Un relevamiento da detalles de las vulneraciones de derechos y de las acciones del Estado.
Santa Fe fue la primera provincia en crear una Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco de la ley provincial 12.967. Comenzó a funcionar el 8 de marzo de 2012, día en que Analía Colombo prestó juramento ante la Asamblea Legislativa y dio inicio a su primer mandato, que culminó en marzo de 2017. Fue renovado por las cámaras por un período más.
Al cumplir sus cinco primeros años de trabajo, el organismo presentó un balance en el cual dan cuenta de los abordajes realizados, pero donde además exponen un mapa de situación de la niñez en nuestra provincia, un punto de partida desde el cual pensar y repensar las políticas públicas destinadas a esta población.
Si bien el rol de la Defensoría es monitorear y velar por el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de niñas, niños y adolescentes, se prioriza el trabajo con quienes se encuentran en contextos de vulnerabilidad, los que más requieren de la protección del Estado.
Violencias multicausales
Según el estudio realizado por la Defensoría, a través de su Área de Atención Integral, las vulneraciones de derechos ligadas al centro de vida/situación familiar y violencia se corresponden con la mayoría de las situaciones abordadas, representando el 70% de los casos.
Entre 2012 y 2016 el tema por el cual la Defensoría registró más presentaciones es centro de vida/situación familiar, el cual pasó de un 38% en el primer año a un 45% del total de menciones a octubre de 2016. Vinculados al tema de la violencia se han registrado, en el mismo período de tiempo, del 36 al 24% de las menciones.
“Estos indicadores remiten a los efectos de las mutaciones que han tenido lugar en las instituciones productoras de subjetividad infantil, como lo son la familia y la escuela. A partir de la economía neoliberal, la declinación de estas instituciones se traduce en la ausencia de vínculos posibilitantes de relaciones de pertenencia (soy parte de…) e identitarios (soy). Borran las asimetrías entre las edades, las diferencias entre ser niño o adulto, afectando las lógicas y prácticas de cuidado y las responsabilidades que caracterizan a los lazos familiares. Es por ello que se considera fundamental que las leyes capten la realidad social sobre la cual legislan, e incidir en nuevas lógicas de protección y cuidado”, se expresa en el informe.
Líneas de monitoreo
Para analizar las causas de estas vulneraciones, la Defensoría cuenta con un Área de Promoción y Monitoreo de Derechos, además de un Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la provincia de Santa Fe, creado junto a Unicef en 2013.
De las cuatro líneas de monitoreo implementadas –a la inversión social en niñez y adolescencia, a los medios de comunicación, al sistema de justicia penal juvenil y a la de protección de niños sin cuidados parentales– se desprenden los datos más relevantes del balance.
[quote_box_right]Es “fundamental que las leyes capten la realidad social sobre la cual legislan, e incidir en nuevas lógicas de protección y cuidado”.
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Respecto de las asignaciones presupuestarias para las políticas públicas orientadas a las chicas y chicos por parte del gobierno de la Provincia, se observa una tendencia creciente del gasto y, respecto al destino del mismo, el sector educativo, seguido por salud y obras sociales, concentran aproximadamente un 90% del total. La categoría protección con incidencia específica en las niñas, niños y adolescentes más vulnerables, alcanza para todos los años bajo análisis una participación en el total del gasto próxima al 2%. En este punto, la Defensoría remarca la necesidad de asignar mayores recursos y lograr una mayor eficacia en sus destinos, para poder llegar más y mejor a la población.
Sobre la representación en los medios de comunicación, en las 294 noticias de medios gráficos monitoreadas en 2013 se registra que la mención que aparece con más frecuencia y que es la más difícil de desterrar es la palabra menor (78%), seguida por malviviente (10%) y delincuente (8%), además en un 15% vulneraban los derechos de imagen e identidad. “Sigue apareciendo con frecuencia la presencia de términos estigmatizantes, peyorativos, que son naturalizados. Es habitual que en los medios se identifique como menores a quienes se encuentran en conflicto con la ley penal, marcando así una diferencia con el resto de las chicas y chicos”, se explica en el informe.
