La expresidenta presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la condena en la causa Vialidad. Además anunció una nueva estrategia de defensa con dos abogados especializados en lawfare.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este martes que presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para impugnar la condena en la causa Vialidad. A través de una extensa carta abierta difundida en distintos medios internacionales, sostuvo que el proceso judicial en su contra constituye un caso de "proscripción política" y de violación de derechos fundamentales.

En el escrito, Cristina afirmó que la condena y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tuvieron como objetivo impedir su participación en la vida política argentina. Según planteó, el caso trasciende su situación personal y representa una afectación a los derechos democráticos y al principio de que la ciudadanía pueda elegir libremente a sus representantes.

Nueva estrategia de defensa internacional

Como parte de la presentación ante el organismo internacional, la exmandataria anunció la incorporación de dos abogados de trayectoria internacional que asumirán su representación en esta nueva etapa del proceso.

Se trata del jurista español Javier Pérez Royo, especialista en Derecho Constitucional, y del abogado brasileño Rafael Valim, reconocido por sus investigaciones sobre el fenómeno del lawfare o utilización del sistema judicial con fines de persecución política. Ambos acompañarán la estrategia jurídica ante los organismos internacionales de derechos humanos.

Cristina explicó que, tras agotarse las instancias judiciales en el país, la defensa recurrirá al sistema internacional para que se analice si durante el proceso se respetaron las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Argentina es Estado parte.

"La proscripción perpetua es la pena principal"

En la carta abierta, la expresidenta sostuvo que la inhabilitación perpetua constituye el verdadero objetivo de la condena y afirmó que "la proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal".

También aseguró que todos los magistrados que intervinieron en su juzgamiento serán sometidos al análisis del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y reiteró que durante todo el proceso existieron arbitrariedades destinadas a excluirla de la competencia política.

Además, cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial argentino, denunció la existencia de persecución política y judicial y vinculó su situación con un deterioro de la calidad democrática. En ese marco, convocó a la militancia a sostener el compromiso político y aseguró que continuará impulsando su reclamo en los ámbitos internacionales.