Echaron a 330 técnicos de Agricultura Familiar, la subsecretaría que acompaña a pequeños productores y comunidades indígenas. Repudios generalizados de organizaciones del sector. El impacto en la provincia.
Con una nueva medida de fuerza el jueves 10 de mayo, trabajadores del Ministerio de Agroindustria de la Nación reclamaron la reincorporación de de 543 despedidos en todo el país. El hilo se cortó por lo más delgado y el gobierno nacional despidió a 330 técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que trabajaban desde hace años junto a familias campesinas y comunidades indígenas, el sector más vulnerable del campo, que al mismo tiempo produce la mayor parte de los alimentos que se consumen en las ciudades. Los otros 213 despidos fueron en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y otras dependencias.
En Santa Fe, despidieron a 14 de los 56 técnicos de Agricultura Familiar, que tienen entre seis y 20 años de antigüedad. El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, atribuyó la medida a la reducción de presupuesto y al plan de modernización del Estado. Y sostuvo que no son despidos, sino contratos que no se renuevan. Lo que omitió decir es que se trata de trabajadores precarizados desde hace décadas. Muchos comenzaron a trabajar a fines de los 90 como monotributistas y luego pasaron a tener contratos de renovación automática, que les reconocen algunos derechos (como licencias y aportes jubilatorios) pero que habilitan al Estado a despedirlos sin causa ni indemnización.
Tras el paro y movilización del jueves 3 en la Capital Federal, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un nuevo paro el jueves 10 en el que confluyeron otros sectores y organizaciones sociales y campesinas.
Quitar a centenares de técnicos provoca un retiro del Estado donde más se lo necesita. El rol de esos trabajadores, con años de formación y experiencia, es fundamental para que familias que aún viven en el campo no sean expulsadas a los cordones de pobreza de las ciudades.
Así lo entendieron numerosas organizaciones, que manifestaron su repudio a los despidos: el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Foro de Universidades Nacionales para la Agricultura Familiar, directores regionales y de estaciones experimentales del INTA, el Círculo Argentino de Agroecología (CirAA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Vía Campesina y el Frente Agrario Nacional Campesino, entre otras.
Equipos desarmados
Eduardo Bozzalla cumplió 49 años el pasado 2 de mayo. Hace diez que trabajaba en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, en Ceres. Es técnico idóneo, especializado en la elaboración de quesos artesanales. La semana pasada recibió el telegrama de despido.
Su trabajo, como parte de un equipo interdisciplinario, era visitar campos, relevar las necesidades de los pequeños productores y asesorarlos en forma gratuita. Además, ayudar a las familias a elaborar proyectos para que puedan acceder a créditos y subsidios a la producción, y colaborar en la regularización laboral a través de la inscripción en el monotributo social agropecuario y el Registro Nacional de Agricultura Familiar.
Exigen la reincorporación de técnicos de Agricultura Familiar
“Aparte de cumplir una función técnica, cumplimos una función social”, destacó Bozzalla a Pausa. “Los problemas de los pequeños productores están cruzados por cuestiones sociales además de productivas. Otras áreas del Ministerio o instituciones como el INTA no tienen los equipos como para abordarlas.”
En el departamento 9 de Julio, en el postergado norte santafesino, echaron a dos de los cuatro integrantes del equipo de Agricultura Familiar: Lorena Acosta, asistente social, y Oscar Nagel, veterinario.
Lorena tenía ocho años de antigüedad y Oscar, 20. “Empecé en 1998 a trabajar en lo que en ese momento era el Programa Social Agropecuario”, explicó Oscar. Se mudó con su familia a Gato Colorado, casi en el límite con Chaco, para dedicar su vida a apoyar a los pequeños productores.
“Ahora quedan dos personas para cubrir 13 mil kilómetros cuadrados. Teníamos mucha presencia territorial y a eso la gente lo valoraba mucho, porque son pequeños productores que no pueden contratar a un veterinario o a un ingeniero”, explicó. “Estos despidos son muy injustos. Tantos años trabajando. Gente muy formada y valiosa”, lamentó Nagel.
Tatiana Arzamendia es antropóloga y comenzó a trabajar en Agricultura Familiar en 2008, en Chaco, junto a comunidades Qom. Luego se trasladó a Santa Fe. También la echaron sin causa ni indemnización. Uno de los proyectos en el que estaba involucrada es el de huertas agroecológicas con familias de la comunidad mocoví Com Caia, en Recreo. Allí, Agricultura Familiar colabora para mejorar las condiciones de producción.
