En la ciudad de Santa Fe, más de 31 mil personas reciben diariamente un plato de comida en comedores comunitarios. Mientras la demanda crece, las trabajadoras populares que se encargan de sostener la crisis alimentaria, exigen una ley que reconozca formalmente el trabajo que realizan de manera gratuita para el Estado provincial.
La crisis alimentaria en la provincia de Santa Fe se profundiza, pero las estadísticas aisladas muestran un panorama incompleto. Detrás de cada plato servido en un comedor comunitario hay horas de trabajo que no aparecen en ningún presupuesto estatal: ¿Quiénes organizan las compras, planifican los menús, cocinan y administran recursos? cocineras
Las mujeres e identidades feminizadas que encaran el trabajo comunitario en los comedores, realizan su labor sin reconocimiento formal ni salarial y son víctimas del desfinanciamiento de las políticas públicas que les permitían sostener sus hogares, como fue el caso de la finalización a nivel nacional del programa “Volver al Trabajo”.
Radiografía
Algunas cifras oficiales pueden ayudarnos a analizar la problemática. Según datos preliminares de la Secretaría de Políticas Sociales, en 2026 unas 31.134 personas reciben diariamente alimentos a través de la red de comedores y merenderos comunitarios de la ciudad de Santa Fe. El sistema, financiado mediante el Fondo de Asistencia Alimentaria municipal, alcanza a 164 instituciones. En comparación con 2024, las raciones de comedor aumentaron un 106% y las copas de leche un 99%, lo que representa más de 5,3 millones de prestaciones alimentarias en lo que va del año.
El crecimiento de la demanda también impactó sobre las cuentas públicas. Durante el primer semestre de 2026 el Fondo ejecutó un 114% de los recursos disponibles para evitar el cierre de los comedores por falta de insumos. Al mismo tiempo, la inversión destinada al equipamiento de cocinas fue eliminada por completo.
Sin embargo, ninguna planilla registra el trabajo de las cocineras comunitarias. Mientras el Estado financia la mercadería, son ellas quienes convierten esos alimentos en un plato de comida. Además, la problemática adquiere un matiz diferente debido a la diversificación de la asistencia a comedores. Según datos aportados por referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cada vez más jubilados concurren a pedir su ración porque los medicamentos y los servicios absorben la totalidad de sus ingresos, imposibilitándoles cubrir la canasta básica alimentaria. Según los testimonios de cocineras de diferentes puntos de la ciudad, semanalmente se registran nuevas familias para recibir su porción y en el último tiempo ha aumentado la concurrencia de mujeres embarazadas, personas con discapacidad y en situación de calle.
Contener el desborde
El comedor Ester Ursini, ubicado en J.J Paso 3971, es gestionado por La Poderosa y abre sus puertas a los vecinos de barrio Chalet y aledaños, todos los sábados y domingos. La decisión de trabajar esos días fue tomada en asamblea y se justifica en el hecho de que, durante la semana, las infancias reciben alimentos en los comedores escolares. El sistema está pensado para que quienes están anotados para retirar también deban encargarse de cocinar al menos una vez al mes. Por otro lado, el alimento se compra semanalmente con la Tarjeta Institucional, brindada por el Gobierno provincial. La gestión incluye un grupo de Whatsapp, en el cual se hace difusión del menú, que también es pensado por las cocineras, y en el cual se avisa cuando la comida está lista para que los vecinos puedan pasar a retirarla. Quienes no tienen celular ni conectividad, se apersonan directamente en la puerta del establecimiento.
Conocer el funcionamiento del espacio, implicó dialogar con referentes y cocineras barriales, como Claudia "La Negra" Albornoz, militante popular y feminista villera. “Ojalá todas las vecinas y vecinos tengan los ingresos suficientes para poder comer en su casa, pero eso no ocurre hace mucho tiempo en la Argentina. Esto está cada vez más perjudicado por la crisis que generó Milei”, comentó Albornoz en diálogo con Pausa.
