El defensor del Pueblo adjunto Zona Norte cuestiona los decretos presidenciales sobre la Corte Suprema y la Ley de Medios. Defiende la creación por consenso de Radio Televisión Santafesina Sociedad del Estado y hace un llamado a “estar atentos para defender lo logrado” en la provincia de Santa Fe.
Por Luciano Agustín Leiva (*)
El Presidente de la Nación como máxima autoridad ejecutiva la Nación, y en base a su ejemplo hasta el último funcionario del país, deben sujetarse a los dictados de las normas que regulan la convivencia en la sociedad democrática, que les confieren derechos y les ponen límites. Ese ejemplo permite que esa conducta también les sea exigida a todos y cada uno de los ciudadanos. Esto asegura los derechos y garantías de todos.
En tanto órgano de contralor del Poder Ejecutivo y de garantía de derechos, la cuestión es fundamental para la Defensoría del Pueblo.
Ante los graves acontecimientos que se viven como consecuencia de la toma de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional que afectan el orden democrático e institucional me veo en la obligación de realizar una declaración pública para manifestar mi fuerte preocupación y alertar a la ciudadanía, particularmente a la de Santa Fe.
Tres decretos dictados recientemente por el Presidente de la Nación, que a mi juicio no gozan de la debida legitimidad constitucional y que pretenden legislar sobre materias de suma importancia, vulneran derechos y garantías de los ciudadanos argentinos.
Hablamos en particular del decreto designando en comisión a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los que modifican la ley que regula los Servicios de Comunicación Audiovisual.
La violación de importantes normas constitucionales como es la división de poderes y el respeto por la ley, ponen de manifiesto la alteración del Estado de Derecho, principio básico del orden republicano.
Cuando a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional se sustituyen atribuciones del Poder Legislativo, como en el caso de la designación de los miembros de la Corte, o se viola flagrantemente una ley que fue sancionada por el Congreso –luego de un extenso y rico debate–, estamos frente una situación institucional gravísima, que es necesario denunciar para evitar que estas medidas se afiancen y prevenir males mayores.
La provincia de Santa Fe, a través de sus autoridades legítimamente constituidas dictó una ley que regula los servicios de comunicación audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación de titularidad pública. Se creó una Sociedad del Estado: Radio y Televisión Santafesina. Esta ley se pudo acordar en el marco de un gobierno con una mayoría legislativa de colores políticos diferentes a los del Ejecutivo.
La primera de sus finalidades y deberes es promover y desarrollar el respeto por los derechos humanos. Y la segunda promover el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico.
El artículo 25 de su ley creó la figura del “Defensor/a del Público de Radio Televisión Santafesina Sociedad del Estado”; quien se desempañará en el ámbito y con dependencia del Defensor del Pueblo de la provincia. Fue en el marco de la ley nacional de servicios de comunicación audiovisual, ahora modificada por decreto, y que ya había creado la Defensoría del Público.
En este sentido parece necesario estar atentos para defender lo logrado en la provincia con tanto esfuerzo basado en el acuerdo.
A nivel nacional la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “en el marco de sus facultades” ante la sanción de los decretos emitidos por el Gobierno Nacional que afectan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a su organismo de aplicación. En la nota, señala que se trata de “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”. Y también afirma que las medidas dictadas por el Gobierno Nacional “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”.
Me sumo a las preocupaciones de la Defensora del Público de la Nación.
(*) Defensor del Pueblo adjunto Zona Norte y ex concejal de la ciudad de Santa Fe
