Hay un muerto en tu tanque de nafta

Men work at an oil pump in Lagunillas, Ciudad Ojeda, in the state of Zulia, Venezuela, March 18, 2015. Venezuela's national crime pandemic - the United Nations says the country has the world's second-highest murder rate after Honduras - is a growing headache for the oil industry, which accounts for nearly all of the country's export revenues. Hold-ups and thefts in the sector are on the rise, taking a toll on output, according to interviews with around 40 people, including oil workers, union leaders, foreign executives, opposition politicians, scrap dealers, and people who live near oil installations. To match Insight VENEZUELA-OIL/CRIME Picture taken on March 18, 2015. REUTERS/Isaac Urrutia

Vaca Muerta es una promesa de energía que se está llevando demasiadas vidas. Cómo es la situación de salud y seguridad de los trabajadores petroleros, vista desde adentro.

Para cualquiera que se informe con medios nacionales –incluso para quienes sólo consumen títulos, zócalos y copetes– Vaca Muerta es la promesa repetida de la Argentina autoabastecida y potencia, Cerro Dragón una montaña mitológica donde suele haber petróleo y las muertes de trabajadores del sector por causas completamente evitables una estadística sepultada bajo el precio del barril de crudo Brent, la cantidad de equipos que suben y bajan en los yacimientos o las cifras de productividad probable y estimada el día que Vaca Viva. Las políticas de protección ambiental o “frackeo sustentable” y protección de las comunidades originarias –preocupaciones sobre expuestas en los debates pre electorales– están perfectamente bien, pero la salud y seguridad de los trabajadores petroleros forzados a cambiar plata por vida merece una propuesta de política pública que vaya más allá de incrementar el monto de las indemnizaciones o amontonar instancias prejudiciales disuasivas.

Algunas fotos del pasado reciente, sólo para contextualizar con algunas pinceladas de rigor histórico:

Si bien la formación de shale oil y gas en formaciones no convencionales de Vaca Muerta fue descubierta hace 90 años por Charles Edwin Weaver para la Standard Oil California (actual Chevron), la confirmación de la localización del área con la mayor cantidad de recursos, la estimación productiva y de las características y profundidades de las capas geológicas a perforar para extraerlos fue tarea de geólogos e ingenieros de YPF en 2011. Lo que fue anunciado con estruendo por parte de la empresa que por entonces era controlada en su mayoría accionaria por la española Repsol.

En octubre de 2011 el presidente negro que garantizó las políticas e intereses estratégicos de las corporaciones blancas estadounidenses pero homenajeaba leyendas del rock en el Kennedy Center Honors (Obama, claro), le solicitó a Cristina Fernández una entrevista exclusiva en el marco de la reunión del G20 a realizarse en noviembre de ese mismo año. Barack tenía el dato consistente de que la petrolera estatal China CNPC estaba tentando a la española Repsol (empresas de bandera 100% o mixtas con control estatal dominante, como hacen los países serios) para adquirir la mayoría accionaria de YPF y que éstas negociaciones –en el marco de otros acuerdos tipo trenes, centrales termonucleares o swap de divisas con el Banco Central– contaban con el visto bueno de Julio De Vido y la presidenta que estrenaba un demoledor 54%. Durante la entrevista obtuvo que el gobierno argentino no estaba operando a favor de semejante pase de manos pero le pidió algo así como “cortame a los chinos”. El enemigo declarado de Estados Unidos y vencedor momentáneo de la guerra geopolítica comercial a escala planetaria, controlando el segundo reservorio mundial de gas y cuarto de petróleo no convencionales era demasiado.

El 16 de abril de 2012 la ex presidenta Cristina Fernández presenta un proyecto de ley para lograr la soberanía hidrocarburífera, para lo cual el paso previo ineludible era declarar de interés nacional estos recursos y expropiar el 51% de las acciones de la empresa pertenecientes a Repsol-YPF (que detentaba el 57% del paquete de títulos). En mayo de 2012 la cámara baja convierte en ley esta iniciativa de complejo origen y ejecución e intachable espíritu soberano. Se fija el precio a pagar, nadie lo cuestiona excepto Repsol, sus socios coloniales locales y operadores permanentes de todo interés extranjero y finalmente el PSOE español que utiliza el viaje para percudir a Rajoy y demuestra finalmente su condición de socialdemocracia liberal claudicante. Sabina y Serrat se ponen del lado argentino y fin de la discusión.

