Con apoyo legislativo, el gobernador pide que se le ponga fecha a la devolución de los recursos descontados por la Nación.
Tres años después del fallo de la Corte Suprema que ordenó a la Nación saldar la deuda que mantiene con Santa Fe por descuentos irregulares sobre la coparticipación federal, el gobernador Miguel Lifschitz dio por finalizada la negociación política y presentó un escrito ante el máximo tribunal de justicia para exigir que resuelva el pleito “en un plazo perentorio”. La provincia pide que la propia Corte determine el monto actualizado de la deuda y que defina un plan de pagos.
El 28 de noviembre Lifschitz presentó, junto al fiscal de Estado Pablo Saccone, el primer paso procesal de ejecución de sentencia ante la Corte, con un pedido específico de “que se tenga especial consideración de los plazos procesales”. El gobierno santafesino espera una respuesta “en pocos meses”, indicó Saccone.
La decisión del gobernador generó consenso y apoyo entre las fuerzas políticas de la provincia. Legisladores provinciales y nacionales se reunieron con Lifschitz después de la presentación judicial. Los representantes de Cambiemos en el Congreso Nacional avalan en general el planteo, pero tomaron distancia. “El gobernador se equivoca en ir solo a la Corte, tenemos que seguir trabajando juntos”, evaluó Gisela Scaglia, del PRO.
Para Lifschitz, esa es una cuestión cerrada. “Me siento defraudado por el gobierno nacional porque confié cuando la Corte sacó este fallo histórico. Fue la primera vez que la Corte le dio la razón a una provincia en un reclamo contra la Nación”, reconoció Lifschitz en declaraciones a Aire de Santa Fe. “Lamentablemente, la buena voluntad que siempre manifestaron los funcionarios nacionales de cumplir con el fallo nunca se reflejó en lo concreto. Hubo demasiadas dilaciones”.
Duro de cobrar
La Corte falló en noviembre de 2015 a favor de la provincia de Santa Fe en el reclamo por la restitución de la coparticipación federal que había sido presentado por Hermes Binner en 2009. Ese fallo tiene dos partes. La primera ordena a la Nación cesar los descuentos sobre la coparticipación de la provincia (15% para la Anses y 1,9% para la Afip). Esa parte del fallo se empezó a cumplir en enero de 2016. La segunda parte disponía que ambas partes, Nación y provincia, debían llegar a un acuerdo en un plazo de 120 días sobre el monto actualizado y la forma en que se iban a devolver los recursos recortados entre 2006 y 2015.
A valores históricos, los descuentos suman unos 23 mil millones de pesos. Una primera actualización realizada por la provincia a mediados de 2017 redondeaba la suma en 54 mil millones de pesos (en ese momento se propuso un plan de pagos que combinaba efectivo y bonos, pero la Nación no lo tuvo en cuenta). Ahora, por la inflación y la devaluación, Santa Fe exige una suma que va de los 70 mil a los 100 mil millones de pesos.
Las negociaciones entre la Nación y la provincia casi no avanzaron en los primeros dos años de las actuales gestiones. Recién a fines de 2017, cuando se firmó el primer Pacto Fiscal, Santa Fe logró incluir una cláusula que establecía que las partes debían llegar a un acuerdo antes del 31 de marzo de 2018.
Ese plazo tampoco se cumplió, aunque en abril de este año hubo una primera oferta de la Nación –rechazada por la provincia– que proponía saldar la deuda con bonos a 12 años por 31 mil millones de pesos y compensar a Santa Fe con el financiamiento de obras públicas, cosa que tampoco quedó expresada en el presupuesto 2019.
Después de casi tres años de gestiones ante los ministros Rogelio Frigerio, Alfonso Prat Gay (en 2016) y Nicolás Dujovne (a partir de 2017), el gobernador se mostró decepcionado con las autoridades nacionales: “En política no se debe ser ingenuo, pero creí que el fallo se iba a cumplir”.
