Amplio repudio al decretazo de Milei

La avanzada del gobierno sobre la Constitución y la democracia generó el rechazo de vastos sectores del arco político y sindical y provocó masivas movilizaciones en diversos puntos del país, con epicentro en el Congreso de la Nación.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado anoche por el presidente Javier Milei generó un amplio repudio de vastos sectores del arco político y sindical y provocó movilizaciones masivas en diversos puntos del país, con epicentro en el Congreso de la Nación, el lugar que puede impedir el atropello del gobierno sobre la Constitución y la democracia.

La iniciativa, que propone la derogación y modificación de más de 300 leyes, está hecha a medida de los grupos concentrados y busca garantizar la expoliación del país y la destrucción de las y los trabajadores: su inconstitucionalidad es de tal tenor que ni La Nación pudo encontrar un abogado constitucionalista que lo apruebe. El decreto ya entró en vigencia, pero debe ser ratificado en el Congreso por una de las cámaras: según anunció Milei, en los próximos días se convocará a sesiones extraordinarias.

Un decretazo a medida de la casta

En la madrugada de anoche, miles de vecinas y vecinos autoconvocados se congregaron frente al Congreso de la Nación con banderas argentinas y cacerolas para expresar su rechazo al decreto. "La Patria no se vende" y "Paro general" fueron algunas de las consignas de la marcha. También hubo manifestaciones en el Conurbano bonaerense (San Isidro, Esteban Echeverría, Quilmes, Avellaneda, Lanús y Berazategui), Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y Santa Rosa, entre otras localidades.

Las repercusiones del arco político

El decretazo de Milei motivó el rechazo del bloque de diputados de Unión por la Patria, que expresó que se trata de un "brutal avasallamiento de las facultades del Congreso" y se comprometió a "exigir que se reúna la Comisión Bicameral de Tratamiento de los DNU y se convoque a Extraordinarias": "Avalar este DNU significa conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias, prohibidas en el art. 29 de la Constitución. Este DNU es de nulidad insanable. Las y los que lo aprueben serán infames traidores a la Patria".

En el mismo sentido se expresó el ex presidente Alberto Fernández, quien lo calificó de un "hecho de extrema gravedad institucional jamás visto": "El Poder Ejecutivo, en un acto de claro abuso de poder, ha avanzado sobre las atribuciones exclusivas del Poder Legislativo. El espíritu que gobierna el ilegal DNU dictado, provocará graves efectos económicos y sociales [...]. Aunque no se sabe quién es el autor intelectual y quién el redactor de la norma, no se cumple con los requisitos de necesidad y urgencia exigidos por la Constitución".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que el decreto "propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de futbol y el patrimonio de los argentinos", y que lo hace "sin pasar por el Congreso que podría sesionar y discutirlo". "Le faltó decir 'democracia: ¡afuera!', sintetizó.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, manifestó que "los derechos conquistados a lo largo de los años no pueden ser eliminados a través de un decreto de necesidad y urgencia", y afirmó: "No vamos a negociar ni a ser partícipes de estas medidas que vienen por los derechos populares de todas y todos".

¿Habrá paro general?

El clamor por el paro general fue una de las consignas más fuertes en las movilizaciones populares de anoche. Uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, manifestó en su cuenta de Twitter que el DNU es inscontitucional y que no van "a tolerar el ataque a los derechos laborales, sociales y a la seguridad social".

Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, consideró que el DNU es "una bomba neutrónica sobre el pueblo argentino" y propuso "construir un gran paro nacional" para enfrentarlo. En la misma línea se expresó la Asociación Bancaria, que afirmó que el decretazo "avasalla y golpea a la democracia y las instituciones", se declaró en estado de "alerta y movilización" y expresó su rechazo a la posibilidad de que "el Banco Nación y los bancos públicos en general sean convertidos en una Sociedad Anónima para su posterior venta o liquidación".

Santa Fe también rechazó el decretazo de Milei

Las figuras del arco político santafesino también expresaron su repudio a la iniciativa del gobierno nacional. La diputada nacional Mónica Fein habló de "ley de la selva" y manifestó que "la convocatoria al Congreso y a los distintos sectores es urgente".

El diputado nacional Esteban Paulón fue tajante y expresó que hoy "los 257 Diputados y 72 Senadores deberíamos estar en el Congreso Nacional repudiando el intento de cerrar el Congreso por parte de Milei y el (no) funcionario Federico Sturzenegger a partir de dictado del DNU 70/23 que es claramente inconstucional".

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia Clara García señaló que los anuncios de Milei "son de una gravedad institucional jamás vista desde la recuperación de la democracia" y que avasallan "las normas de convivencia que equilibran la fuerza desigual entre quienes detentan poder económico y quienes no".

También expresó su repudio el ministro de Ambiente y Cambio Climático provincial Enrique Estévez, quien señaló que "el contenido" del decreto "no es nuevo, es la fórmula de algo que ya fracasó en Argentina". Julio Francisco Garibaldi, senador por el departamento La Capital, consideró que a Milei "se le fue la mano", y agregó: "No se puede empezar de 0 un país por el antojo de una sola persona, sea quien sea".

Por su parte, la diputada provincial Lucila de Ponti consideró que el decreto traerá "más pobreza, desigualdad, destrucción de la producción". "Ninguna medida contra los poderosos, todas contra el pueblo", sintetizó. La concejala de la ciudad de Santa Fe Jorgelina Mudallel afirmó que se sumará a la iniciativa del concejal rosarino Juan Monteverde, que propuso que "todas las instituciones de la República" se manifiesten "sobre la ilegalidad de las medidas". "Vamos a presentar en el concejo de Santa Fe un proyecto para declarar inconstitucional todo lo que establece ese decreto", sostuvo Mudallel.

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