De la militarizada guerra a las drogas al abierto aval de la justicia por mano propia, paso a paso, la política de seguridad va aproximando un peligroso horizonte de violencia.
La lógica del Lejano Oeste ha llegado a la Casa Rosada.
El viernes 26 de agosto, Ricardo Krabler interceptó, armado, al médico Lino Villar Cataldo en la puerta de su casa en Loma Hermosa. Lo sacó de los pelos de su Toyota Corolla, tras meterle un culatazo, y se ubicó detrás del volante para huir con el coche. Villar Cataldo buscó una Bersa Thunder de su propiedad, que tenía escondida en un cantero de su casa, y le clavó a Krabler cuatro tiros a corta distancia. Villar Cataldo alega legítima defensa y haber sido amenazado de muerte por Krabler, que murió tras los disparos.
Más allá de lo que la Justicia tuviera que dictaminar, el 30 de agosto, en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sentenció que “la víctima fue el médico y no hay que perder de vista ese concepto”. A los pocos días se confesó en radio Mitre: “Lo entendí, es una situación dramática que uno vive cuando está al borde de la muerte. Yo recomiendo no usar armas, no uso armas, pero no sé cómo hubiera actuado. Esta persona sufrió una situación de trauma y reaccionó quizá sin saber lo que podía hacer el ladrón”. Bullrich mandó un mensaje: “Espero que la Justicia sea justa, que entienda el momento, la emoción y que ponga las cosas en su justo término. Hay que volver a darle el lugar a la víctima y protegerla, que es una de las grandes deudas del Estado”.
Mientras tanto, un relevamiento de Diario Popular establece que en julio y agosto, en la Justicia de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, se iniciaron los trámites de 15 casos recientes y similares: intentos de robo seguidos por el asesinato del asaltante a manos del asaltado. La revista Veintitrés publicó datos del fiscal federal Federico Delgado, de la Fiscalía N°6 de Comodoro Py, Capital Federal: en los últimos seis meses las causas por consumo personal –giles a los que cacharon drogándose– aumentaron un 30% respecto del año pasado. Y ya el 70% de las causas abiertas por temas vinculados a drogas están referidas al último eslabón de la cadena, el consumidor. ¿Queda claro hacia dónde apunta el paradigma de lucha contra el narcotráfico? Un dato más: en marzo, Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe realizó 104 inspecciones en comisarías y subcomisarías de La Capital, Rosario y San Lorenzo y encontró 588 armas de fuego provenientes del circuito ilegal, que nunca llegaron a manos de la Justicia, como debió haber sucedido. Sólo en La Capital había 331 fierros, en su gran mayoría armas cortas y tumberas –armas de fuego de fabricación casera– sobre todo en las comisarías del norte de nuestro departamento. En Rosario el yeite parece ser otro, ya que se secuestraron solamente 11 armas, pero había 572 municiones calibre 9 mm sin registro.
Represión por derecho, excepción y necesidad por ley, emotividad por argumentación, mercado del delito por política de seguridad. Los manuales definen al Estado como la institución que posee el monopolio del uso –más o menos letal– de la fuerza legítima. El ejercicio, alcance e intensidad de este monopolio es infinitamente variable. La Justicia, la Policía y la población en la intemperie –con tumberas o con Bersa Thunder– comprenden con eficacia lo que las declaraciones de Bullrich entrañan y lo que un repaso rápido del panorama evidencia. Un horizonte próximo se abre a un suicida espectáculo de furia.
El triunfo del terror
En nombre de las víctimas y el dolor de los vivos, la ministra Bullrich amparó una acción que ella comprende como un acto de guerra, ya que evidentemente la letra de la ley no le alcanza: diga lo que diga la Justicia, la víctima seguirá siendo el médico.
