Casi la mitad de la provincia de Santa Fe fue afectada por las inundaciones; se estiman pérdidas por 764 millones de dólares en el sector productivo.

La lluvia que cayó en Santa Fe la última semana de diciembre y la primera de enero causó inundaciones y anegamientos en vastos sectores productivos. El gobierno provincial, que prorrogará por seis meses la emergencia decretada el año pasado, calculó pérdidas por 764 millones de dólares. Son alrededor de 3.000 millones si se suman las pérdidas acumuladas desde la anterior inundación (abril y mayo 2016).

En el sector agrícola (soja, girasol y maíz) se estiman pérdidas por 764 millones de dólares, según datos del Ministerio de la Producción de la provincia. De las 2.300.000 hectáreas cultivadas en todo el territorio santafesino, 948.000 hectáreas están afectadas: 324.000 de soja de primera, 316.000 de soja de segunda, 80.500 de girasol y 228.000 de maíz.

Inundaciones en la zona de Rafaela. Foto: Gobierno de Santa Fe
Inundaciones en la zona de Rafaela, departamento Castellanos. Foto: Gobierno de Santa Fe

El sector lácteo también está perjudicado. Sobre 3.500 tambos que hay en la cuenca lechera santafesina, 869 están inundados. Se estiman pérdidas de 1.500.000 de litros de leche por día. “Llevado a los próximos 30 días, que es el cálculo mínimo que analizamos como de afectación segura, estamos hablando de una pérdida de 256 millones de pesos, sin cuantificar los daños en infraestructura y caminos”, indicó el ministro de la Producción Luis Contigiani.

El funcionario dijo la semana pasada que aunque las pérdidas son “millonarias”, resultan “menores” a las del año pasado. De todos modos, planteó que se trata de “una emergencia extraordinaria que merece la llegada de una ayuda también extraordinaria de parte del gobierno nacional”.

Este martes, el gobernador Miguel Lifschitz le bajó el tono a las demandas y adelantó que presentará un informe de la situación ante el gobierno central para trabajar, pasada la crisis, en soluciones definitivas al tema hídrico: entre otras, un seguro agrícola a nivel nacional y la ampliación del Fondo de Emergencia, de 500 millones de pesos (para todo el país), que considera insuficiente.

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