Luego de la reforma constitucional, la Legislatura busca avanzar con una discusión clave que esconde un intento de acumular poder y perjudicaría a diversas fuerzas políticas: la reforma electoral.
Por Claudia Balagué
Hoy se está dando una discusión clave en la provincia que, aunque parezca un debate estrictamente técnico o lejano para la ciudadanía, en el fondo esconde un intento de acumulación de poder y una reforma de las reglas electorales para dejar fuera de la repartición de escaños a las minorías.
El planteo central de un proyecto que asoma en la Legislatura busca elevar el piso electoral del 3% al 5% del total del padrón, para que una fuerza política pueda acceder al reparto de bancas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay que poner la lupa sobre un detalle fundamental: no se habla del 5% de los votos emitidos, sino del padrón total. En un contexto de baja participación electoral — donde en las últimas elecciones votó alrededor de la mitad del padrón provincial— exigir el 5% total significa, en la práctica, requerir casi un 10% de los votos reales para empezar a discutir una banca. Esto convertiría a Santa Fe en la provincia con el piso electoral más alto y restrictivo del país.
Esta discusión no aparece por casualidad. Surge justo después de la reforma constitucional que eliminó el viejo esquema que garantizaba automáticamente 28 bancas fijas al partido ganador, el famoso sistema para asegurar "gobernabilidad". Con la nueva aplicación del sistema D’Hondt, la totalidad de los 50 legisladores se distribuiría a través de un modelo de proporcionalidad total, beneficiando a las minorías. Parece que, al darse cuenta de que el oficialismo actual no cuenta con el mismo caudal de apoyo que en 2023, y que no alcanzará las mayorías automáticas de antes, la respuesta inmediata es inventar un piso altísimo para restringir el ingreso de otros espacios.
Lo más preocupante es que este avance parece reunir consensos entre el Gobernador y sectores de la oposición mayoritaria. De hecho, la iniciativa presentada hasta el momento proviene del principal bloque opositor, el bloque Justicialista en la Cámara de Senadores. Es la corporación política poniéndose de acuerdo: se enfrentan en los discursos públicos, pero coinciden cuando se trata de preservar privilegios, evitar el control y repartirse el poder, forzando un bipartidismo artificial. De haberse aplicado este criterio en 2023, la mitad de las fuerzas políticas que hoy representan a miles de santafesinos se hubieran quedado afuera de la Legislatura. Por esto, acudimos a un debate que involucra de manera directa a la ciudadanía. Menos pluralidad significa menos voces defendiendo los problemas reales de la gente cotidianamente. La tarea legislativa no es solo hacer leyes; es interpelar, investigar, denunciar la corrupción y amplificar los reclamos de la sociedad. Somos las minorías —como el Frente Amplio por la Soberanía— las que hoy sostenemos posturas firmes y sin compromisos corporativos para visibilizar la pérdida de puestos de trabajo, de empresas en crisis, defender los salarios docentes, apoyar a la universidad pública o denunciar la falta de ética de algunos senadores. Voces que los bloques mayoritarios muchas veces callan en connivencia.
Obligar a las fuerzas más chicas a licuarse en frentes enormes y diversos no solo debilita la representación de los ciudadanos que votaron convencidos por una propuesta diferente, sino que además complejiza la gestión posterior, derivando en gobiernos loteados en ministerios para conformar a cada sector.
Es en este contexto que el pasado 7 de mayo, desde el bloque legislativo, del Frente Amplio por la Soberanía ingresamos una nota formal solicitando una audiencia con el gobernador Maximiliano Pullaro. A nuestro pedido se sumaron las solicitudes de las Cátedras de Derecho Político y de Derecho Electoral de la UNR —encabezadas por especialistas de renombre como el profesor Oscar Blando— quienes presentaron tres solicitudes idénticas dirigidas al ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y a las presidencias de ambas cámaras legislativas. Desde el ámbito académico exigen formalmente convocar a espacios de diálogo con especialistas y actores de la sociedad civil para enriquecer, transparentar y democratizar el debate de cualquier reforma.
Para cerrar, me gustaría destacar que el proyecto bajo análisis mantiene puntos positivos, como el respeto a la boleta única por la que tanto se batalló en la provincia para desterrar la boleta sábana y sostiene las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sin embargo, el nudo central sigue siendo una cuestión democrática. La pluralidad de ideas es lo más valioso de las democracias modernas. Subir el piso electoral es, llanamente, achicar la democracia y silenciar miradas. Por eso, urge discutir esto de cara a la sociedad antes de que el proyecto avance su tratamiento en las comisiones y llegue al recinto, porque la democracia no se fortalece cerrando las puertas del debate, sino abriéndolas.
