Mano a mano con la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe.
Acceder a un plato de comida solo en el comedor escolar o del barrio. Vivir en la pobreza. Sufrir abusos y malos tratos. Trabajar desde chiquitos. No contar con las herramientas que solo la educación puede brindar. Son algunas de las situaciones que atraviesa la niñez vulnerable y vulnerada en nuestro país y no son otros que los adultos los que deben asumir la responsabilidad. “Cuesta que los adultos que estamos en el sistema entendamos que se necesita especialidad, mucho tiempo y que hay que hacer casuística, que no es serial. Cada caso tiene una particularidad. Y pensar que el tiempo no es el del adulto, ni de la justicia, ni de la administración. Es el tiempo del niño, que es muy corto”. De esa forma, Analía Colombo, a cargo de la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes desde 2012, comenzó una charla con Pausa que procuró abordar las principales problemáticas que afligen a la infancia.
Acorde al último estudio de Unicef, el 48% de los chicos sufre al menos una privación en sus derechos básicos. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA habla de casi cinco millones que son doblemente pobres debido a que en sus hogares no se llega a cubrir la canasta básica. Frente a la gravedad de la situación, la ombudsman recalcó que “esto viene de la mano de mayores vulneraciones de derechos: falta de acceso a la salud, la educación, la alimentación. Y todas las vulneraciones que están alrededor de la pobreza que son nefastas”.
–¿Qué hace el Estado y que no hace para revertir esta realidad?
–No está lo básico: salud y alimentación. Cuando hay una canasta básica familiar que no alcanza, obviamente los chicos no tienen acceso a una buena alimentación y, por ende, a un buen crecimiento y a un buen desarrollo. La Convención de los Derechos del Niño habla del interés superior del niño y el máximo de los recursos que el Estado puede poner para que un niño se desarrolle integralmente. Si un niño no se alimenta bien, tiene trastornos físicos, psicológicos, subjetivos y simbólicos que impactan en todo el desarrollo. Muchos niños tienen que acompañar a sus padres a cirujear, a buscarse la comida diaria y esto hace que haya mayor deserción escolar. Hemos visto un retiro sustancial de las políticas sociales a nivel nacional, que impacta en las provincias.
–Para muchos chicos que asisten a los comedores escolares, ese puede ser el único plato del día. ¿Es sostenible una asistencia permanente?
–Lo óptimo es que cada ser humano tenga derecho a desarrollarse integralmente en el seno de una familia. El Estado tiene que estar cada vez más presente, pero lo ideal sería que cada vez haya menos instituciones y menos comedores escolares. Esto habla de una política de Estado que priorice cuestiones fundamentales: el trabajo, la producción, la educación, la salud. Cosas que hoy vemos en retirada. Instamos a los Estados a que haya políticas económicas y de desarrollo familiar. El asistencialismo no es bueno. Debe existir cuando no hay nada. Pero el Estado está para hacer un sostenimiento, no asistencialismo. La idea es que haya cada vez menos caridad.
–Concretamente, ¿cómo?
–El Estado tiene que abrir la productividad y ponerle mucho más a las políticas sociales que, en un momento crecieron en nuestro país, y hoy están en retirada.
–El último informe de Unicef habla de malestares psicológicos en la infancia pobre, ¿de qué manera se manifiestan?
–Los trastornos subjetivos son variados, pero si un niño sufre vulneración de derechos tiene un deterioro subjetivo importante porque no tiene el acceso a derechos que otros niños sí tienen. De modo que no está en igualdad de condiciones a la hora de recibir educación, por ejemplo. Un niño que tiene que salir a levantar basura y luego tiene que ir al colegio con otro nene que tiene un plato en la mesa, obviamente tiene trastornos subjetivos importantes. También vemos en aumento la vulneración a la integridad física y psíquica en el seno intrafamiliar, que es la más difícil de detectar y son las que llegan al Estado cuando la situación explotó.
–¿Es difícil que el niño o la niña pueda expresar su malestar?
–Más difícil es que se le de crédito. Somos organismo de supervisión y control y detectamos que en los primeros niveles, la escuela, el centro de salud, saben de esas vulneraciones pero cuesta que se denuncien. Es difícil porque el sistema no funciona aceitadamente.
–¿Qué acciones se pueden poner en práctica para llegar al caso particular?
–Hay que prevenir. Hay que hacer mucha promoción de derechos. Hay que ayudar en la institucionalidad a saber que hay lugares como este (la Defensoría) que garantiza la reserva de identidad, donde cualquier adulto puede hacer una denuncia. Podemos actuar de oficio, es decir, podemos reservar la identidad. Entendemos que una persona que vive en el mismo barrio de quien tiene que denunciar tiene dificultades para su integridad personal. Y hay que enseñarles a los pibes cuáles son sus derechos, para que los puedan ejercer y se les pueda garantizar.