Y finalmente y para cerrar el álbum para comenzar con lo que importa… Cambiemos gana en 2015 prometiendo una revolución energética que lanzará al espacio sideral la argentina potencia y finaliza 2019 perdiendo por contundentes ocho puntos a manos de los que no volvían más y algunos que nunca se fueron y ejecuta un fenomenal plan de negocios privados facilitados y avalados desde el Estado para el propio presidente vía testaferros propietarios de empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de energía, destrozando el delicado equilibrio de precios relativos dolarizando los combustibles y con ellos la ecuación de rentabilidad de empresas de todo porte. En el camino enarbola una adenda flexibilizadora petrolera que luego copian la industria automotriz y la metalmecánica, las textiles y los comercios ya curtían de hecho hacía rato, destrozando los convenios colectivos que habían costado años de luchas gremiales. Ya de salida y con total irresponsabilidad –la misma que lucieron durante cuatro años– congelan el precio de los combustibles que habían dolarizado, luego lo descongelan, luego los vuelven a congelar, las operadoras dicen que no van a perder ni un centavo de dólar en beneficio de nadie (lo de siempre digamos), aprietan vía lobbys sobre el mismísimo presidente y socio, luego presionan sobre los costos de las contratistas, luego sobre los sindicatos, luego suspenden 2.000 trabajadores entre Vaca Muerta y Cerro Dragón y finalmente mandan 900 telegramas de despidos.

Las estadísticas son un vicio de los burócratas, pero no salvan a nadie

Pero seguimos mentando las cifras que no sustentan el sentido de la nota, cifras que tapan o merodean en torno del que aquí recortamos con el conflicto principal: el incremento de la mortalidad de los trabajadores petroleros en consonancia con la implementación de una adenda que –tratando de remover obstáculos a la productividad sin pausa ni reparo– se lleva puestas las condiciones de higiene y seguridad, ese lujo exótico en tiempos de bonanza o malaria, con el barril de crudo o el metro cúbico de gas arriba o debajo. Y justificadas no sólo por las imperfecciones de un sistema de riesgos del trabajo que pone en manos de empresas privadas (las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo) el cuidado preventivo de la salud y la reparación de los daños cuando fracasan la prevención primaria, secundaria y terciaria, sino que ha forjado una cultura basada en medias verdades que supone que:

Los trabajadores del petróleo ganan mucho más que la media nacional salarial y por lo tanto cualquier otra cuestión está fuera de consideración. Se paga trabajo duro, en condiciones extremas y sin andar con refinamientos tales como conformación de grupos óptimos en tareas críticas, recortar el trabajo nocturno, contar con guantes apropiados para manipulación de químicos o herramientas pesadas en boca de pozo o evitar atajos en maniobras de alto riesgo sólo por hacer las cosas como las hojas de seguridad de las mismísimas operadoras dicen que hay que hacerlas.

El lema que parece cerrarles a todes (salvo a los trabajadores cuando se amputan una mano, se prenden como una antorcha o pierden la vida lisa y llanamente) de que a mayor riesgo o a mayor relajamiento de las condiciones de seguridad, corresponden mayores incentivos económicos atados al incremento de la productividad que hace rentable sacar petróleo y gas del subsuelo patrio; y que esto ¡es un trato justo! A cualquiera que diga “yo trabajo izando caños en boca de pozo sin vástago y bajo cualquier condición de viento”, “yo soldé una tubería de tanque sin bridarla”, “yo patrullo piletas de purga sin delimitar y de noche” o “yo llevo la pastilla de americio berilio en una caja blindada en la guantera de la camioneta” y nunca me pasó nada habrá que decirle que tuvo una suerte increíble. Que en esas condiciones de pésimas prácticas en seguridad laboral la gente normalmente se accidenta gravísima o mortalmente.

Fue con Todes, postal incómoda de la firma de la adenda petrolera en enero de 2017.

