La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, a cargo de Analía Colombo, coordinadora de la Red de Infancia de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestó su preocupación sobre la existencia de un alto porcentaje de embarazo adolescente no planificado y la falta de proyectos de vida alternativos para las mujeres adolescentes.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de fecundidad adolescente muestra un aumento acumulado de 8% en los últimos 20 años. Los recién nacidos de madres adolescentes representaron un 15,1% del total de nacimientos a nivel nacional en 2014 y, en el 70% de los casos, esas mamás adolescentes no planificaron el embarazo.
Las desigualdades a nivel país también se ponen en evidencia: el porcentaje de embarazos es mayor en siete provincias del Noreste y Noroeste, donde 1 de cada 5 nacimientos fue de mamás adolescentes. De los 116.952 bebés nacidos de madres adolescentes, 3.007 de menos de 15 años.
Si esos números se pasan a porcentajes, representan el 0,4% del total de nacimientos, un porcentaje que, si bien reducido, tiene una profunda gravedad no solo desde la perspectiva de la propia “niña madre” y su hijo o hija, sino también desde la perspectiva sanitaria, social y jurídica. Los contextos de vulnerabilidad y educativo son determinantes: una de cada 3 de esas madres adolescentes sólo completó la primaria.
El análisis de la situación fue expuesto en un plenario de ADPRA realizado en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba, y contó con el respaldo de los Defensores del Pueblo de todo el país y de UNICEF Argentina.
La evidencia ha demostrado que los principales obstáculos que afectan el acceso a los servicios de salud de los adolescentes están relacionados con las brechas de género y equidad, las barreras culturales (generalmente porque en los servicios no los consideran como sujetos de derecho, y les exigen la presencia de familiares adultos), la baja participación, la baja demanda de servicios de calidad por parte de los jóvenes y la falta de enfoques intersectoriales para promover su salud y su bienestar.
Ante este escenario, desde la Defensoría y la Red de Infancia de ADPRA se solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que se profundicen las políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos consagrados en la Ley Nacional 25.673.
