ANUARIO 2015 | Aunque la seguridad es la prioridad, a nadie escapa que el debate que empezó con el recambio es por la economía y la distribución de los recursos. La postura de Santa Fe.
La combinación de distintos resultados electorales ha cambiado el tablero político respecto de los últimos ocho años. Desde el 10 de diciembre, Cambiemos gobierna en el país y el Frente Progresista sigue en Santa Fe, con un socialista en la Casa Gris y un radical –aliado de unos y del otro– en la ciudad. Para mayor complejidad, todos se necesitan entre sí: el PRO a los radicales, y viceversa; y lo mismo ocurre en la provincia. Desde el llano, el peronismo otea y espera: en dos años hay elección intermedia y en cuatro se renuevan, una vez más, todos los cargos electivos.
La etapa que comenzó en diciembre, tal como presagiaron los apretados triunfos de Miguel Lifschitz en la provincia y de Mauricio Macri en el país, será de intensas negociaciones. Hay necesidad de acuerdos amplios para avanzar en las políticas que implican recursos. El nuevo presidente lo entendió y a dos días de asumir reunió en Olivos a los 24 gobernadores para discutir un nuevo esquema fiscal que impulse un mayor federalismo. La cosa se complicará cuando Macri le ponga números y nombres (de provincias) a ese “nuevo esquema”; cada cual tirará para su lado y hará falta mucha muñeca para contener a todos.
[quote_box_left] Con la llegada de Macri, el intendente Corral está convencido de que el municipio saldrá beneficiado. Algo más cauto, el gobernador Lifschitz observa con preocupación la economía que viene. [/quote_box_left]
Una nueva ley de coparticipación es el horizonte ideal, pero lejano y de casi imposible resolución: implica un pacto entre las todas administraciones provinciales y el gobierno central. Lo sugiere la Constitución de 1994, pero es un mandato incumplido hasta el momento por todos los presidentes, que siempre decidieron con discrecionalidad el reparto de recursos. Macri dijo después de la reunión con los gobernadores que estaban “todos alineados”. Una provocación. En el mejor de los casos, una expresión de deseo. La única forma de alinear a “todos” es con obras y dinero; quitarles a unos para darles a otros generará, con seguridad, nuevos conflictos.
Si la intención es beneficiar al conjunto de las provincias, como señaló Macri, quien habló además de “equilibrio”, las primeras medidas de la nueva gestión ponen las cosas aún más difíciles. La quita de retenciones a todas las exportaciones repercutirá en los recursos del Estado central; de momento, esa merma se compensará con la eliminación de subsidios a los servicios. Pero, además, la rebaja gradual (cinco puntos por año hasta su eliminación definitiva) de las retenciones a la soja incidirá en forma directa en el reparto del Fondo Federal Solidario (o Fondo Sojero), que es una transferencia puntual de las provincias centrales al resto del territorio. ¿Cómo subsanará el presidente la cuestión? Es uno de los dilemas que deberá resolver en la primera etapa de su gestión.
Coordinación y desafíos
Los dos frentes más sensibles, seguridad y economía, ocupan el centro de la agenda. El cambio de signo político generó alguna alarma en la provincia, pero enseguida llegaron señales de que no habrá volantazos abruptos sino gradualidad. Los gendarmes que Sergio Berni envió a las principales ciudades santafesinas durante la campaña permanecerán al menos hasta fines de enero de 2016, según acordaron los nuevos ministros de Seguridad de la Nación (Patricia Bullrich) y la provincia (Maximiliano Pullaro).
Entre tanto, seguirán conversando sobre el abordaje del combate al narcotráfico y la criminalidad urbana, problemas que el funcionario santafesino entiende deben ser coordinados a nivel nacional. La provincia ha planteado la necesidad de que se conforme un Consejo Federal de Seguridad que permita a todos los actores con presencia en el territorio participar de la definición de las políticas de seguridad. Otro desafío para Macri, que en sus primeros días dio ambivalentes muestras de diálogo (la reunión con los 24 gobernadores) y de un irrefrenable impulso a gobernar por decretos.
El otro tema son los recursos. El fallo de la Corte Suprema por el cual se frenan las detracciones a favor de la Anses beneficia a Santa Fe con alrededor de 500 millones de pesos mensuales extra, 6.000 millones al año: un 6% más del presupuesto provincial de 2016, que contempla recursos y gastos por 103 mil millones de pesos.
“Santa Fe tiene el fallo de la Corte Suprema, en ese sentido estamos en una situación distinta de la mayoría de las provincias”, se entusiasma Lifschitz. A esos recursos, que recibirá en forma automática vía coparticipación, pretende sumar la deuda de la Nación con la provincia acumulada desde 2006, cuando Santa Fe se salió del pacto fiscal (desde entonces, la provincia financia con recursos propios el déficit de la Caja de Jubilaciones, que fue de 2.000 millones en 2015).
En los ocho años previos, la ciudad y la provincia se sintieron excluidas de las mejoras que promovió el gobierno central. Con la llegada de Macri, el intendente Corral –de activa participación en la campaña del balotaje, ungido luego como nuevo presidente de la UCR– está convencido de que el municipio saldrá beneficiado. Algo más cauto, el gobernador espera los resultados de la negociación por la deuda mientras observa con preocupación la economía que viene.
Publicada en Pausa #167, miércoles 16 de diciembre de 2015
