Organizaciones sociales, de Derechos Humanos, feminismos, sindicatos y partidos se congregarán hoy en Festram a las 17:00 para armar movida para el 6 de agosto, fecha en la que se presume se tratará la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, un proyecto de enajenación, desalojos y destrucción ambiental.
Este próximo 6 de agosto se tratará en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un engendro libertario que libera la enajenación de territorio nacional a manos extranjeras, sin importar las cantidades ni lo estratégico de la localización, además de incentivar la quema de campos y los desalojos. Frente a esta situación, crece la organización en todo el país para enfrentar la entrega.
En Santa Fe, un conjunto de organizaciones –como la Asamblea Ni Una Menos, el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia y la Marcha de los Banquitos– convocan a una reunión organizativa este lunes 27 a la 17:00 en la sede Festram (Avenida Freyre 1635).
"Trabajamos para confluir con todas las actividades y jornadas de lucha, que a lo largo y ancho de todo el país, se expresarán en rechazo a este proyecto de ley entreguista y colonial, que refuerza un rumbo de segregación de la Argentina y una perdida total de su soberanía", dicen desde las organizaciones. El objetivo del encuentro es armar una movida para este 6 de agosto en nuestra ciudad, para expresar la oposición al proyecto del gobierno libertario.
Un engendro peligroso
Entre otros puntos, el proyecto de Sturzenegger propone transferir a las provincias la facultad de regular la venta de tierras rurales a extranjeros, eliminando el límite nacional que hoy fija un máximo del 15% del territorio. La norma vigente, sancionada en 2011, permite a extranjeros comprar hasta el 15% de la superficie de cada provincia y municipio, y el proyecto elimina ese límite para personas y empresas privadas extranjeras.
El texto también redefine quién es considerado "sujeto extranjero". Según advirtió la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (fundada por el abogado Enrique Viale), la reforma restringe esa categoría únicamente a los Estados extranjeros, lo que en los hechos legaliza el control de fondos de inversión, corporaciones internacionales y capitales privados foráneos —el tipo de actores que la ley de 2011 buscaba alcanzar corriendo el velo de las estructuras societarias—, y calificó a la iniciativa como un punto de inflexión regresivo para la soberanía territorial.
El proyecto también aborda el Manejo del Fuego. La norma vigente establece que durante 60 años el propietario de un terreno incendiado –tanto en bosques nativos e implantados como en áreas naturales protegidas y humedales– no puede realizar cambios de uso del suelo, lotearlo ni venderlo, plazo que baja a 30 años para zonas agropecuarias, pastizales y matorrales.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina esa prohibición de modificar el uso de tierras incendiadas, una norma impulsada diputado Máximo Kirchner para desalentar el uso del fuego como herramienta de valorización inmobiliaria. Cabe recordar que esa Ley fue aprobada después del inédito ciclo de quemas de islas de 2020 y 2021, un desastre ambiental que incluso afectó las vidas de los habitantes de ciudades, que quedaron bajo el humo por semanas.
El proyecto original del Ejecutivo incluía un capítulo que modificaba la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana, que había declarado de utilidad pública los inmuebles inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), habilitando así su expropiación y regularización dominial centralizada. Tras el reclamo de la Iglesia Católica y de organizaciones sociales, ese apartado fue eliminado del dictamen final, y se mantienen los alcances actuales de la ley, que suspende los desalojos en barrios populares hasta octubre de 2032.
Sin embargo, la preocupación no desapareció por completo. La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche, que releva 38 barrios inscriptos en el RENABAP en esa ciudad, expresó su inquietud por el impacto que las modificaciones del proyecto podrían tener sobre los procesos de regularización dominial que ampara la Ley 27.453, en un contexto de crisis habitacional agravada por la paralización de obras de vivienda por falta de financiamiento nacional.
El texto deroga el artículo 4 de la Ley de Tierras, que declaraba de "conveniencia nacional" que las propiedades en zonas fronterizas pertenezcan a argentinos nativos. Al eliminarse los límites de hectáreas y ese filtro en zonas fronterizas, se abre el camino para la adquisición de grandes extensiones de tierra con potencial forestal, minero, agropecuario o de defensa en áreas estratégicas como la Patagonia, la cordillera y el litoral.
Este punto motivó la advertencia de Marcelo Bergman, doctor en Sociología y uno de los principales especialistas latinoamericanos en crimen organizado y economías ilegales, invitado al plenario de comisiones del Senado. Bergman explicó que las zonas de frontera resultan particularmente atractivas porque funcionan como refugio para el tránsito de drogas provenientes de Paraguay y Bolivia hacia el resto del país y otros mercados, y advirtió que flexibilizar los controles sobre la compra de inmuebles en esas áreas puede convertirse, a mediano plazo, en un problema de seguridad que excede ampliamente lo inmobiliario, con impacto directo en provincias como Misiones.
