La Justicia frenó la privatización de AySA

Aysa

El Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata dictó una cautelar cuestionando el proceso impulsado por el gobierno de Milei y advirtió por riesgos en el acceso al agua potable y la protección ambiental.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Mariano López, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense y frenó la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa pública a cargo del agua potable y el saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran parte del conurbano.

En el fallo, López cuestiona el proceso impulsado por el gobierno de Javier Milei -que busca transferir al menos el 51% de las acciones de la empresa a un operador estratégico y colocar el resto en el mercado- y advirtió por el impacto que podría tener en el acceso al agua potable, las obras de infraestructura y la protección ambiental.

El escrito recalcó que el nuevo esquema de concesión no refuerza las garantías vinculadas al acceso universal al servicio ni incorpora mayores mecanismos de prevención o recomposición ambiental, y que esto podría traducirse en "reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas”. Por lo tanto, ordenó a AySA mantener sin cambios la prestación, inversión e infraestructura en los 26 municipios bonaerenses en los que brinda servicios.

El Gobierno avanza con el proceso de privatización de AySA

En su presentación, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires había señalado que el proceso de privatización no contemplaba "elementos básicos que garanticen el acceso al agua" y desconocía la existencia de "pasivos ambientales" en territorio bonarense, poniendo en riesgo los derechos humanos al agua potable y a un ambiente sano.

El fallo representa un freno a las pretensiones del gobierno, que ya había avanzado con el llamado a licitación y había aprobado el modelo de contrato que regiría la concesión del servicio, que sería de 30 años y podría extenderse por una década adicional. El esquema se inscribe en lo dispuesto por la Ley 27.742, que declaró a la compañía “sujeta a privatización”, y por el Decreto 494/2025, que autorizó la venta del paquete accionario.

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