Según informa la referente, la concurrencia aumentó de 130 a 200 personas y los números siguen creciendo. La Negra puso hincapié en la dificultad de mantener un registro estable cuando la situación es tan variable. En ese sentido, sostuvo: “Hay que hacerle entender al gobierno provincial que la demanda aumenta. Porque ellos te escudriñan todo, nosotros hacemos las planillas, tenemos la cantidad de personas, se las presentamos. Ahora, si vienen 3 familias más en la semana, yo tengo que volver a armar la planilla. Ese es un trabajo que tienen que hacer ellos, no nosotras”.
Las formas de solventar la crisis alimentaria en la ciudad de Santa Fe, adquiere matices diferentes en relación a las organizaciones que sostienen los comedores y las características de cada barrio. La CCC gestiona 35 espacios en donde 2.500 cocineras brindan 400.000 raciones por mes y 35.000 por semana. Según narra Vanesa González, cocinera y referente del movimiento, las necesidades básicas insatisfechas y la falta de trabajo lleva a familias enteras a concurrir al comedor. “Comenzamos en los barrios con 100.000 raciones. Hoy estamos superando las 300.000 y cada vez se suman más”, afirmó en entrevista exclusiva para el medio.
Con algunos ajustes, la administración de recursos de la CCC es similar a la de La Poderosa. La organización recibe una Tarjeta Institucional que les permite comprar los insumos para realizar las ollas populares. La frecuencia con la que trabajan los comedores en cada barrio determinan la cantidad de alimentos que cada uno necesita y la variedad de los menús. Al igual que en otros casos, son las mismas cocineras quienes se encargan de llevar un control de la cantidad de familias anotadas y el porcentaje de raciones. También son ellas quienes a diario consiguen la leña para poder cocinar y así abaratar los costos de producción.
A pesar de todas las estrategias aplicadas para mantenerse en funcionamiento, la situación se vuelve cada vez más difícil y en ocasiones las mujeres deben poner dinero de sus bolsillos o realizar rifas a beneficio. En ese sentido, González comentó: "Los costos son muy altos y con la ayuda que recibimos de provincia y de municipio nos está costando muchísimo mantener la leche y una fruta en los comedores. Imposible hablar de brindar un pedazo de carne, porque hoy estamos a base de pollo, chorizo y salchicha”.
Más que cocineras
Los testimonios en las ollas populares dan cuenta de que la labor de una cocinera implica ser también administrativas no reconocidas del Gobierno, puesto que relevar la cantidad de raciones, rendir cuentas y llevar facturas a las oficinas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, constituyen parte de su trabajo semanal. Además, en algunos espacios son esas mujeres quienes también brindan apoyo escolar y otros servicios a la comunidad. Al respecto, la Negra Albornoz asegura: "Es fundamental que entiendan que hay mucho laburo en las barriadas, que la gente no vive del Estado, el Estado vive de nosotras. No reconocen que estamos haciendo un trabajo que deberían hacer los gobiernos”.
Para las compañeras de los barrios, participar en los comedores es en muchas ocasiones la forma de conseguir también el alimento que llevan a sus casas. Norma Beatriz Galarza, cocinera del barrio Nueva Pompeya, dialogó con Pausa y contó: “A veces nos estamos yendo y la gente nos golpea la puerta. Volvemos y le damos nuestra porción”. Además, agregó: “Lo que no puede hacer este gobierno, lo estamos haciendo nosotras con la pobreza que tenemos. No porque a nosotros nos sobre, sino porque el pedacito de pan que tenemos lo cortamos en cuatro”.
Asimismo, María, una de las trabajadoras del comedor Ester Ursini, es madre de cinco chicos y la olla es una de las tantas formas que encuentra para sacar adelante a su familia. Al igual que muchas mujeres, su cotidianeidad se reparte entre los trabajos de cuidado que debe realizar en el hogar y las changas que realiza para poder darles de comer a sus hijos. “Yo me levanto, llevo a los chicos a la escuela, vengo a trabajar a la panadería, salgo a hacer otro trabajito o alguna changa y aparezco recién a las 10 de la noche en mi casa”, narra la cocinera.