El hecho es que desde la firma e implementación de la famosa adenda petrolera suscripta por algunos sindicatos sin mayores reparos y por otros por presión directa de Marcos Peña y Juan José Aranguren sobre gobernadores y ministros provinciales, se produjeron nueve accidentes fatales; nueve muertes entre febrero de 2018 y mayo de 2019 (entre 2011 y 2017 se registraron un total de 21, es decir que en los últimos meses murieron más de un tercio de los registrados desde que Vaca Muerta se puso en funcionamiento). Y esos nueve no son ítems, nueve puntos en una hipérbole equilátera, nueve celdas activas en un libro de Excel, sino que son Póo, Sánchez, Torres, Chocala Fernández, Segura, Sajama, Labra Rojas y Baeza. Y también son sus esposas, sus hijos y sus compañeros de trabajo secuelados por el shock y la impotencia de no haber podido hacer nada para salvarlos en el medio de la nada, en la aridez y el aislamiento de los yacimientos de Loma La Lata o Cerro Dragón. Admitamos que estaríamos atravesando una era en la que las máximas del Che quedan enormes hasta en las remeras, sencillamente por esto de “sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera” o su similar: “sentir como propia o íntima la muerte de cualquier trabajador por negligencia empresarial, abandono estatal o cualquier otra causa completamente evitable”. No estaríamos en esas, pero por lo menos debería ser atendible que la salud y la seguridad de los trabajadores –del petróleo pero también del Ingenio Esperanza, de la Terminal porturaria de Bahía Blanca, de las minas del yacimiento Rio Turbio, de la línea 60 de colectivos porteños, de la zafra tucumana y de todos aquellos que van detrás del ideal de un país que les garantice que van a tener trabajo para ganarse dignamente la vida, no para perderla– tengan de parte del Estado un política capaz de garantizarles semejante cosa.

Creer que el cuidado de la salud y la seguridad de los trabajadores atenta contra la fluidez de las explotaciones privadas y pone en jaque la rentabilidad de las empresas es de un nivel de preconcepto incompatible con un gobierno nacional y popular que ponga en el centro de sus preocupaciones de gestión el bienestar de los trabajadores. Durante varios años me ha tocado recorrer yacimientos con profesionales de operadoras, empresas de servicios petroleros y delegados de higiene y seguridad de todos los sindicatos petroleros de la Patagonia austral y puedo dar fe de algunas cosas entre muchas. Hay muchas empresas privadas que ya no se manejan con crudos preceptos capitalistas desde hace años, que en un equilibrio crítico con la rentabilidad de sus explotaciones capacitan líneas gerenciales, incorporando nuevas logísticas de gestión y situándose “a la izquierda” del Estado y sus organismos de control en salud y seguridad. Y no sólo Pymes (que son las tienen menos recursos para invertir en prevención de accidentes y enfermedades) sino grandes unidades empresarias, operadoras petroleras que invierten muchísimo dinero en relevar las condiciones de salud y seguridad de sus trabajadores y entienden que es un objetivo central de su plan de negocios. Los resultados de la aplicación de éstas estrategias es dispar y generalmente hay una inquietante distancia entre las condiciones óptimas que describen en sus protocolos operativos internos y las condiciones reales de trabajo “en campo”. Y para esto se inventó el Estado y existen los sindicatos que deben defender no sólo el salario sino la salud y la vida de los trabajadores. Este escriba recorrió durante seis años yacimientos petrolíferos de las dos cuencas maduras más importantes del país en Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén y puede dar fe de varias cosas:

De la espasmódica consistencia de las políticas de prevención primaria, secundaria y terciaria de los organismos del Estado.

De que todo el mundo recita el mantra de la prevención para empezar a resolver seriamente la accidentabilidad creciente y la remanida judicialización que “hiere de muerte” la rentabilidad de las Aseguradoras de Riesgo y la sustentabilidad del Sistema. Pero los recursos se ponen al final de la secuencia, cuando ya fallaron todas las instancias preventivas, para entorpecer el normal y constitucionalmente garantido derecho a la justicia laboral. En el principio, en la prevención casi nadie invierte ni mucho ni sostenidamente, empezando por el Estado.

De la preocupación e inversión real de algunas empresas en manos de las cuales se deja el liderazgo y la tracción a mejoras continuas para el resto de contratistas menores de la industria. Rol que indelegablemente debería asumir el Estado.

De que si no es por las camionetas, compromiso militante y sapiencia de algunos sindicatos petroleros a través de sus Secretarías de Salud y Seguridad, los inspectores de las Secretarías y Ministerios de Trabajo no podrían realizar sus tareas con cierta regularidad ni cumplir con metas inspectivas reales, sin “proyectarlas” sobre universos o muestreos que nunca conocerán o directamente de manipularlas.

Y de que finalmente no se comprende que no se puede poner un burócrata o un mero gestor de agenda al frente de áreas en donde la incapacidad, la negligencia o directamente el cinismo provocan –no expedientes inconsistentes o fallidos- sino la muerte o una hipoteca sin vuelta atrás en la salud de cientos de miles de trabajadores. Para volver mejores hay que tomar conciencia en acto de asuntos como éstos y ese debe ser nuestro compromiso y nuestra fe.

 

El autor es Ex Coordinador de las Mesas Cuatripartitas de Prevención de Riesgos Laborales en Petróleo y Minería de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

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