Las principales organizaciones de trabajadores e indígenas ponen en jaque al gobierno del derechista Rodrigo Paz, rechazando tarifazos, intentos de privatización y una reforma a la ley de tierras que pone en riesgo territorios ancestrales.

Bolivia lleva más de dos semanas de protestas como resultado de las medidas del gobierno del derechista Rodrigo Paz, quien asumió el cargo en noviembre de 2025. La crisis viene con cortes de rutas, paro por tiempo indeterminado y bloqueos que cierran casi todos los accesos a La Paz. Las principales protestas están organizadas desde la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, conocidos como los “Ponchos Rojos”. Mineros, indígenas de la Amazonía, maestros, resisten en la calle la represión y piden por la renuncia del presidente.

Actualmente existen al menos 15 puntos de bloqueo en La Paz y sus alrededores, afectando las principales rutas nacionales que conectan a la capital boliviana. La situación generó una fuerte escasez de alimentos, combustibles e insumos médicos. El reclamo popular tiene un centenar de demandas, pero ya escaló al pedido de renuncia de Paz.

En diciembre del año pasado, apenas asumió, Paz promulgó el Decreto 5503, que puso fin al subsidio a los combustibles, duplicando de un día para el otro el precio al público y a los sectores logísticos y productivos. La justificación fue el habitual verso liberal del “sinceramiento económico”. Ese mismo mes la COB convocó a protestas y piquetes bloqueos de carreteras.

El mismo decreto de eliminación de subsidios incluía artículos que aprobaban de forma express inversiones estratégicas en minería e hidrocarburos, y simplificaba los mecanismos para contratos con empresas extranjeras. Los sindicatos objetaron que esos contratos debían pasar por la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo no tiene mayoría. Evo Morales acusó públicamente al gobierno de querer privatizar la YPF de Bolivia.

Para colmo, a principios de febrero de 2026, la YPFB distribuyó combustible en mal estado en todo el país. Se la llamó “gasolina basura” o “el Covid de los motores”. Hasta principios de mayo, más de 5000 vehículos habían sido dañados. El gobierno activó un sistema de compensaciones, pero la respuesta se percibió como lenta y burocrrática.

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, fue removido en abril. El Ejecutivo denunció posibles redes de corrupción dentro de YPFB, adulteración deliberada del combustible y hasta un supuesto “sabotaje” para desestabilizar al nuevo gobierno. Sin embargo, todavía no hay ninguna conclusión oficial definitiva.

También en abril, una modificación en la ley de tierras le abrió camino al agronegocio, autorizado la conversión voluntaria y gratuita de la pequeña propiedad agrícola a mediana propiedad. Para las comunidades indígenas, representó la amenaza más directa a sus territorios ancestrales desde la era colonial: al reclasificar sus tierras como “medianas”, quedaban expuestas a créditos bancarios y, eventualmente, a la pérdida de sus propiedades frente a los acreedores.

En el acto de firma de la ley estuvieron presentes empresarios sojeros. El mismo día de la promulgación, organizaciones indígenas iniciaron una marcha desde la Amazonía boliviana con destino a La Paz.

Paz abrogó la ley el 13 de mayo, ante la presión popular. Sin embargo, la protesta ya es general. Hay huelga por tiempo indeterminado y pedidos de renuncia del presidente Paz, quien se defiende acusando al narcotráfico y al ex presidente Evo Morales por desestabilizar su gobierno.