Los motivos tras las protestas que agitan a Santa Fe.
En el departamento La Capital hubo 93 homicidios entre el 1º de enero y el 6 de septiembre de este año; en Rosario llevaban contados 137 en los primeros ocho meses de 2016. Las cifras se acercan a las de 2014, el año con mayor cantidad de crímenes en la historia de la provincia.
Los distintos sectores políticos coinciden, aunque con matices, en los diagnósticos. Se trata de un problema complejo que no se resuelve sólo con las fuerzas de seguridad. Hasta allí todos de acuerdo.
[quote_box_right]Por prevención
En los últimos años se lanzaron una serie de políticas con eje en la infraestructura (Plan Abre) y en la inclusión de los jóvenes de los barrios más postergados (Programa Nueva Oportunidad y Jóvenes Incluidos). La oposición viene remarcando la necesidad de que se asignen más personal y presupuesto, sobre todo después de los recortes de la Nación.
“Coincidimos en muchos de los programas –indicó la diputada provincial Patricia Chialvo (PJ)– pero en el territorio han fracasado. Hay una gran debilidad institucional y, lo que es toda una definición política, hay poca asignación presupuestaria para los programas de prevención del delito”.[/quote_box_right]
La ola de asesinatos que sacudió a las ciudades más grandes de la provincia durante agosto –solo en Rosario hubo 23 casos en 30 días– profundizó la tendencia iniciada este año, luego de un 2015 con cifras a la baja. y empujó a miles de santafesinos, sin redes ni armados políticos, a ganar la calle para hacer oír sus demandas de seguridad y justicia.
Lejos de los planteos de mano dura que propone la televisión porteña, en la provincia de Santa Fe los tres poderes del Estado se metieron de lleno a discutir posibles soluciones. Es cierto: lo hicieron apurados por la masiva marcha del 25 de agosto en Rosario. De ese debate, surgen los puntos centrales del problema:
Policía. Ya nadie niega que es una estructura viciada, corrompida y desbocada. Pero, a diferencia de la gestión anterior, la oposición le reconoce al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro su voluntad de querer comandarla. La reforma lanzada en 2012 quedó a medias; ahora parece profundizarse con medidas que apuntan a avanzar en la depuración –sobre todo de los mandos altos y medios investigados o en disponibilidad– y en el ingreso de nuevos agentes formados bajo criterios del Plan de Seguridad Democrático: serán 1200 por año, según adelantó Pullaro.
Armas. La circulación va en aumento y las pocas estadísticas oficiales dan cuenta, apenas, de una parte del problema. La Municipalidad había prohibido la venta de armas de fuego y municiones entre abril y junio de 2015, como medida de excepción. A partir de allí la Secretaría de Control comenzó a llevar un registro. En 13 meses se vendieron 1.722 armas en las diez armerías habilitadas en la ciudad. En promedio, 132 armas y 95 mil municiones por mes. El dato que falta refiere al mercado ilegal; se calcula que por cada arma legal hay otras tres ilegales en circulación, pero hasta ahora nadie pudo mostrar cifras concretas. En la provincia –la proporción se repite en ciudades y pueblos– siete de cada diez asesinatos son con armas de fuego.
Impunidad. En la provincia se castigan sólo dos de cada de diez casos de homicidios, según reveló el defensor general Gabriel Ganón. Como complemento de la ineficacia judicial, el abuso policial: en 2014 –último dato disponible– apenas el 3,44% de los detenidos por averiguación de antecedentes tenían pedido de captura.