Para Bullrich y el gobierno nacional, entre finales de 2013 y principios de 2014 hubo una batalla abierta. Como toda batalla, sus soldados rasos no supieron bien por qué y a nombre real de quién fueron a entregar su carne. Como toda batalla, el triunfo estuvo del lado de quienes tuvieron la voluntad moral de seguir hacia adelante, no importa lo que pase ni sus consecuencias. Como toda batalla, tuvo un ganador, y ese ganador es el que trazó los términos de un nuevo contrato social. Porque los contratos que regulan nuestra vida social no son, nunca lo serán, atildados acuerdos establecidos por pacíficos consensos. Todos los contratos sociales son la fotografía del recuento de un campo de cadáveres y de las fuerzas disponibles para volver al ruedo, por eso son siempre temporarios, por eso su modificación necesita tanto tiempo histórico. Bullrich y el gobierno nacional postularon al triunfador de los linchamientos que se dieron durante los paros policiales de fines de 2013 y las letales palizas colectivas de marzo y abril de 2014. Los matanegros hoy escuchan desde el Palacio todo lo que quieren oír. La televisión amplifica el veredicto de la ordalía, el Estado tiene una deuda de sangre.
No importa si la tasa de muertos en ocasión de robo es mínima –7% en el período 2007 a 2014, en el departamento La Capital– en relación con el total de las causas de homicidio. No importa si la enorme mayoría de los homicidios resultan de trifulcas por motivos insignificantes, pero azuzados por contextos donde la violencia resuelve los conflictos que ningún otro tipo de mediación institucional o afectiva puede acomodar o digerir. No importa si la mayor cantidad de cadáveres la ponen y la cargan los jóvenes más pobres en los barrios. No importa si la presencia del Estado en las zonas de abandono fue tan desmenuzada con el paso de las décadas que hoy se necesita de trabajadores especializados, valientes y valiosos para que se adentren en el territorio, muchas veces en directa oposición a la propia burocracia, en pos de reconstruir como arañas los lazos más elementales y corrientes, que no notamos en su densidad quienes sí disponemos de la alegría del salario mínimo, la pared y el techo de material. [quote_box_right]Represión por derecho, excepción y necesidad por ley, emotividad por argumentación, mercado del delito por política de seguridad. Los manuales definen al Estado como la institución que posee el monopolio del uso –más o menos letal– de la fuerza legítima. El ejercicio, alcance e intensidad de este monopolio es infinitamente variable. La Justicia, la Policía y la población en la intemperie –con tumberas o con Bersa Thunder– comprenden con eficacia lo que las declaraciones de Bullrich entrañan[/quote_box_right] No importa si los jóvenes varones más pobres son aquellos que reciben de la Policía el continuo verdugueo, la manteada en el destacamento, el balazo oficial. No importa si es la misma Policía la que provee en alquiler las pistolas y las municiones a esos mismos jóvenes varones más pobres a los que también tortura. No importa si la gorra y la gorrita conviven en la gestión y disposición final de mujeres pobres y estupefacientes caros para gozoso usufructo de la población que, del otro lado de la avenida, levanta rejas y pide patrulleros para reforzar sus negro free zones. No importa si los jóvenes varones más pobres son depositados en prisiones de inconcebible hacinamiento y vida arrasada; el deseo es que el castigo sea permanente e indefinido y ya ni importa postular la falacia de la reforma o enderezamiento: que aprenda mejor la economía del delito en la cárcel, con tal de que sufra. No importa si la droga más vinculada al delito sea la legal –el cóctel de alcohol y pastillas del abuelo– y no la falopa sintética que desconectó a cinco chicos en la fiesta Time Warp o la coca que mantiene despiertos a los laburantes rabiosos o el faso que tu hijo planta a escondidas. No importa si la militarizada “war on drugs” provocó en cada país en que fue implementada un aumento exponencial del tráfico y el crimen, consolidando las bandas delictivas como organizaciones paraestatales. No importa si el gobierno de la economía delictiva tiene a sus déspotas fuera de los barrios y a sus esclavos de gorra y gorrita muriendo de fuego y pobreza, todo por ellos y su ganancia, sin fervor, sin remordimiento, sin sentido.
La respuesta a todo la darán los implacables ojos de las armas.
El umbral de la mano dura fue traspasado, quedó muy atrás, y la avanzada supera al mero revanchismo de clase. La respuesta política –la tramitación de los conflictos mediante la organización y la palabra– fue desplazada por la gestión muda de la represión de los cuerpos abandonados de los pobres. El Estado declaró que la sociedad tiene sus enemigos en la propia sociedad. Identificó una gangrena. Declaró que contra el enemigo todo es válido.Declaró que su forma de gobernar la seguridad será la administración del terror.
