¿Qué estamos haciendo desde el derecho y la Justicia para que no existan más Chiara Páez? Se pregunta e intenta responder, a 10 años del #NiUnaMenos, la abogada feminista Agustina Taboada.
El femicidio de Chiara Páez, ocurrido en 2015 en la localidad santafesina de Rufino, no sólo marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha feminista en Argentina: se transformó en un parteaguas político, jurídico y cultural. justicia
Chiara, una adolescente de 14 años, embarazada, fue asesinada y enterrada por su novio en el patio de una casa familiar. Su muerte catalizó un hartazgo colectivo que desbordó los márgenes del dolor privado y se convirtió en una fuerza social imparable, bajo una consigna que atravesó fronteras, instituciones y generaciones: Ni Una Menos.
A 10 años de ese crimen, el interrogante persiste con una crudeza insoportable: ¿Qué estamos haciendo, desde el derecho y la Justicia, para que no existan más Chiaras?
De la denuncia pública a la institucionalización jurídica
La irrupción de Ni Una Menos no fue solo una consigna: fue el grito acumulado de miles de mujeres y disidencias hartas de la impunidad, el abandono y el silenciamiento. Fue la irrupción de una fuerza colectiva que rompió siglos de silencios impuestos y expuso las violencias múltiples y persistentes que el derecho había ignorado, negado o legitimado bajo la fachada de su supuesta neutralidad.
Desde 2015 Argentina asistió a una expansión del marco normativo en materia de género: se promovieron reformas, se fortalecieron instituciones, se impulsaron capacitaciones obligatorias para operadores del sistema judicial y se amplió la comprensión jurídica de la violencia contra las mujeres.
La Ley 26.485 —ya vigente desde 2009— comenzó a aplicarse con mayor robustez. Se consolidó la figura del femicidio (Ley 26.791), visibilizando una categoría de violencia específica contra las mujeres por razones de género. Se sancionó la Ley Micaela (27.499), que obliga a todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado a capacitarse en perspectiva de género, y se impulsó su efectiva implementación en diversas jurisdicciones.
Se crearon fiscalías especializadas en violencia de género, se aprobaron protocolos para la investigación de delitos sexuales. La Ley Brisa (27.452) instituyó una reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios, reconociendo la necesidad de medidas reparatorias integrales.
Asimismo, se amplió la tipificación de las violencias al incorporar de manera explícita la violencia simbólica, económica, obstétrica, mediática y digital, reconociendo que la violencia patriarcal excede el ámbito físico y se estructura sobre múltiples dimensiones de desigualdad. En este marco, la sanción de la Ley Olimpia en Argentina (Ley 27.736) representó un avance sustancial al tipificar la violencia digital por razones de género, y reconocer el daño producido en entornos virtuales como parte del continuum de violencias machistas.
Por otra parte, se introdujeron figuras vinculadas a los crímenes de odio por identidad de género y orientación sexual, en particular a través del agravamiento de penas en el Código Penal, visibilizando las violencias hacia personas trans, travestis y disidencias.
El derecho como trinchera de disputa justicia
A pesar del significativo desarrollo normativo y doctrinario en materia de género, persiste una profunda brecha entre los marcos legales vigentes y su aplicación efectiva. La transversalización de la perspectiva de género en la práctica judicial aún no se ha consolidado, lo que se refleja en abordajes desiguales, respuestas fragmentarias y obstáculos sistemáticos para el acceso efectivo a la justicia por parte de las mujeres.
Diversos estudios, fallos y pronunciamientos institucionales han evidenciado la persistencia de prácticas judiciales que reproducen lógicas revictimizantes y estereotipos de género. En particular, se mantiene una estructura probatoria que muchas veces desatiende los estándares internacionales en materia de valoración contextual de la prueba.
