Tras el asesinato de Vanesa Castillo, se acordó en paritarias que las denuncias referidas al ámbito educativo las realicen funcionarios políticos y no los propios docentes o directivos.
Pasado el mediodía del 15 de febrero, Vanesa Soledad Castillo salió de la escuela N° 533 Victoriano Montes, en la manzana 7 de Alto Verde, donde se desempeñaba como maestra suplente de séptimo grado. Bajó la rampa con su moto y el casco y los auriculares puestos. En ese momento, Juan Ramón Cano, alias “Chacho”, se subió al vehículo detrás de ella y le propinó 13 puñaladas. 48 horas después fue detenido, imputado y desde entonces se encuentra bajo prisión preventiva por ser el autor del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por violencia de género, vale decir femicidio, según se limitó a confirmar el fiscal Andrés Marchi al ser consultado por Pausa. El funcionario judicial aseguró que “la investigación está en marcha y que se siguen distintas líneas, incluso las aportadas por las abogadas de la familia”.
Vulnerabilidad
Sin embargo, no todo está dicho para la querella, más si se tiene en cuenta que una certificación emitida por la Unidad de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Policía de Investigaciones (PDI) –a la cual tuvo acceso este medio– indica que la víctima testificó el 1 de diciembre de 2017 en un caso por abuso sexual de una niña de 13 años, alumna de otro séptimo grado del mismo establecimiento. En ese orden, también consta el acta con la declaración de Castillo acerca del modo y las circunstancias en que la menor le sugirió el embarazo que cursaba. Y en esta instancia se abren dos cuestiones clave. Por un lado, y acorde a lo expresado por las abogadas Carolina Walker y Erika Stalker, luego de esa declaración la maestra de 33 años debió recibir protección y eso “claramente no ocurrió”. Al mismo tiempo, el caso pone de manifiesto los procedimientos a seguir por parte de cualquier agente del Estado, y particularmente del magisterio, frente a vulneraciones de derechos que puedan sufrir niñas, niños y adolescentes.
Con relación a esta última cuestión, el secretario de Educación de la provincia, Oscar Di Paolo, precisó que Castillo “había realizado una narrativa a partir de escuchar a la niña. Lo hizo por escrito, lo elevó al vicedirector. Éste lo comunico al equipo socioeducativo y al supervisor. Se convocó a la madre (de la menor), la anoticiaron y es ella quien hizo la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El Ministerio de Educación puso a disposición este material frente a la Justicia”, aseguró.
Ante el asesinato de Castillo, Amsafe tomó "tres líneas de acción: la de exigir justicia, la reparación con la atención para la hija y la prevención".
El hilo procedimental en cuestión está regulado por el decreto provincial 2.288 de septiembre de 2016, el cual establece que el docente o el director deben comunicar de manera inmediata al MPA. “Entendemos que esto genera una desprotección”, señaló Rodrigo Alonso, secretario adjunto de la Amsafe La Capital, más allá del acuerdo con el criterio de la comunicación. Por ese motivo, en la última mesa paritaria –y a raíz del asesinato de Castillo– se planteó que la mentada denuncia ante el MPA “no la deba hacer un docente, ni un directivo, ni un supervisor, sino que la efectúe el jefe regional. Este reclamo, que pasó por todos los estamentos de discusión y debate en Amsafe, fue acompañado por un petitorio firmado por miles de compañeros, el cual fue confeccionado de manera conjunta con los compañeros de la escuela 533 de Alto Verde y que hemos presentado en la última paritaria”, apuntó el sindicalista.
En efecto y según lo manifestado por Di Paolo, rige desde 2014 una Guía para la Intervención Educativa en Situaciones Complejas Relacionadas con la Vida Escolar que aborda sendas situaciones de violencia, maltrato infantil, conflictos en las redes sociales, intento de suicidio, violencia de género y trata de personas, entre otras. A partir de esos parámetros, el docente debe realizar una narrativa una vez conocida la vulneración de derechos que se eleva al director y al supervisor. “A partir del acta paritaria del 17 de abril de 2018, se creó una comisión técnica para modificar la guía de orientación, reescribir el procedimiento y se acordó que la denuncia la realice un funcionario político frente al MPA”, subrayó el funcionario del Ministerio de Educación.
