Avanza en el Congreso una ley que establece reglas mínimas para mitigar sus efectos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo viene alertando hace varios años: la temperatura global del planeta Tierra aumenta año tras año. Además se viene acelerando: en el último mes de mayo se registró el mayor achicamiento de la Antártida en la historia y el pasado junio fue más caliente desde que hay registro. Y se prevé que el julio que estamos transitando sea el más cálido en la historia.
Más de 200 científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos se reunieron entre abril de 2016 y octubre de 2018 para estudiar la situación. Desde que comenzó la era industrial (hace unos 200 años) la especie humana causó la suba de 1°C de la temperatura global. Eso se manifiesta en el derretimiento de los glaciares, las sequías extremas que dejaron sin agua a regiones de la India, la sofocante ola de calor en Europa o las inundaciones en los países del cono sur. Y se calcula que entre el 2030 y el 2050 siga subiendo en promedio 1,5°C o 2°C. Grave.
En este contexto, casi todos los países del mundo firmaron en abril de 2016 el Acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a los efectos del calentamiento global. Aunque este acuerdo no resulta del todo exitoso debido a los cumplimientos parciales y, fundamentalmente, al desplante de Estados Unidos. En junio de 2017 Donald Trump pegó el portazo: se retiró diciendo que la política económica de su país utilizará “todas las fuentes de energía y tecnología, mientras protege el ambiente”. (Eso es lo que supuestamente vienen haciendo hace 200 años y mirá cómo terminamos).
En ese marco, parecería que la Argentina intenta avanzar en el delineamiento de medidas que intenten afrontar las inminentes transformaciones ambientales, sociales y sanitarias.
Emergencia y mitigación
El pasado 17 de julio el Senado de la Nación dio media sanción –por unanimidad– a dos iniciativas. Por un lado, una declaración de emergencia climática, que fue impulsado por más de 30 organizaciones ambientales. De esta manera, nuestro país ingresó en el selecto grupo de países que ya lo hicieron lo propio durante el 2019: Canadá, Irlanda, Francia, Alemania, Suiza, Nueva Zelanda, España, Francia, Canadá, Suiza, Holanda, Bélgica, Austria, Italia.
Por otro lado, y esto es lo importante, los senadores aprobaron un proyecto de ley que establece “Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático”. Ahora, para que entre en vigencia, falta la aprobación de la Cámara de Diputados. Los autores de la iniciativa son Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) y Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino).
“El proyecto de ley que presentamos establece herramientas para que la Argentina se adapte al Cambio Climático y establece obligaciones concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las consecuencias del cambio climático sobre la naturaleza y las condiciones climáticas son brutales. Si seguimos a este ritmo las aguas seguirán subiendo, desparecerán las islas y las ciudades ribereñas estarán amenazadas”, dijo Solanas.
Concretamente, propone que el gobierno nacional cree un gabinete interministerial que especifique obligaciones concretas para la mitigación del cambio climático y, también, para la adaptación a esta nueva situación. El proyecto plantea dos objetivos generales:
a) establecer políticas y medidas para el estudio del impacto del cambio climático y definir las actividades de adaptación que garanticen el desarrollo humano y de los ecosistemas. Esto es clave debido a que se estima que, por más que se comience ahora a mitigar daños, ya hay efectos que son imparables. Por ejemplo, en el sistema de salud, ya que comienzan a aparecer enfermedades que antes no existían.
b) asistir y promover la reducción de gases de efecto invernadero en el país. Uno de los modos sería el desarrollo de energías renovables para ir reemplazando de forma progresiva los combustibles fósiles.
Desafíos en la implementación
El articulado del proyecto resulta atractivo. No obstante, se sabe que la vida social y las dinámicas gubernamentales no siempre se ajustan a las letras legales. Por lo que al proyecto se le presentan el desafío, primero, de ser aprobado y, luego, de ser implementado.
En cuanto a la necesaria media sanción de los Diputados, el asesor de Solanas, Enrique Viale, se mostró optimista. “Trabajamos casi cuatro años para poder conseguir el consenso. Este proyecto fue acordado entre varios legisladores. También se recogieron modificaciones que propuso el poder ejecutivo. Así que creemos que puede ser aprobado en la otra Cámara”.
Sin embargo, los desafíos también se verán en su implementación. Esta ley crearía un “Gabinete Nacional de Cambio Climático” que sería presidido por el Jefe de Gabinete. Este organismo tendría que diagramar un “Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático”.
También se crearía un “Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático” donde todas las provincias tienen que brindar datos sobre cómo está la situación y así poder diagramar mecanismos de adaptación y de mitigación. Para ello, cada jurisdicción tendría que crear, si aún no la tiene, un área dedicada al medio ambiente. En el caso del gobierno nacional, Cambiemos tiene en esta área el incompetente Rabino Sergio Bergman.
Vale decir que en la normativa no está estipulado el financiamiento necesario para su implementación y que tampoco instituye sanciones a los que no la cumplan sino que sólo impulsa un andamiaje institucional para abordar la problemática.