Los femicidios que se producen luego de múltiples denuncias desatendidas, de medidas de protección débiles o mal ejecutadas, y de intervenciones judiciales descoordinadas, son el rostro más extremo de esta omisión institucional. Las mujeres llegan al sistema judicial buscando protección, y muchas veces se enfrentan a procesos marcados por la indiferencia, la dilación o el descreimiento. Aún con leyes vigentes, con denuncias previas, con alertas activadas, hay femicidios que ocurren y que podrían haberse evitado.
Este panorama evidencia la necesidad urgente de transformar no solo el derecho positivo, sino también las prácticas judiciales cotidianas. El campo jurídico no es neutro: está atravesado por relaciones de poder, resistencias corporativas y estructuras que privilegian la estabilidad formal por sobre el compromiso con los derechos humanos de las mujeres.
En este escenario se inscribe el trabajo de quienes ejercemos el derecho con perspectiva feminista: no sólo como estrategia técnica de litigio, sino como una intervención crítica orientada a garantizar derechos, disputar sentidos y contribuir a la consolidación de una justicia comprometida con la reparación y la no repetición.
Retrocesos y resistencias: un momento político adverso
Hoy, a una década de #NiUnaMenos, asistimos a un contexto marcado por discursos de odio, negacionismo y backlash a nivel regional y global. Las luchas feministas, lejos de haber logrado un consenso mínimo sobre la urgencia de erradicar la violencia de género, enfrentan una ofensiva ideológica que intenta relativizar la existencia misma del problema.
Se ataca a las víctimas por hablar, se cuestiona su credibilidad, se criminaliza a quienes denuncian y se desacredita públicamente a quienes defendemos derechos.
La reacción patriarcal ha encontrado nuevos canales: desde el discurso político hasta los medios de comunicación, pasando por redes sociales que amplifican la violencia simbólica, digital e institucional. Este clima de hostilidad y retroceso tiene efectos concretos: se paralizan políticas públicas, se cierran espacios de acompañamiento, se recortan presupuestos y se debilitan las estructuras estatales de protección. El precio lo pagan las mujeres y las niñas.
Lo que falta, lo que urge
A diez años de #NiUnaMenos, no podemos conformarnos con la mera existencia de leyes. Necesitamos voluntad política, recursos, aplicación efectiva y transformación cultural en todos los niveles del sistema judicial. Falta transversalizar la perspectiva de género en la formación y selección de magistrados.
Falta garantizar el acceso real a justicia para mujeres y disidencias en situación de vulnerabilidad. Falta reconocer el derecho de las infancias a ser oídas en procesos judiciales, de acuerdo a la ley.
Falta adoptar el principio de debida diligencia reforzada como obliga la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Falta sancionar la violencia institucional que opera en las propias prácticas judiciales.
No hay justicia posible sin una política de reparación integral. No hay protección real sin dispositivos accesibles, sostenidos y con personal capacitado. No hay democracia plena sin justicia feminista.
El derecho y la Justicia que queremos
La pregunta inicial no admite respuestas retóricas. ¿Qué estamos haciendo desde el derecho para que no existan más Chiara Páez? Algunas y algunos estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Pero no alcanza. Porque mientras el sistema continúe reproduciendo desigualdad estructural y tolerando la impunidad, las muertes evitables seguirán ocurriendo.
El derecho debe ser herramienta de transformación, no de opresión. Debe operar con una ética del cuidado, de la escucha, del reconocimiento de las violencias múltiples que atraviesan los cuerpos feminizados. Debe asumir su rol histórico: proteger la vida, garantizar la dignidad, reparar lo irreparable.
Chiara Páez no fue una excepción. María Belén Debárbora, y tantas otras, tampoco. Cada mujer que hoy acude al Poder Judicial esperando justicia merece un Estado que no le falle.
A 10 años de aquel grito inaugural, no queremos más minutos de silencio: queremos decisiones judiciales con perspectiva de género.
Porque el día en que no haya más Chiaras será, finalmente, el día en que el derecho haya estado a la altura de la historia.
10 después, #NiUnaMenos no es una consigna: es una deuda. El derecho que no protege a tiempo, condena. El Estado que calla, habilita. Y una justicia sin perspectiva de género no es ciega: es cómplice.