En el monitoreo realizado sobre noticieros de televisión durante 2014-2015, se observó que, de las 1.612 noticias relevadas, al menos un 68% referían a un derecho vulnerado, pero en un 23% las coberturas propiciaban una revictimización de niñas y niñas, dando sus datos o los de sus familias completos y difundiendo su imagen.
En relación a Justicia penal juvenil se señala, en primer lugar, que en materia legislativa está aún pendiente la adecuación de la normativa de Justicia juvenil al paradigma de protección integral, ya que permanece vigente el decreto/ley 22.278 –impuesto en 1980 por la última dictadura cívico militar– llamado Régimen Penal de la Minoridad, cuyas disposiciones tutelares no se adecúan a la Convención de los Derechos del Niño, ni a las Reglas de Beijing de las Naciones Unidas, ni tampoco a las leyes nacional y provincial de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Por otro lado, la Defensoría pondera los avances significativos realizados en los últimos años desde la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (DPJPJ) en el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (Irar), tanto en infraestructura como en proyectos socioeducativos, pero apunta que estas iniciativas no se ven replicadas en las instituciones de régimen cerrado dispuestas para el centro-norte provincial: Pabellón Juvenil Las Flores y División de Asuntos Juveniles (DAJ), ambos emplazados en la ciudad de Santa Fe, donde se registran condiciones edilicias inadecuadas, proyectos institucionales diferentes al implementado en Irar, y una asignación presupuestaria significativamente menor, entre otras diferencias.
En el caso específico del Pabellón Juvenil de Las Flores, aspectos vinculados a la seguridad y la ausencia de personal especializado son señalados con preocupación por parte de la Defensoría, ya que en algunas ocasiones se ha debido poner en marcha el protocolo de actuación frente a apremios y malos tratos elaborado por la DPJPJ.
[quote_box_right]Casi en el 50% de los centros residenciales el estado general del edificio es malo o regular; más del 60% presenta condiciones de hacinamiento.[/quote_box_right]
Por otro lado, también se remarca la situación de las adolescentes mujeres en el sistema penal juvenil santafesino, que representan menos del 5% de la población total de jóvenes infractores o presuntos infractores de entre 16 y 18 años de edad ingresados en el sistema, pero donde también se registran importantes dificultades para garantizar el acceso a la Justicia de las jóvenes alojadas, así como los derechos a la educación, la salud y la recreación con carácter permanente. Desde la Defensoría remarcan la importancia de incorporar la perspectiva de género y de asignar más recursos.
En cuanto al Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales, se relevaron los 44 centros residenciales de toda la provincia y algunos resultados parciales dan cuenta de que: casi en el 50% de los centros residenciales relevados el estado general del edificio es malo o regular; más del 60% presenta condiciones de hacinamiento; más del 80% expresó que las articulaciones con la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia son malas o regulares; el 85% manifestó que el contacto de los trabajadores de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia con las niñas, niños y adolescentes alojados en el centro residencial sólo se da en pocos casos; alrededor del 50% manifestó que logran el acceso de las niñas, niños y adolescentes a su derecho a la salud, pero con ciertas dificultades de articulación con los dispositivos específicos, sobre todo los destinados a salud mental; el 88% confirma la escolarización de las niñas, niños y adolescentes alojados.
En el informe se señala la falta de registro sobre la cantidad de niños y niñas que se encuentran sin cuidados parentales en la provincia, cifra a la que arribaron de manera estimativa con este relevamiento, desde donde proyectan que se trataría de unos 800 a 1.000 chicos y chicas. “La importancia de contar con un sistema informativo de gestión no es solamente una cuestión inherente a un necesario proceso de modernización del Estado, es la expresión de un trabajo articulado que permitiría tener conocimiento de las historias de vida de las niñas, niños y adolescentes, sus trayectorias por las instituciones y qué tipo de actuaciones requieren”.
14 años de mora
Aunque la ley que crea la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional data de 2005, y al momento de ser sancionada se había impuesto un plazo no mayor a 90 días para que se designe al Defensor/a, ese puesto se encuentra vacante. Jamás se hubo un Defensor/a. Ante el amparo presentado por varias ONG, una jueza hizo lugar al reclamo y exhortó al Congreso a realizar la designación. Días después de la orden judicial, se formó la comisión bicameral necesaria y se prometió que la designación se hará antes de fin de año.
