Pese al fallo de la Corte y a las promesas del Consenso Fiscal, todavía no hay acuerdo por la deuda de la Nación con Santa Fe por descuentos sobre la coparticipación.
Pasaron dos años y medio desde el fallo de la Corte Suprema que ordenó a la Nación cesar los descuentos sobre la coparticipación y la provincia de Santa Fe todavía espera del gobierno nacional una propuesta razonable para cobrar la deuda acumulada entre 2006 y 2015.
Si en 2016 esa negociación era compleja, ante un modelo de ajuste fiscal que apenas despuntaba, en mayo de 2018 parece poco menos que una quimera. El gobierno nacional ya dejó en claro que no hay dinero para Santa Fe ni voluntad de acelerar algún tipo de acuerdo; todo lo contrario. Los plazos que en su momento fijó la Corte no se cumplieron, tampoco la cláusula incluida en el Pacto Fiscal. Para el gobierno de Cambiemos, el tema no es prioritario.
Durante una década, la Nación le descontó a Santa Fe el 15% de la coparticipación federal para financiar la Anses y el 1,9% para la Afip. La Corte Suprema falló a favor de la provincia, en noviembre de 2015, y le ordenó a la Nación cesar los descuentos. Además, ordenó la devolución de la deuda acumulada entre 2006 y 2015 y estableció un plazo de 120 días para que ambos gobiernos negocien el monto y la forma de pago.
A valores históricos, la deuda es de 23.479 millones de pesos: 18.835 millones que fueron retenidos para la Anses y 4.644 millones para el Fondo de Autarquía de la Afip. La provincia actualizó dos veces ese monto: en julio de 2017, lo fijó en 49.480 millones (se aplicó la tasa activa del Banco Nación) y en octubre del mismo año, poco antes de la firma del Pacto Fiscal, hizo una segunda actualización del monto: 51.280 millones.
La Nación está dispuesta a negociar, pero sin poner dinero. La única propuesta formal que realizó a la provincia (el 13 de marzo de este año) consiste en un mix de bonos y obras públicas. Ningún funcionario nacional indicó cuál es el monto que están dispuestos a reconocer en tanto actualización de una deuda generada hace más de una década. Pero hay dos señales que indican que será un monto menor al que reclama Santa Fe: en una exposición ante el Congreso, Marcos Peña tuvo un lapsus ante una consulta del senador Omar Perotti y habló de 23 mil millones; poco tiempo después, tras la reunión entre el gobernador Miguel Lifschitz y los ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne, los medios porteños hablaron de 35 mil millones, una cifra a mitad de camino entre el valor histórico de la deuda y la actualización que hizo el gobierno santafesino.
El 1º de mayo, en su discurso ante la asamblea legislativa, Lifschitz se refirió al tema: “Nos pasamos dos años de gestiones infructuosas frente al gobierno nacional y cuando ya habíamos tomado la decisión de retornar a la Corte, solicitando que se intime al gobierno a cumplir el fallo, surgió el debate sobre el llamado Consenso Fiscal, que nos permitió introducir una cláusula especial que establecía un límite al 31 de marzo del corriente año para resolver la situación”.
“Esa cláusula condicionó al gobierno a hacernos por primera vez una propuesta formal de pago. Esa propuesta contiene dos partes. El pago de la deuda que se propone realizar con bonos en pesos y además un compromiso de realización de obras públicas en la provincia de Santa Fe durante los próximos tres años. Esa propuesta inicial estaba lejos de nuestras expectativas y no llegamos hasta aquí para aceptar cualquier propuesta. Sin embargo, creemos necesario agotar esta vía de negociación. Se han realizado, desde entonces, varias reuniones para mejorar las condiciones iniciales y arribar a una solución satisfactoria para Santa Fe”.
En el actual contexto, los bonos en pesos que ofrece la Nación no resultan atractivos para la provincia. Y el financiamiento de obras públicas suena más a una promesa difusa que a un programa concreto. Por esos motivos, surgió un tercer elemento: la posibilidad de que la Nación ceda terrenos fiscales a la provincia que podrían ser utilizados por parte del Estado o bien comercializados con el fin de obtener recursos frescos.
En medio de las turbulencias económicas de las últimas semanas, el gobernador Lifschitz y el ministro de Economía de la provincia Gonzalo Saglione retomaron las negociaciones con la Nación en busca de “un acuerdo firmable”, según las propias palabras de Saglione.
Lifschitz y Saglione se reunieron el viernes 4 de mayo, en Buenos Aires, con el ministro Frigerio. Ese mismo día, Dujovne, anunció un recorte presupuestario sobre la obra pública nacional de 30 mil millones de pesos, con el objetivo de reducir el déficit fiscal del período 2018: otra noticia que va a contramano de la “propuesta” de saldar la deuda a través del financiamiento de obras por parte de la Nación.
En el encuentro, el gobernador santafesino planteó ante Frigerio la posición de la provincia respecto a la propuesta de pago oficializada el 13 de marzo, a solo dos semanas del vencimiento del plazo estipulado en el Pacto Fiscal (31 de marzo). El gobierno santafesino quiere estudiar a fondo las características de los bonos y de las obras que promete financiar la Nación. En las conversaciones posteriores a la propuesta formal, Santa Fe incluyó otros ítems, como la posibilidad de que el Estado central ceda terrenos de su propiedad a la provincia. Con esas observaciones, Santa Fe realizó una contrapropuesta que está siendo estudiada por los funcionarios nacionales.
Desde la Casa Gris remarcaron que esa última reunión con Frigerio significa un “avance” en las negociaciones por la deuda, pero al mismo tiempo señalaron la necesidad de acelerar los tiempos para llegar a un acuerdo.
