ANUARIO 2015 | Los abusos y asesinatos policiales signaron un año más de descontrol en las políticas de seguridad. Pese al gran número de oficiales apartados, la crisis de la fuerza es estructural.

El primer mensaje fue en 2013, en consonancia con Córdoba y Entre Ríos. La policía se sublevó, copó con fierros en la cintura la Plaza de Mayo y apretó con sus demandas salariales al gobierno provincial. Entonces, midieron finamente su poder de extorsión en una ciudad que, por varios días, estuvo expuesta de modo transparente a la violencia que la circula, de modo reprimido, todo el tiempo. En 2014 el nuevo mensaje partió del departamento La Capital: la ola de homicidios hizo de nuestra región la de mayor tasa de homicidios en el país. Brazos caídos para un baño de sangre que tuvo como principales víctimas a los más desposeídos. 2015 no fue la excepción, pero el procedimiento cambió: los hombres de azul se pusieron bravos por demás y los casos de tortura y gatillo fácil se multiplicaron. La cacería humana fue el mensaje.

[quote_box_right]Miguel Lifschitz había propuesto durante su campaña que la Legislatura sea quien designe al Jefe de la Policía. Sin embargo, hoy Rafael Grau continúa al frente de la fuerza. [/quote_box_right]

Para agosto de 2015, la policía de Rosario había asesinado a más personas (16) que las muertas en ocasión de robo (15). En Santa Fe, uno de los casos insignia fue el de tres jóvenes de barrio Las Lomas, los cuales fueron virtualmente secuestrados el 25 de marzo por efectivos de la Subcomisaría 12 (con asiento en Los Troncos), donde recibieron picana eléctrica, submarino seco, golpizas y pata pata, un cruento castigo que consiste en pegarle a la planta de los pies con un tabla. Intentaron armarles una causa por tenencia de armas, que no prosperó por la intervención a tiempo de agentes del servicio de salud del barrio.

Este año el Servicio Público Provincial de Defensa Penal difundió un informe sobre los abusos de las fuerzas de seguridad en la provincia. Entre el 1º de noviembre de 2013 y el 4 de abril de 2015, 515 santafesinos denunciaron verdugueos de distinto tipo. En el 60% de los casos, esas denuncias no alcanzaron sede judicial. La razón: el 42% expresó que teme nuevas represalias de los verdugos y el 14% evaluó que hacer la denuncia empeoraría su situación como detenidos. En el 92% de los casos, las víctimas identificaron como abusadores a oficiales de las fuerzas de seguridad de la provincia (personal de comisarías, Comando Radioeléctrico, Tropa de Operaciones Especiales, Policía de Acción Táctica, Infantería, entre otras).

[quote_box_left]La política de seguridad se encuentra en el haber de todas las gestiones pasadas, los hechos recrudecieron y la policía parece disfrutar de una criminal autonomía. Quienes más sufren los delitos son quienes menos centímetros de papel y horas en la radio cubren: los más pobres. [/quote_box_left]

Sobre los 515 casos relevados en el Registro Provincial de Torturas, Malos Tratos, Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, Abuso Policial y Malas Prácticas del Sistema Judicial, el 42% denunció golpes y el 34% golpizas. Además hay balazos de goma, submarino seco, picana, puntazos, gas pimienta y abusos sexuales, armado de causas y la falta de atención médica, las exigencias de dinero y hasta el hostigamiento a los abogados defensores. Los apremios pueden darse en varios lugares. Lo que puede arrancar como cocazos en la detención y amenazas en el patrullero, sigue con duchas frías en la comisaría o patoteos en un descampado. El 52% de los hechos ocurre en la vía pública, al momento de la detención, y el 27% en las comisarías.

La política de seguridad se encuentra en el haber de todas las gestiones pasadas, los hechos recrudecieron y la policía parece disfrutar de una criminal autonomía. Quienes más sufren los delitos son, también, quienes menos centímetros de papel y horas en la radio y la tele cubren: los más pobres. Encima, también son el objetivo de los apremios de la violencia estatal, sobre todo los varones jóvenes, como los tres pibes de Las Lomas.

El gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro asumieron con el compromiso de frenar la ola delictiva.
El gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro asumieron con el compromiso de frenar la ola delictiva que azota a la provincia de Santa Fe.

En una entrevista a La Capital, el ex gobernador Antonio Bonfatti señaló que en 2015 unos 400 policías fueron apartados por su mal desempeño y caracterizó la crisis a partir de los problemas estructurales en la fuerza: “Hoy no hay más oficiales, y si no hay oficiales no hay quien conduzca”, explicó y luego agregó “En 2006 la ley Rosúa fue la destrucción de la policía. Desde allí son todos suboficiales. Se rompió una pirámide de una cadena de mandos”.

Frente al desafío, el gobernador Miguel Lifschitz había propuesto durante su campaña que la Legislatura sea quien designe al Jefe de la Policía. Sin embargo, hoy Rafael Grau continúa con su designación. Por su parte, las nuevas autoridades ministeriales, con Maximiliano Pullaro a la cabeza, prometen  poner énfasis en la narcocriminalidad, el narcotráfico y el narcomenudeo. Veremos si redunda en más narcopolicías presos o en más pibes con motito y apenas un 25 de faso encima apaleados en las tumbas.

Publicada en Pausa #167, miércoles 16 de diciembre de 2015

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