Desde el mismo 15 de febrero, “tomamos intervención directa ante la conmoción que sufrió la comunidad educativa, brindamos asistencia a la escuela para poder preservar psicológicamente a los docentes. Se generó un equipo interministerial con psicólogos, psicólogos sociales y demás profesionales que acompañan a los docentes”, recalcó Di Paolo, en tanto también manifestó que se dispuso otorgar licencias tanto a maestros como a asistentes escolares hasta el 30 de mayo, mientras también interviene Salud Laboral. El secretario también destacó que el Estado otorgó la titularización post mortem y garantizó “todos los derechos como si hubiera sido titular, indemnización, seguro mutual y pensión”.
Por su parte, Alonso hizo especial hincapié en “la preocupación y la ocupación que generó el asesinato de Vanesa. Tomamos tres líneas de acción: la de exigir justicia, la reparación con la atención para la hija y la prevención. Esperamos que este acuerdo paritario se pueda plasmar y que nunca más tengamos que pasar por esta situación tan dolorosa”, expresó el dirigente de la Amsafe.
¿Qué pasó?
En paralelo, por los carriles judiciales las abogadas Walker y Stalker plantean la necesidad de “investigar hacia atrás”, es decir, desandar el derrotero previo que pudo haber motivado el crimen de Castillo. Una mujer comprometida con su profesión, la menor de cinco hermanos, estudiante del profesorado de Historia en el Instituto N° 8. Una mujer que recorría a diario con su moto el trayecto que va de Santa Rosa de Calchines (donde habitaba con su madre y su hija) hasta Alto Verde y también preparaba pan casero y facturas en un horno de barro para costear el viaje de egresados de la primaria de su hija. Para las abogadas, es fundamental saber qué llevó a Cano “a ejecutar ese hecho, a ser el brazo ejecutor” habida cuenta que consideran que “hay otras personas relacionadas”.
“No sabemos si Vanesa había recibido amenazas, pero sí había manifestado intranquilidad dentro de la familia”, aseguró Stalker y recalcó que “de entrada pedimos que esto pase a la Fiscalía de Género. A partir de la audiencia imputativa, hicimos público que esta cuestión tenía que ir a Género porque se trató de la muerte de una mujer”.
La querella pone el ojo en que aún no se informaron los resultados de la pericia realizada al teléfono celular de la víctima
Una de las controversias se centra en la negativa de la maestra de comprarle a Cano unas ojotas. El fiscal Marchi sostuvo en la audiencia celebrada el 19 de febrero que “el imputado interceptó a la víctima y le pidió que le comprara un par de ojotas, a lo que la mujer respondió negativamente. De inmediato, le pidió que lo llevara en la moto en la que la víctima se había subido hacía instantes, y la maestra volvió a responder que no”. Por el contrario, la querella rechaza esta versión en tanto y en cuanto responde al testimonio de dos testigos “que dicen haber escuchado, a pesar de estar a media cuadra. No damos fe de que lo de las ojotas sea cierto porque nos estaríamos basando en la declaración de dos testigos que estaban a media cuadra”, plantearon.
Otro factor que las abogadas evalúan necesario es efectuar la reconstrucción del hecho. “En la audiencia imputativa, Marchi hizo una reconstrucción del hecho preliminar con los testigos que llevó la Policía”, adujeron.
En cuanto a la salud mental del asesino, indicaron que “se le hizo la pericial psiquiátrica, tiene un leve retraso cognitivo, lo cual no impide que comprenda la criminalidad del acto, no es inimputable”, mientras que por las características del delito que se le imputa su pena podría ser prisión perpetua.
Con relación a la denuncia previa sobre el abuso sexual que habría sufrido la alumna que habló con Castillo, la querella pone el ojo en que aún no se informaron los resultados de la pericia realizada al teléfono celular de la víctima. Este podría ser un dato fundamental ya que en la causa declaró vía Skype una compañera –quien actualmente reside en Barcelona y fuera la docente formal de la pequeña– y expuso que la maestra asesinada le había expresado a través de audios que se sentía “paralizada y sola”. “El embarazo de esta nena era un secreto a voces”, consignaron las letradas, en virtud de los testimonios de 16 docentes, y aludieron a un certificado emitido por el Centro de Salud de Alto Verde en el cual se diagnostica una dolencia en la espalda, con lo cual la madre justificó las repetidas inasistencias de la niña a la escuela.
En definitiva, el espantoso crimen de Castillo evidencia las implicancias de la tarea docente frente a las complejidades de la violencia social e intrafamiliar y los problemas sociales y culturales que condicionan la vida escolar.
