La resolución dispuso que el Gobierno debe ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario sobre salarios, becas, investigación y partidas para las instituciones.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 declaró la inconstitucionalidad del Decreto N°759/2025, que el presidente Javier Milei firmó para evitar cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, y ordenó, una vez más, que el Gobierno gire los fondos a las universidades nacionales.

Mediante ese DNU, el Poder Ejecutivo promulgó la ley, pero suspendió su aplicación práctica debido a la supuesta falta de fuentes expresas de financiamiento asignadas por el Congreso.

Lo decidió en base al artículo 5° de la Ley N°24.629, redactado en consonancia con el artículo 38° de la Ley de Administración Financiera, el cual sostiene que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

En un fallo de 50 hojas, el juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y otra demanda iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025.

Según explicó el magistrado, y contrario a lo que sostiene el Gobierno de Milei, “la propia Ley N°27.795 (Financiamiento Universitario) establece pautas, en su artículo 9°, sobre cómo financiar lo establecido en la Ley".

“En este sentido, asignar una mayor jerarquía a dos artículos sancionados en leyes pasadas -en donde se prevé una especificación presupuestaria concreta-, respecto de una ley más reciente, presupone que el Poder Legislativo, tanto en sus primeras votaciones, como en su insistencia posterior, desconocen el bloque normativo sancionado por dicho cuerpo”, indicó el juez.

“Sin embargo, un análisis más razonable de las tres leyes es que, habiendo analizado leyes previas, el Poder Legislativo, en su primera aprobación como en su insistencia, entendió como cumplidos los recaudos del artículo 5° de la Ley N°24.629 con el artículo 9° de la Ley N°27.795″, señaló Cormick.

"El Decreto 759/25 no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”, aseguró el magistrado.

El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick también dictó una medida cautelar -mientras se analizaba la cuestión de fondo, que finalmente se resolvió este martes-, mediante la cual se declaró “inaplicable el segmento suspensivo del Decreto (de Milei), ordenando a cumplir de modo inmediato los artículos 5° y 6°“ de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen mejorar los salarios docentes y el pago de las becas universitarias.

La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.

Como el Gobierno sigue sin cumplir, en septiembre de 2026 el juez intimó en dos oportunidades al Poder Ejecutivo a cumplir con las universidades, hasta que finalmente este martes resolvió sobre la cuestión de fondo, declarando la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 y ordenando al Gobierno de Javier Milei a cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario.

Con información de Página 12