La pluralidad de voces, amenazada.
Durante el “conflicto del campo” del 2008 quedó en evidencia –más que nunca– que los medios de comunicación son actores sociales que tienen sus propios intereses políticos y económicos. Su marcada postura a favor de las patronales agrarias dio lugar a un divorcio sin retorno entre el kircherismo y los grandes medios porteños.
Durante 2009, Cristina Fernández de Kirchner impulsó una ley de servicios de comunicación audiovisual para reemplazar al nefasto decreto de radiodifusión firmado en 1980 por Jorge Videla y José Martínez de Hoz. Dicho proyecto acumuló apoyos y fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso. La ley declaró el acceso a la información como derecho (no una mercancía) y limitaba la formación de monopolios y oligopolios, recortando la cantidad de licencias que podía tener una sola empresa.
Sin embargo, la democratización quedó trunca. Mientras el poder judicial frenaba su aplicación, el gobierno se obsesionó en atacar al Grupo Clarín en particular y no abordó una aplicación integral de la normativa.
La legislación no se materializó en cambios significativos. Para la mayoría de la sociedad, la democratización mediática se quedó en artificios retóricos. Eso le permitió al gobierno de Cambiemos derogar por decreto la ley. Clarín sobrevivió a la batalla, primero con la complicidad judicial y luego por la vía electoral.
Posteriormente se sucedió el vaciamiento de las empresas mediáticas pertenecientes al zar del juego Cristóbal López y al nefasto dúo Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. También hubo un vaciamiento de los medios públicos: Canal 7, Radio Nacional, Télam, Encuentro, DeportTV, Paka Paka. Esto derivó en el cierre, achique o reconfiguración de varias empresas periodísticas y en la pérdida de fuentes laborales.
Fue solo el comienzo. En sus primeros dos años de gobierno, Mauricio Macri ha sancionado numerosas resoluciones y decretos que fortalecieron la concentración infocomunicacional. Y casi todas sus medidas beneficiaron al magnate Héctor Magnetto. Mientras que hace más de dos años Telefónica-Movistar (España) plantea que quiere participar en el negocio de la televisión por cable y la distribución de contenidos audiovisuales, el Grupo Clarín ingresó al mercado de la telefonía móvil: Cablevisión-Fibertel compró la totalidad Nextel y absorbió a de Telecom.
Ahora el gobierno impulsa una nueva ley de telecomunicaciones, con el propósito de blanquear este nuevo panorama de mayor concentración informativa, mediática y tecnológica.