–En relación con la prevención, la Educación Sexual Integral continúa siendo motivo de controversia.
–Hubo una retirada de los programas de ESI. Eso previene un montón –exaltó– y no está. Como Estado, todo eso lo tenemos que garantizar porque es prevención y reduce los índices de abuso sexual. Está estudiado que cuando un pibe conoce cuáles son las herramientas que tiene sobre su cuerpo se previenen muchos abusos. Otros pueden ser inevitables, pero la mayoría pueden ser evitables.
–Sin embargo, es fuerte la presión en los estamentos estatales para que la ESI no se imparta bajo la consigna “con mis hijos no te metas”.
–El Estado tiene que enseñarle a los chicos cuáles son sus derechos y aquella mamá o aquel papá que sienta que es una invasión a su privacidad puede optar por no enviarlos ese día a la escuela. Y no privar al resto, a la mayoría, del acceso a la ESI. Somos fervientes defensores de que las escuelas impartan ESI.
–Cada vez se observan más chicos en las calles, ya sea cirujeando o pidiendo en los semáforos. ¿Qué se debe y puede hacer?
–Una cosa es el trabajo infantil prohibido por las leyes, sobre el cual los ministerios de Trabajo de las provincias y el Ministerio de Trabajo de la Nación deben actuar en prevención, supervisión e inspección para detectar, prohibir y denunciar. Otros supuestos son los niños que están con sus padres, muchos en la calle, colaborando con un trabajo familiar pero con una supervisión adulta. Si bien no es lo óptimo, hay que distinguir esos casos. El Estado tiene que ir con sus facultades sancionatorias sobre los adultos que hacen trabajar a un niño cuando está prohibido. Los casos en que están pidiendo con sus padres hay que atenderlos en su particularidad, así como a los niños que están en situación de calle.
–La colaboración de los chicos y las chicas con el trabajo familiar parece casi natural en no pocos casos.
–Es muy delicado, son lógicas históricas que quizás el niño repite y no es una vulneración de derechos. Por eso, distinguimos el trabajo en un ámbito rural con la familia, con los padres, del caso un niño o un joven que está siendo explotado por un comercio a sabiendas de que está prohibido. Se ha desdibujado la prevención en los últimos años como política de Estado. El Estado, permanentemente, apaga incendios. No hay una política de prevención porque simplemente creo que no hay interés en la infancia y en la juventud. Eso es realmente triste.
–Desde el 1 de enero hasta el 28 de mayo de este año, la Defensoría abordó 223 casos de violencia, de los cuales 122 pertenecen a Rosario y 101 a Santa Fe. ¿De qué manera se actúa?
–El número de los casos que ingresan va creciendo. Hay violencia física, psíquica y golpes. También tenemos clasificados los casos de abuso sexual. Han ido en aumento de la mano del aumento del embarazo adolescente. Una niña de 11 años tiene derecho a jugar. Esos embarazos son producto de un abuso y en un 99% son abusos intrafamiliares o de algún conocido. Eso ha aumentado. En Santa Fe ciudad hay una particularidad muy compleja: se reiteran los casos de abuso de niñas, niños y adolescentes en los que se separa a la víctima del centro de vida y el abusador queda. Parece que se le aplica la sanción a la niña o al niño. Se toma una medida de protección y los llevan a una hogar –exclamó perpleja– y el abusador sigue dentro del círculo familiar. Una persona presumida de abuso tiene que estar presa, no en su casa.
–¿Qué ocurrió con la Defensoría de la Nación tras la designación de Marisa Graham?
–Hubo un proceso de la mano de la comisión bicameral, del cual participamos los defensores provinciales. Entre los 15 postulantes que habían pasado el examen escrito, la presentación de trabajo y la defensa, la comisión bicameral postuló a la Dra. Marisa Graham, pero no se trató en el Congreso. Presentamos diversas notas a (Emilio) Monzó y a (Gabriela) Michetti (presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente) solicitando que se tratara con carácter urgente porque hay una deuda de 14 años. Y hay problemas de políticas nacionales que como defensores provinciales no tenemos competencia. La Asignación Universal por Hijo, por ejemplo. Se cuestionó que Graham se haya expresado a favor de la legalización del aborto. Son cuestiones de convicción personal, pero hoy existen leyes que cualquier defensor y Graham deben respetar. La interrupción del embarazo tiene un estamento legal que hoy se debe respetar. Son niñas, no madres.
–¿De qué manera se aborda y se incluye a las infancias trans?
–Es un tema para incorporar en la mirada y saber trabajar articuladamente con las instituciones específicas. En Santa Fe está La Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual con la que tenemos convenio. Todos los niños y jóvenes tienen los mismos derechos para definir y elegir su sexualidad y hay que acompañarlos con la menor cantidad de cuestiones invasivas posible. Hay que acompañar y escuchar a los niños y tomarse mucho tiempo. Y sobre todas las cosas, no juzgar.
