Vuelven las privatizaciones: centrales eléctricas santafesinas en la mira

Aranguren, el hombre fuerte en Argentina de la petrolera Shell es hoy el ministro de Energía.

Baja de jubilaciones y salarios, flexibilización laboral, deuda externa, importaciones, timba financiera, despidos , recorte presupuestario: para volver a los 90 faltaban sólo las privatizaciones, que hoy arrancan en Energía y por decreto. Las centrales de Sauce Viejo y Timbúes pasarán a manos privadas.

Se terminó la soberanía energética. Por decreto, el gobierno creó Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa), una megaempresa del Estado que no sólo está compelida a tercerizar toda construcción de infraestructura energética en curso, sino que además debe privatizar numerosas centrales eléctricas –como las de Sauce Viejo y Timbúes–, la provisión de dióxido de uranio para centrales nucleares Embalse y Atucha I, y varias redes de transmisión de energía.

El Boletín Oficial publicó hoy el Decreto 882/17 por el cual desaparecen Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima) y la menos conocida Ebisa (Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima), que cumplía la fundamental función de comercializar la energía eléctrica proveniente de los aprovechamientos binacionales e interconexiones internacionales. Esas dos empresas, centrales para el desarrollo energético como política pública, pasarán a ser Ieasa.

Hasta aquí, una fusión que pone bajo la misma coordinación a Yacyretá y el desarrollo de gasoducto Esperanza/Rafaela/Sunchales. El punto es que esta megaempresa del Estado, tal como se establece en el Decreto 882/17 tiene un viejo propósito: que nada de lo que deba ser estatal permanezca en manos del Estado. El apotegma del privatizador Roberto Dromi se actualiza en el decreto de este modo: "con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública relacionada con actividades del sector de la energía, limitando la participación del Estado a aquéllas obras y servicios que no puedan ser asumidos adecuadamente por el sector privado".

A manos privadas

No basta la experiencia histórica de las pobrísimas performances de las empresas privatizadas en energía, petróleo o agua, su bajísimo nivel histórico de inversión e, incluso, sus abiertas políticas de rapiña y vaciamiento, tal como sucediera con Repsol-YPF y la concesión santafesina del agua. Otra vez, y sin pasar por el Congreso, Argentina entregará a los privados parte central de sus posibilidades de desarrollo.

Por decreto, el gobierno estipula la directa "venta, cesión u otro mecanismo de transferencia, según corresponda" de las acciones de las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López (esta última es la de Sauce Viejo), la central Dique, la Güemes, la Puerto, las Patagónicas, la empresa de transporte de energía troncal de la Patagonia. También el decreto estipula la venta, cesión o transferencia de "los derechos que correspondan al Estado Nacional" sobre los las termoeléctricas Manuel Belgrano,  José de San Martín (Central Timbúes), Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.

La Central Brigadier López fue una obra inaugurada el 30 de agosto de 2012. Ubicada en el parque industrial de la localidad de Sauce Viejo, dispone de una potencia instalada de 280 MW. En ese mismo se anunció la construcción de la termoeléctrica de Timbúes, una de las dos más grandes del país, que opera con una potencia de 800 MW.

Párrafo aparte merece la privatización de Dioxitek Sociedad Anómina. La empresa pública es la tercera productora mundial de fuentes selladas de Cobalto y es la proveedora de combustible de uranio para las centrales nucleares argentinas.

Estos logros del Estado pasan ahora al disfrute de los privados.

Ieasa también tendrá a su cargo la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz Cóndor Cliff y La Barrancosa, la Central Térmica Río Turbio y los gasoductos  Esperanza/Rafaela/Sunchales,  Cordillerano/Patagónico,  Cordillerano, y de la Costa. En el caso de las represas y su explotación Ieasa "deberá prever la posibilidad de la transferencia de dicha concesión al sector privado, mediante el desarrollo de un procedimiento público y competitivo".

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