Las instituciones que trabajan consumos problemáticos y padecimientos de salud mental en Santa Fe pidieron que se señalen las responsabilidades de las fuerzas de seguridad y denunciaron que se siguen incumpliendo los protocolos de actuación policial.
Organizaciones e instituciones sociales, comunitarias y territoriales que acompañan a personas con consumos problemáticos de sustancias y padecimientos de salud mental en Santa Fe presentaron ayer un documento ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), denunciando las prácticas ilegales que se aplicaron a Julián Castillo en dos ocasiones, la última de ellas el 8 de marzo de 2023, cuando el incumplimiento de los protocolos de actuación policial terminó con su vida mientras atravesaba una crisis subjetiva en la vía pública.
La presentación fue realizada en el marco de la campaña global "Acompañe, no castigue", que desde 2013 busca promover las políticas de drogas basadas en la salud y los derechos humanos. Las organizaciones pusieron el foco en el aumento de las crisis vinculadas a consumos problemáticos que observan en los barrios en los que trabajan, "muchas de las cuales se desarrollan en contextos donde los dispositivos de atención sanitaria y comunitaria resultan insuficientes o de difícil acceso". "En este escenario, las organizaciones sociales sostenemos cotidianamente estrategias de acompañamiento, contención, reducción de daños y reconstrucción de vínculos comunitarios, con el objetivo de preservar la vida y la dignidad de las personas", señalaron.
"La normativa vigente en la Argentina, particularmente la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, establece que los consumos problemáticos deben ser abordados desde una perspectiva de salud mental y derechos humanos, promoviendo estrategias de cuidado y asistencia sanitaria por sobre respuestas punitivas o coercitivas", continuó el documento: "Sin embargo, la experiencia acumulada demuestra que en numerosas ocasiones las situaciones de crisis terminan siendo abordadas principalmente por dispositivos de seguridad, prescindiendo de la intervención adecuada de equipos especializados en salud mental. Cuando estas intervenciones se desarrollan en contradicción con los deberes legales y protocolos vigentes para el abordaje de personas en crisis, se agrava la situación de la persona involucrada pudiendo resultar actos de violencia institucional y provocar desenlaces irreparables".
Las organizaciones destacaron que "las personas que atraviesan consumos problemáticos no son sujetos peligrosos, ni deben ser objeto de respuestas represivas", sino que "son sujetos de derecho que requieren políticas públicas de cuidado, acompañamiento y protección integral", y resaltaron que "las situaciones de crisis constituyen escenarios de extrema fragilidad, en los que la intervención estatal debe orientarse prioritariamente a preservar la vida, garantizar la integridad física de las personas y activar dispositivos de asistencia sanitaria y comunitaria adecuados".
Justicia por Julián
En este sentido, las organizaciones firmantes exigieron a las agencias estatales que "cumplan con sus deberes legales y no actúen por fuera de sus competencias y conocimientos para el abordaje de las mismas, garantizando que la persona que atraviesa una crisis subjetiva sea tratada como sujeto de derechos", y pidieron que se investiguen y esclarezcan las prácticas violentas que terminaron con la vida de Julián Castillo, señalando las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que incumplieron los protocolos de intervención en casos de crisis subjetiva.
"La memoria de Julián Castillo nos convoca a sostener este reclamo con firmeza y organización: no podemos tolerar que el destino de las personas con padecimientos de salud mental o consumos problemáticos siga siendo la violencia estatal", concluyó el documento, que finalizó exigiendo "justicia por Julián y la transformación real de las prácticas de seguridad: las calles y los barrios necesitan más acompañamiento, más salud pública y erradicar por completo la violencia institucional".
Julián Castillo perdió la vida en marzo de 2023 luego de haber sufrido una crisis subjetiva en la vía pública, situación que fue abordada de forma violenta por miembros de las fuerzas de seguridad, incumpliendo todos los protocolos. Unos meses antes, un episodio similar había terminado en una escena de tortura, con patadas y asfixia por parte de la Policía; Julián había terminado esposado varias horas a un poste de la Comisaría 1º, incomunicado, sin poder tomar agua ni ir al baño.
El 8 de marzo de 2023, la secuencia se repitió: luego de una crisis de Julián en la calle, la Policía lo detuvo, lo tiró al piso, se le tiró encima y lo metió en la camioneta, sin ningún resguardo para su delicado estado de salud y sin comunicarse con ningún familiar o tercero, para llevarlo, nuevamente, a la Comisaría 1º, en lugar de a un nosocomio. En ese escenario se produjo la muerte de Julián, bajo custodia policial.
La autopsia, que tardó meses en ser publicada, no halló ninguna razón concreta para la muerte de Julián. “Sin causa”, decía. El examen toxicológico descartó una sobredosis. “Las huellas de lo que sucede en esos hechos son invisibles”, explicó Cecilia Santamaría, madre de Julián, en diálogo con Pausa, en ocasión del tercer aniversario de los hechos: “¿Cómo mostrar la profunda alteración que exacerbó la presencia policial? Los uniformados persiguiéndolo profundizaron de manera tremenda la crisis, y eso, ¿cómo lo demostrás? La Justicia tiene que empezar a señalar que los protocolos son herramientas imprescindibles: hay cosas que no se pueden hacer, porque dejan huellas en la salud mental que pueden ser, como en el caso de Juli, el empujón final al precipicio”.
