La iniciativa fue impulsada por el santafesino Pablo Farías y propone suspender durante un año las ejecuciones fiscales de ARCA, liberar a las empresas que ya están embargadas y establecer un régimen excepcional de regularización de deudas.
La Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación emitió este martes un dictamen unificado para avanzar con medidas de alivio fiscal destinadas a micro, pequeñas y medianas empresas. El proyecto propone suspender durante un año los juicios de ejecución fiscal y las medidas cautelares de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), además de establecer una moratoria para regularizar deudas tributarias y previsionales.
El dictamen, impulsado por el presidente de la comisión, el santafesino Pablo Farías (Provincias Unidas), reunió el respaldo de legisladores de Provincias Unidas, Unión por la Patria, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Unión Cívica Radical y el PRO. La propuesta también contempla herramientas para facilitar el acceso al financiamiento y agilizar trámites administrativos, así como también habilitar una nueva moratoria.
Al fundamentar el avance, Farías sostuvo que la situación que atraviesan las empresas exige respuestas urgentes. “La situación apremiante que están atravesando las empresas, que se vio reflejada en los numerosos pedidos de centrales empresarias y de empresarios que hemos escuchado en esta Comisión, exige medidas concretas reparadoras y urgentes”, afirmó.
El diputado explicó que desde marzo mantuvieron reuniones con representantes de distintos sectores de la industria y la producción para relevar sus problemas y propuestas. Entre los factores que afectan a las empresas mencionó la caída del consumo, el ingreso de productos importados, el contrabando y las dificultades que generan las presiones de ARCA ante atrasos impositivos de pocos días.
“Este dictamen no es la solución definitiva para nadie, son medidas de urgencia, medidas que hay que tomar y que el Gobierno debiera tomar”, señaló.
El cuestionamiento a los embargos de ARCA
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la suspensión de las ejecuciones fiscales durante doce meses, y la posibilidad de habilitar una moratoria. Pero el proyecto también busca atender la situación de las empresas que ya tienen sus cuentas embargadas, un aspecto que, según Farías, no está contemplado en los anuncios recientes del Ministerio de Economía.
El legislador cuestionó las medidas comunicadas por el ministro Luis Caputo, que contemplaron la suspensión de embargos y la ampliación de los plazos de pago de 12 a 18 meses. “No le está sirviendo prácticamente casi a nadie y además nada dice sobre las empresas que ya están embargadas”, planteó.
La propuesta de la comisión establece que, además de suspender nuevas ejecuciones, se liberen los fondos de las empresas que actualmente tienen embargos dispuestos por ARCA. También modifica el artículo 92 de la Ley 11.683 para limitar las medidas sobre cuentas bancarias al monto nominal reclamado, más un 15% en concepto de intereses y costas. De ese modo, busca evitar que los embargos inmovilicen recursos que las empresas necesitan para continuar funcionando.
Farías sostuvo que la política de ejecuciones fiscales puede terminar perjudicando incluso la recaudación. “El impacto fiscal negativo hoy lo está teniendo la actitud de ARCA porque está embargando y está llevando a la muerte a muchísimas empresas. Estamos perdiendo a corto plazo un montón de contribuyentes si lo que impera es la mirada fiscal”, advirtió.
Qué propone el dictamen
El proyecto alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con certificado vigente y amplía el universo de beneficiarios para incluir a cooperativas, empresas recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y agricultores familiares comprendidos en la Ley 27.118. Entre sus principales medidas, establece la suspensión durante un año de los juicios de ejecución fiscal y las medidas cautelares impulsadas por ARCA; prevé liberar a las empresas que ya tienen fondos embargados y limitar las nuevas medidas al monto reclamado más un 15% en concepto de intereses y costas.
También crea un Régimen Excepcional de Regularización para las obligaciones tributarias y de la seguridad social vencidas, y condiciona el mantenimiento de los beneficios fiscales, como una moratoria, y la suspensión de las ejecuciones a la preservación de la nómina salarial. Por último, incorpora una Ventanilla Única Pyme y un Legajo Único Financiero para agilizar la compensación de saldos y facilitar el acceso a líneas de crédito destinadas a la inversión productiva.
El dictamen no implica todavía la aprobación de una ley. La iniciativa deberá continuar su recorrido por las comisiones correspondientes y reunir los apoyos necesarios para llegar al recinto.
Al cerrar su intervención, Farías destacó el acuerdo alcanzado entre bloques y consideró que la situación económica terminó imponiendo la necesidad de avanzar. “Era imposible que de esta comisión hoy no saliera un dictamen de este tipo con la situación que tenemos”, afirmó.










