Más de 500 menores en toda la provincia, hacinados en hogares con personal precarizado.
En la toda la provincia de Santa se contabilizan 503 niños, niñas y adolescentes en 41 instituciones de acogimiento. De ese total, 270 son mujeres y 220 varones. Con relación a las edades, el 15% de las niñas y niños tienen hasta 5 años; el 31% de 6 a 10 años; el 19% entre los 11 y los 13; el 26% entre14 y los 18 años, y un 3% son jóvenes mayores de edad. El 48% de la población de los hogares es adolescente, dado que tienen entre 11 y18 años o más. Estos datos responden al diagnóstico realizado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia (con el apoyo de Unicef y el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia), difundido semanas atrás en virtud del cuadro de situación correspondiente al período 2016-2017.
El propio informe hace hincapié en el estado edilicio de las instituciones y en las condiciones de alojamiento. De esa forma, se sabe que el 44% de los hogares presenta hacinamiento y el 39% está sobreocupado (en el nodo Santa Fe es el 62% y el 69 %, respectivamente). Con relación al estado edilicio deficitario de los hogares, el relevamiento indica que el 41% registra condiciones regulares y malas, mientras que en el 46% hay obras de remodelación pendientes (38% y 38%, respectivamente, para el nodo Santa Fe). En cuanto a la infraestructura, se detectaron humedades, goteras, falta de ventilación natural y de luz natural y deficiencias en la seguridad, puertas, ventanas y escaleras. A su vez, se observó mal funcionamiento en baños, paredes y techos que requieren arreglos y proyectos de remodelación de habitaciones y patios. El diagnóstico de la Defensoría subraya que las refacciones prolongadas pueden ser perjudiciales para la salud de los chicos habida cuenta de la presencia de herramientas, escombros y suciedad.
Acerca de la permanencia en los hogares, la vigencia de las medidas de protección excepcional, el 71% de las instituciones aloja niñas, niños y adolescentes con medidas vencidas; mientras que el promedio de permanencia en una misma institución supera el año y medio. Al respecto, cabe considerar que el Código Civil y Comercial nacional fija un plazo de seis meses para definir el proceso de una medida de protección excepcional.
Frente a la realidad descripta por este informe, el ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Jorge Álvarez, le manifestó a Pausa que “los hogares de alojamiento son propios o bien conveniados. En materia de alojamiento, el incremento de cantidad de plazas conveniadas creció un 94%, desde 2015 a la fecha, alcanzando las 628 actualmente. Este incremento, medido en pesos, ascendió a un 615%”. La inversión total anual de 2017 fue de 99.166.000 pesos.
El funcionario precisó, además, que en instituciones propias del ministerio que dirige, las plazas disponibles son 225 en 19 residencias, “con un incremento del presupuesto de gastos de funcionamiento del 136%, desde el inicio de la actual gestión”. Y agregó: “Las plazas totales son 805, a las que en el primer trimestre de 2018 se sumarán 48 para trabajar la autonomía progresiva de jóvenes mayores de 16 años”.
Álvarez enfatizó que la inversión en infraestructura y equipamiento (en la actual gestión) alcanza los 19,7 millones de pesos. “Se incluye la compra de un inmueble para ampliar el Hogar Fracchiolla, un nuevo edificio para el Gabriela Mistral y se encuentra en trámite la compra de un nuevo inmueble para el Hogar Solares del Sur. Y se continúa en ejecución un plan de obras”.
En alusión a las políticas de infancia, el ministro aseguró que “se interviene desde el servicio local de municipios y comunas y de los niveles de gobierno, desde el Poder Judicial, abocándonos a las causas que provocan que muchos niños, niñas y adolescentes deban ser separados de sus padres biológicos por vulnerabilidad, violencia o abandono, entre otras causas, a través de una medida de protección excepcional”. Sobre ésta última cuestión, sostuvo que el gobierno provincial –a través de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia– trabaja para que “mientras perdure la medida, (el menor) tenga la mejor calidad de vida ya sea en la familia ampliada, en una familia solidaria o un centro residencial, con el compromiso que la misma se extienda en el menor tiempo posible –resaltó– proponiendo la vuelta al seno familiar, a la familia ampliada o la condición de adoptabilidad al Juzgado de Familia interviniente. No podemos dejar de destacar que siempre la medida dictada por Niñez tiene el control de legalidad de la Justicia”, definió Álvarez.
Puertas adentro
Adrián Rosso, secretario de Acción Social de ATE Santa Fe, recordó que en mayo de 2017 desde su entidad se denunciaron hacinamiento y problemas edilicios en la gran mayoría de los hogares, lo que conllevó una movilización de alcance provincial. Luego de mantener una vía de diálogo con funcionarios de Desarrollo Social, “una buena parte de las situaciones edilicias se empezó a solucionar. Al día de la fecha, si bien hay una mejoría, lejos estamos no de lo ideal, sino de lo básico e indispensable”, recalcó. En concreto, los problemas no son otros que filtraciones en días de lluvia, deficiencias eléctricas, carencia de elementos básicos de limpieza, falta de funcionamiento de calefones, entre otras cuestiones similares. “Una de las grandes deficiencias es que el Estado no tiene edificios propios. Muchas casas se alquilan. El Estado ha ido comprando, pero lejos estamos de lo mínimo e indispensable”, insistió y apuntó que en hogares trabajan alrededor de 600 personas en toda la provincia.
En esa misma línea, el dirigente apuntó a “la falta de recursos humanos”. “Hay hogares con 14 plazas y hay 16 o 17 chicos. En ese hogar debería haber entre tres y cuatro personas por turno y hay dos por turno”, graficó mientras cuestionó: “Hoy, en su gran mayoría, los hogares formales son polirubros: el auxiliar de preceptor cocina, limpia, lava; el ecónomo es administrativo y cocinero; el equipo técnico interdisciplinario (psicólogo, asistente social y terapista ocupacional) es casi una utopía”. Rosso no soslayó la presencia de trabajadores precarizados provenientes del programa Acompañantes Personalizados a los que denominó “acompañantes institucionalizados”. En el marco de un acuerdo paritario, en diciembre pasado se iba a llamar a concurso para el escalafón de acompañantes personalizados, cosa que no ocurrió.
Como conocedor de la temática, el sindicalista remarcó que “la gran mayoría de los chicos que está en los hogares supera los 10 o 12 años de edad. Como la gente quiere adoptar niños de hasta tres o cuatro años, y al resto nadie lo adopta”. No pocos adolescentes llegan a los 18 carentes de herramientas, pese a la implementación de programas (educativos, de vivienda y de empleo) que apuntan a lograr la autonomía de los jóvenes que subsistan solos.
Precarizados
Más allá del análisis de las cifras y los porcentajes, hablar de chicos que habitan en hogares implica fijar la mirada en el personal que los asiste y los cuida. En ese sentido, Acompañantes Personalizados es un programa de características ambulatorias que busca velar por los derechos de los niños. Sin embargo, su aplicación se ha desvirtuado y muchos de estos trabajadores cubren tareas en las instituciones cobrando por hora y sin ningún tipo de formalidad contractual: cobran en negro 82,50 pesos la hora a instancias de subsidios. No disponen de obra social, seguro, vacaciones ni aportes.
Acompañantes precarizados reclamaron por derechos básicos pendientes
En la práctica cotidiana, los acompañantes institucionales realizan actividades relativas a las salidas de los niños para ir a la escuela, llevan a cabo actividades extracurriculares o deportivas, consultas médicas y/o vinculaciones familiares. Pero no sólo eso: también están abocados al funcionamiento del hogar, desde la cocina, hasta la limpieza.