“Esto es un desmantelamiento. Detrás queda el sector más aislado y perjudicado, sectores vulnerables ya de por sí, que sin estas políticas públicas quedan desprotegidos, abandonados. Al no tener más ayuda para vivir en el campo, se trasladan a las ciudades, con todo lo que eso implica”, advirtió Tatiana.
Repudios
Al ser consultado sobre cuál fue el criterio para seleccionar a los 14 despedidos en Santa Fe, Daniel Minniti, coordinador provincial de la subsecretaría de Agricultura Familiar, respondió que fue una decisión del Ministerio a nivel nacional. Sobre la antigüedad y experiencia de los despedidos, y el impacto en los sectores más vulnerables, Minniti sostuvo: “No me parece prudente dar una opinión personal. Son temas muy sensibles”.
En Misiones, donde despidieron a 17 técnicos, el coordinador del Ministerio del Interior de la Nación y referente del PRO, Alfredo Schiavoni explicó el criterio: “Para seleccionarlos se evaluaron la productividad y evaluaciones hechas en el territorio”. Y dijo que los despedidos tenían una perspectiva “asistencialista” y que “no estaban a la altura de lo que requerido por el gobierno nacional”.
Pero los hechos lo desmienten. Dentro de los 17 despedidos en Misiones, hay técnicos de hasta 30 años de antigüedad con un reconocido trabajo junto a campesinos e indígenas por el derecho a sus tierras ante el avance de monocultivos forestales, entre otras luchas.
La Red de Organizaciones de Pequeños Productores y Comunidades de Pueblos Originarios de Misiones expresó su repudio a los despidos y su apoyo a los trabajadores que “en forma permanente acompañan los procesos de desarrollo de las organizaciones y la producción en los territorios”, sostuvieron.
El acompañamiento técnico “es fundamental para el fortalecimiento de nuestras organizaciones, el desarrollo del sector, la visibilización de nuestras problemáticas cotidianas ante los organismos gubernamentales y del sector privado. Sin ese acompañamiento los procesos que se desarrollan en la Agricultura Familiar se verán afectados en forma negativa”, afirmaron.
Por su parte, el Movimiento Nacional Campesino Indígena sostuvo en un comunicado que los despidos “implican el retroceso de las políticas públicas para los Pueblos Indígenas y Campesinos y, por lo tanto, la regresión en la promoción y defensa de nuestros derechos humanos. Estos despidos se dan en el marco del desguace del Estado y de la pérdida de derechos de los sectores populares. Exigimos la reincorporación de lxs trabajadorxs, y el cumplimiento efectivos de la Leyes de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar 27.118 y el conjunto de leyes que benefician a los pueblos originarios”.
En una carta al director Nacional del INTA, Héctor Espina, directores regionales y de investigación del INTA de todo el país expresaron: “Queremos hacerle llegar nuestra preocupación por los recientes despidos del personal de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y del SENASA. En el trabajo interinstitucional que venimos realizando a lo largo y a lo ancho del país, para que las políticas públicas destinadas a todos los actores del sector lleguen de manera eficiente, estos organismos son socios fundamentales por su conocimiento, compromiso de trabajo y profesionalidad”.
Otra carta con el mismo destinatario, esta vez de parte de los directores de estaciones experimentales del INTA, afirma: “Estos técnicos desarrollaron una tarea fundamental en el diagnóstico de las limitantes productivas y comerciales, la elaboración participativa de proyectos, el acompañamiento de los productores durante su ejecución; así como la adecuación de los marcos normativos que favorecen una inserción más plena de la Agricultura Familiar en nuestra sociedad. De hecho en muchos casos conforman junto con el INTA la única capacidad técnica disponible en amplias regiones del país, especialmente en aquellas donde es más difícil llegar. A pedido del Ministerio de Agroindustria se han compartido espacios y equipos de trabajo reforzando la articulación con estos profesionales quienes están muy bien formados y son técnicamente respetados.”
Y advierten: “La intervención en estos espacios es imprescindible si se pretende mantener un tejido rural productivo. El no hacerlo implica acelerar los procesos migratorios hacia la periferia de las ciudades, sin preparación de las personas que emigran para insertarse en el mercado laboral urbano, acentuando los problemas de fragmentación familiar, la marginalidad y la pobreza”.