Las jefas de hogar de las barriadas populares no están exentas de una realidad estructural que profundiza la precarización. En Argentina, más de ocho de cada diez hogares monoparentales están encabezados por mujeres, según el Dossier Estadístico por el 8M publicado por el INDEC en marzo de 2026. A esa responsabilidad se suma un mercado laboral que continúa reproduciendo desigualdades: una de cada cuatro mujeres asalariadas trabaja en la informalidad y, cuando el empleo no está registrado, la brecha de ingresos se vuelve abismal. Por cada $100 que percibe un varón, una mujer cobra apenas $56.
Esa desigualdad también se refleja en la mayor dependencia de las políticas de asistencia. Entre los hogares con niñas, niños y adolescentes, casi cuatro de cada diez familias con jefatura femenina necesitan transferencias monetarias del Estado para sostenerse y son también las que, en mayor proporción, recurren a la ayuda alimentaria que brindan escuelas, organizaciones y comedores comunitarios. En ese escenario, muchas de las mujeres que cocinan para sus barrios son, al mismo tiempo, quienes necesitan de esas mismas redes para alimentar a sus propias familias.
Una Ley de Cocineras Comunitarias ¿Para qué?
Para responder la pregunta en torno a por qué resulta fundamental el tratamiento de la Ley Provincial de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores Comunitarios, sería pertinente recuperar el testimonio de Claudia Albornoz. En el marco de la entrevista, la referente de La Poderosa aseguró: “El Estado se hace cargo de la mercadería, pero piensa que las cosas se comen crudas. Son las cocineras las que trabajan seis horas, o más, para darle de comer a 200 personas”. En síntesis, lo que ocurre en los comedores comunitarios es, lisa y llanamente, trabajo no remunerado. Aún más claro resultan en este contexto las palabras de Vanesa Gonzalez de la CCC, quien dijo: “No tendría que ser un tema de discusión la ley de cocineras, eso tendría que haber salido del mismo gobierno porque las compañeras están sosteniendo a su pueblo, a sus votantes”.
Es en este marco que, desde hace ocho jueves, las cocineras comunitarias de Santa Fe se presentan en la Legislatura para exigir el tratamiento del proyecto. En la explanada del recinto del Poder Legislativo, las trabajadoras de ollas populares de diferentes organizaciones asisten a personas en situación de calle y reparten viandas. Allí, realizan también diferentes actividades de protesta y radio abiertas para visibilizar su lucha. Frente a estas acciones, la respuesta que identifican las compañeras es el silencio voluntario de los funcionarios públicos.
El horizonte de lucha
Actualmente, la norma está bajo discusión interna en las comisiones de la Cámara de Diputados y no cuenta aún con media sanción. La Ley de Cocineras Comunitarias busca formalizar la actividad realizada en barrios populares, así como la creación de un registro oficial y unificado de comedores, merenderos y trabajadores para transparentar la distribución de partidas presupuestarias y evitar la discrecionalidad. También se contempla en el documento que el Estado provincial asuma el pago de una remuneración (salario social o ingreso complementario), garantizando aportes previsionales, cobertura de seguridad social y aseguradora de riesgos del trabajo (ART).
"Quisiera que este gobierno confíe en nosotros, que nos dé un apoyo, que nos dé la Ley de Cocineras. Si no puede, nosotros seguiremos luchando, seguiremos saliendo a la calle. No por nosotros, sino por toda la gente, por todos los compañeros", resume la cocinera comunitaria, Norma Galarza.
En definitiva, el proyecto no busca crear una nueva tarea, sino formalizar un trabajo que existe desde hace años y que es concebido como voluntariado. La labor de las mujeres cocineras responde a satisfacer las necesidades y derechos fundamentales de sus vecinos. El sostén de las barriadas populares depende del esfuerzo de trabajadoras que enfrentan la misma precariedad que intentan aliviar.
