El 19 de abril, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, integrada por tres hombres, condenó a una mujer a 8 años de prisión por haber sufrido un aborto en un hospital. La acusada, de 27 años, llevaba más de dos años presa en espera del juicio. Los hechos que derivaron en esta causa, y la causa en sí, muestran una vez más la violencia y el avasallamiento de derechos que las mujeres, sobre todo las mujeres pobres, sufren ante este tipo de situaciones.
En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén (nombre usado para proteger la privacidad de la joven) llegó a la Guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda, en San Miguel de Tucumán, buscando asistencia sanitaria por dolores abdominales y un abundante sangrado. Una vez en el Servicio de Ginecología del Hospital Avellaneda, al cual fue derivada, le hicieron un interrogatorio bastante insistente y acusatorio sobre su hemorragia. “Me preguntó si me puse algo porque no era normal el sangrado”, cuenta Belén, quien respondió que había ido al baño con un poco de sangre. Allí, el médico José Daniel Martín le informó en un primer momento que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 20 semanas. Belén le informó que desconocía estar embarazada, lo que repitió en todas sus declaraciones.
Los hechos subsiguientes son, como mínimo, increíbles: personal del hospital fue a los baños a buscar “el producto que habría expulsado” la paciente. Allí encontraron un feto que automáticamente fue nombrado por médicos, policías y funcionarios judiciales como “hijo” de Belén, sin tener ninguna prueba (nunca se realizó el ADN).
La joven tucumana relató ante los jueces: “Un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía ‘eso no es mío’ y me decía ‘mirá, este es tu hijo’. ” También contó en el juicio que cuando despertó estaba rodeada por varios policías que inspeccionaban sus partes íntimas, según informó APA (Agencia de Prensa Alternativa). Todos estos procedimientos son catalogados por los tratados de derecho internacional como formas de torturas y tratos degradantes.
Desde que ingresó al hospital, Belén jamás volvió a su casa porque le determinaron prisión preventiva donde continuó hasta hace una semana. La causa que se inició como aborto luego se re-caratuló como “homicidio doblemente agravado por vínculo y por alevosía”, pese a que no hay ninguna prueba que vincule en términos de filiación a Belén con el feto encontrado en el baño del nosocomio. Tampoco existen pruebas de que ella se haya provocado un aborto y mucho menos de que haya matado a una persona. Belén dijo esto a gritos, entre llantos, ante el Tribunal el 19 de abril, cuando fue condenada a 8 años de prisión. Actualmente, la joven sigue en un penal en la provincia de Tucumán y espera la próxima instancia para apelar la sentencia.
Reclamo internacional
Amnistía Internacional se sumó esta semana al reclamo impulsado desde diversas organizaciones feministas y de derechos humanos para exigir la liberación de Belén. En la página web del movimiento, se exhorta a realizar llamamientos al Procurador General y al Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán, para que "se libere de manera inmediata e incondicional a Belén, garantizando que ni ella ni ninguna otra mujer o niña será sometida a un proceso criminal por haber sufrido un aborto espontáneo o cualquier otra complicación obstétrica; se instruya a los profesionales de la salud a garantizar el deber de confidencialidad médico-paciente y a garantizar mecanismos efectivos para sancionar a todo aquel que viole el derecho a la privacidad de la mujer o niña; las autoridades inicien de manera rápida, imparcial e independiente una investigación sobre las alegaciones de malos tratos y violación del derecho a la privacidad por parte de los efectores de salud y miembros de las fuerzas policiales".
