En la ciudad de Vera, el caso del padre violador salpica de sospechas al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad del norte provincial. En el medio, una niña de 15 años sin justicia.
G.D. ya había sufrido suficiente durante sus 15 años de vida cuando, en febrero pasado, logró escaparse de su padre para denunciarlo porque la violó desde su infancia. Pero gracias al accionar de miembros del sistema penal y de la policía, su calvario estaba lejos de terminarse.
El 27 de ese mes, Manuel Díaz fue detenido. Al día siguiente se le dictó la prisión preventiva por 70 días. El objetivo de dejarlo detenido era hacer una cámara Gesell y que, con su victimario privado de su libertad, la adolescente pudiera detallar lo padecido sin hostigamientos. Dicho objetivo se cumplió diez días antes de llegar al plazo impuesto. Por ello, el juez Gustavo Gon resolvió soltar al acusado, y habilitó así el segundo capítulo del vía crucis de G.D.
A Díaz se le impusieron medidas de restricción para que no entrara en contacto con su hija. Sin embargo, el 24 de junio logró dar con ella en las calles de Vera, la acorraló, la golpeó hasta dejarla casi inconsciente y la violó de nuevo en un descampado.
[quote_box_right]“En Vera, para los pobres no hay justicia”, dice la madre de la víctima. [/quote_box_right]
Y claro, el hombre conocía las fisuras del sistema: pertenecía al Poder Judicial; concretamente, a la Defensa Pública Penal. De hecho, el titular de ese organismo, Gabriel Ganón, autorizó su reincorporación laboral poco después de que fuera liberado. Por FM 96.3, Pausa en el Aire dialogó por entonces con el funcionario provincial, quien se justificó diciendo que no tenía motivos para no devolverle el empleo a su trabajador, porque la Fiscalía no había hecho aún una acusación concreta.
Ganón. El mismo que achaca corrupción, violencia y violación de los derechos humanos a quien se le cruce, decidió que Díaz merecía el beneficio de la duda. Es claro que aquellos a quienes el defensor general denuncia (policías, fiscales, miembros del servicio penitenciario, políticos) están tan limpios como una papa recién salida de la tierra; lo que resulta curioso es su doble moral: ante la mínima sospecha contra aquéllos, él pide apartamientos, juicios y sumarios. En cambio, evalúa que alguien de su planta, pese a estar imputado por las peores vejaciones contra una nenita, tiene derecho a ser considerado inocente hasta tanto el sistema demuestre firmemente lo contrario.
Tras el nuevo abuso sexual, el magistrado Gon no pudo más que reconocer su irreparable error y encerrar al “violador de Vera” en la alcaidía de su ciudad. Pero el hombre tiene muchos amigos.
Visitando al enemigo
A fines de agosto, la Fiscalía pidió 20 años de prisión para Díaz por los abusos contra G.D., que comenzaron con maltratos cuando ella tenía seis años y se convirtieron en violaciones recurrentes a partir de sus nueve años. En los primeros días de septiembre se conoció que las pruebas de ADN pedidas por el suceso del 24 de junio dieron resultado positivo respecto al imputado, por lo que deberá afrontar esa nueva acusación y una ampliación de la condena.
Hasta que, hace ocho meses, logró denunciar lo que le ocurría, G.D. vivió con su hermana, su abusador y la madre de éste. A mediados de septiembre recibió una llamada de la primera, que le pidió ayuda asegurando que había sufrido iguales vejaciones que ella. La víctima no dudó: su hermana había reaccionado, y debía apoyarla. Engañada, acudió a la puerta de la alcaidía de Vera el 16 del mencionado mes, supuestamente para denunciar en conjunto al padre de ambas. Pero allí fue emboscada por aquélla, su abuela paterna (Juana Margarita Zárate) y su tía (Liliana Díaz). Esta última, directora de una escuela de Fortín Olmos que (según la denuncia posterior) amedrentó a su sobrina con un arma de fuego. El objetivo de las tres mujeres era llevar a G.D. a enfrentar a su violador.
La parentela del sospechoso no toleró el avance de las causas en su contra. Y a ellas se sumaron los defensores José Luis Estevez (h) y Fabiana Pierini, también integrantes de la Justicia. Todos ellos habrían participado de la maniobra por la cual G.D. fue llevada a la celda de su abusador, que la amenazó. Todos ellos inauguraron la tercera estación del camino de la cruz de la víctima.
Ese que, por ser su papá, debía cuidarla, nunca lo hizo. Su hermana (dos años mayor), tampoco. Ni su abuela. Ni su tía, la pistolera. Ni los policías de guardia en la alcaidía. Ni el sistema judicial. Sólo su madre, Leandra Marinelli, que en un solitario grito pedía justicia.
[quote_box_left]Los fiscales Gerosa y Benegas pidieron 20 años de prisión y la querella 25. La acusación es por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y reiterado, ambos doblemente calificados; y promoción de la corrupción de menores agravada. [/quote_box_left]
El escandaloso episodio dio lugar a la intervención de la dependencia verense por parte del Ministerio de Seguridad, y al inicio de una segunda causa, llamada “Manuel Díaz II”, que involucra a siete efectivos policiales, a los dos abogados y al padre violador, quien fue trasladado a la cárcel de Las Flores. También la abuela y la tía de la víctima fueron detenidas el 23 de septiembre en esa unidad penal de Santa Fe, mientras visitaban al acusado, y luego imputadas por los delitos de amenazas coactivas y de sustracción, retención u ocultamiento de una persona. La hermana fue puesta a disposición de la Justicia de Menores.
Por su parte, los defensores públicos fueron imputados por usurpación de funciones y coacción, sustracción y retención de una persona, e incumplimiento de la obligación de promover la persecución de delitos. En la audiencia realizada el 17 de noviembre, los letrados se negaron a declarar y pidieron 60 días de licencia “por estrés”.
Más cerca del juicio oral
El 20 de noviembre, el juez Gonzalo Basualdo resolvió la unificación de las dos causas principales contra Manuel Díaz; se realizará un solo juicio que sume la denuncia inicial y el ataque de junio pasado.
Por los abusos sufridos por G.D. durante su infancia y preadolescencia, los fiscales Aldo Gerosa y Leandro Benegas pidieron 20 años de prisión y la parte querellante, 25. La acusación es por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y reiterado, ambos doblemente calificados; y promoción de la corrupción de menores agravada. Además, el Ministerio Público solicitó 21 años por la violación que tuvo lugar este año. Aún resta la acusación de la querella y la realización de la audiencia preliminar.
Una vez que se superen esas etapas procesales, los expedientes serán unificados como lo dispuso Basualdo, y podrá ser elevado a juicio oral. Además, hasta tanto se sustancie el proceso, Díaz seguirá alojado en Las Flores.
Mientras tanto, G.D. también vive en una cárcel: la del tormento por lo que viene atravesando, que ya la llevó a intentar suicidarse en tres oportunidades en estos meses. Pasa sus días con la solitaria contención de su madre. Esa misma que sólo rescata la actuación de los fiscales pero duda de todo lo demás. Y tiene sus motivos. La liberación de Díaz, que le posibilitó volver a violar a su hija, lo ocurrido en la alcaidía de Vera, el accionar de los defensores del sistema público, no parecen tener otra explicación que la que proporcionó Leandra Marinelli a LT10: “No entiendo qué clase de acomodo hay, pero algo hay”. U otra peor: “En Vera, para los pobres no hay justicia”.
Publicada en Pausa #166, miércoles 25 de noviembre de 2015
