En la trinchera y más allá

Así estaba el Hospital de Niños Ricardo Alassia, en Santa Rosa de Lima, el 1º de mayo de 2003. La crisis se extendería luego por meses. Foto: Juan Carlos Roleri / Telam

La ONG Canoa forma parte del entramado institucional que auxilió a Santa Rosa de Lima, uno de los barrios más castigados por la inundación.

Los fundadores de Canoa, una ONG santafesina dedicada al hábitat popular, comenzaron a trabajar en Santa Rosa de Lima en 1989, convocados por un grupo de vecinos que tenía intenciones de organizar una cooperativa textil. Allí, el grupo formado por trabajadores sociales, arquitectos y técnicos en diversos oficios, conoció en profundidad el barrio, sus habitantes y puso manos a la obra: a comienzos de los 90 colaboraron con la vecinal en la presentación de un proyecto de desarrollo integral para el barrio ante la Secretaría de Promoción Comunitaria de la provincia. Le siguió una iniciativa de autoconstrucción de viviendas destinadas a familias con problemas habitacionales en terrenos ubicados al oeste de la barriada. Luego, la conformación del Espacio Interinstitucional, hoy denominado Red Barrial de Santa Rosa de Lima, con una propuesta de crecimiento urbano.

La trabajadora social Sandra Gallo, una histórica de Canoa, repasa el trabajo de la institución durante y después de la mayor inundación del río Salado, que afectó a todo el borde oeste de la ciudad.

—¿En qué punto los encuentra la crecida de 2003?

—Estábamos peleando por la ejecución de la propuesta de crecimiento urbano porque se había propuesto a las instituciones presentar un proyecto ProMeBa ante el gobierno nacional. A la par seguíamos con los talleres de autoconstrucción. Incluso algunos compañeros estaban en el barrio cuando llegó el agua y colaboraron sacando vecinos. Su recuerdo es estar parados en la vía subiendo gente a los camiones.

Interrogada sobre la actividad de Canoa durante la emergencia, Sandra Gallo comenta: “Se armó el Comité de Solidaridad, que buscaba articular acciones con las demás instituciones, y empezamos a caminar los centros de evacuados, tratando de encontrar a los vecinos del barrio que conocíamos, poniéndolos en comunicación con familiares que estaban en otros lugares. El comité, que también recibió donaciones, fue un referente porque las personas no sabían a dónde recurrir. Fue todo muy vertiginoso. Luego se empezó a indagar sobre quiénes eran los responsables de lo que había sucedido, por eso en junio de ese año se presentó una de las primeras denuncias penales contra los funcionarios. Al mismo tiempo, nos sentamos un día entero a pensar cómo seguíamos, a discutir cuál era el rol de una organización de hábitat en esa situación. No nos entró el agua en nuestras casas pero sí en la cabeza porque el territorio de trabajo estaba inundado y no teníamos incorporada la perspectiva de gestión del riesgo”.

Lo que siguió

Con asesoramiento del politólogo especialista en cuestiones ambientales Héctor Poggiese, los integrantes de Canoa aprendieron que hay un antes, un durante y un después de las catástrofes. “Entendimos que el tipo de asistencia que veníamos haciendo no estaba mal, pero teníamos que pensar nuevas estrategias para las fases que seguían: nos propusimos, una vez bajada el agua, hacer el relevamiento físico de los daños de instituciones del barrio y de las familias que lo solicitaran, con un presupuesto tentativo de lo que saldría reparar y volver a habitar esos espacios. Como nos ofrecieron fondos desde una institución francesa, también pensamos en el equipamiento necesario porque la gente había perdido todo. Fue un trabajo arduo que llevó cuatro meses, había que hacerlo rápido porque la gente volvía a sus hogares. En ese momento trabajamos con 140 familias que empezaron a reparar sus viviendas con un seguimiento que hacíamos desde la institución, experiencia que se repitió al año siguiente con otras 150 familias junto a Cáritas, que había recibido fondos para un trabajo similar y no podía ejecutar el proyecto porque no tenía el equipo profesional necesario para llevarlo adelante”, precisó Gallo.

Y agregó: “También trabajamos con la recuperación de la identidad barrial porque circulaba la idea de que la gente no quería volver al barrio. Si bien algunos manifestaban esa idea, en general todos habían vuelto a sus casas, intentaban limpiarlas y habitarlas. Así, recreamos la historia del barrio con los propios vecinos e hicimos un trabajo audiovisual donde al final los entrevistados, sin que lo preguntemos, decían por qué querían seguir viviendo en Santa Rosa de Lima”.

[quote_box_right]“Trabajamos en la recuperación de la identidad barrial porque circulaba la idea de que la gente no quería volver al barrio”. Sandra Gallo. [/quote_box_right]

Durante los años que siguieron a la inundación, Canoa repensó la propuesta de crecimiento urbano teniendo en cuenta la gestión del riesgo. “Entre 2004 y 2006 trabajamos en talleres y encuentros para comprender cómo vivir en una ciudad que está constantemente en riesgo. Elaboramos junto a vecinos del barrio San Lorenzo los planes de evacuación barriales y mapas del riesgo. Hubo un reclamo fuerte al Estado sobre esas cuestiones y algunas se fueron resolviendo, como el sistema de bombeo, la ampliación de la alcantarilla en la autopista que está a la altura de barrio Chalet y el desagüe troncal de calle Entre Ríos, que está próximo a terminarse”.

“Además, trabajamos en la producción de una publicación sobre gestión del riesgo para docentes que aún hoy nos siguen solicitando. Me sorprende positivamente que cuando ocurren hechos que nos recuerdan a 2003, la gente evoca lo que trabajamos posteriormente: saben que tiene que existir un sistema de alerta temprano, por ejemplo.  Todo eso es positivo porque uno va sembrando, trabajando cosas que no sabe cómo van a evolucionar y finalmente quedan”, valoró la trabajadora social.

La gestión del riesgo, hoy

Consultada por la situación de emergencia que atraviesa la región, Sandra Gallo reflexiona: “Lo que está sucediendo en los últimos meses evidencia todo lo que no aprendimos o no tomamos de los aprendizajes de 2003 y 2007. Por un lado, hay una consideración errónea de que la política de gestión del riesgo y sus herramientas sólo tienen que ser manejadas por funcionarios y técnicos. Un plan de contingencia que está en una página web o en un escritorio y no es conocido por la gente, no tiene sentido. Por otro lado, se sabía que la crecida del río Paraná iba a durar bastante. Cuando vimos el prototipo de módulo para los vecinos que debían evacuarse y no querían ir a un centro, planteamos que no durarían mucho tiempo porque la madera en verano es sumamente caliente y transmite la humedad. Y si una familia iba a tener que vivir cuatro meses así, no se puede pensar solamente en una habitación poco ventilada con un baño externo compartido”.

“La situación se prolongó por las lluvias. Estaba previsto. No sólo había aprendizajes a tener en cuenta, también está la tecnología que brinda nuevas herramientas: hace 15 años no podíamos saber con exactitud si una emergencia iba a durar cierta cantidad de tiempo. En septiembre declararon la emergencia hídrica, por eso me sorprende que no se avance en ese tipo de cosas a nivel de política pública local”.

Publicada en Pausa #171, edición de 28 de abril de 2016

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