó los argumentos del gobierno sobre el impacto fiscal, que el Ejecutivo estima en 2,5 billones de pesos. El gobierno apeló, y la causa ahora podría llegar a la Corte Suprema.
El desfinanciamiento en números
Desde fines de 2023, el presupuesto universitario cayó un 45%. El gobierno transfirió poco más de la mitad de lo necesario para gastos de funcionamiento —luz, gas, becas de investigación— y los salarios de docentes y nodocentes acumulan una pérdida de 141 puntos frente a la inflación desde que asumió Milei.
La oferta oficial para cerrar el conflicto es magra: recuperar un 12,1% de lo perdido en 2025 (cuando la inflación fue del 35%) y nada —cero— de lo perdido en 2024, cuando la inflación trepó al 118%.
Una ley que se aprobó, se vetó, se promulgó y se incumple
El historial de la Ley de Financiamiento Universitario es en sí mismo un resumen del conflicto: aprobada en las dos cámaras del Congreso, vetada por Milei, con el veto rechazado por el Parlamento, finalmente promulgada. Y aun así, incumplida. El gobierno avanza en paralelo con su propio proyecto de financiamiento en el Congreso, que según los rectores apenas raspa la superficie del deterioro acumulado.
La estrategia del CIN combina la presión judicial con la movilización social. Ya está convocada una cuarta Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo.
