Tardías respuestas ante la crisis en seguridad. Hay dudas sobre el origen de las armas.
Desde 2007, la violencia letal es un problema que la política no logra resolver. Ese año la ciudad de Santa Fe tuvo su primer pico histórico de homicidios, un fenómeno que se repitió en 2014, 2016 y 2018. Los cambios de gobierno y de ministros, la puesta en marcha del nuevo sistema penal, las reformas de la Policía, la ley de emergencia en seguridad y la intervención de las fuerzas federales no dieron resultados. La provincia y la ciudad se encaminan a cerrar otro año con estadísticas que se ubican muy por encima del promedio nacional.
Según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en 2018 se registraron en toda la provincia 354 homicidios. Es un 16,8% más que en 2017 (303), aunque no llega a la cifra de 2016 (380). La tasa (cantidad de asesinatos cada 100 mil habitantes) es mucho más alta en la provincia que el promedio nacional. En 2014 Santa Fe tuvo una tasa del 13,2 contra 7,6 del promedio nacional. En 2018 fue de 9,5 contra 5,3. El primer año en que se observó esta diferencia fue 2007, cuando la tasa provincial dio 9,5 contra 5,5.
En el centro del problema están las armas de fuego. En su presentación ante la Legislatura, el jueves 19, el fiscal general de la provincia Jorge Baclini reconoció que la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex Renar) no informa a las autoridades judiciales de Santa Fe sobre la cantidad de armas en circulación. Distintos especialistas coinciden en que se trata de información clave para entender el funcionamiento de las economías delictivas.
No hay datos actualizados sobre el circuito legal ni ilegal de armas. “No tenemos certezas en cuanto al origen de las armas”, admitió Baclini. A ese problema, agrega otro: el procedimiento para la destrucción de las armas de fuego “es muy lento y burocrático”. Desde que Baclini asumió al frente del MPA, en abril de 2017, se acumularon 1300 pistolas en los depósitos judiciales. La cantidad de armas en circulación es imposible de calcular, pero en cualquier caso se trata de un número alto y ese factor explica en buena medida la violencia que tiene como epicentro a Rosario y Santa Fe.
Del otro lado de la mira están las víctimas. Contra lo que cree el sentido común, en su gran mayoría son jóvenes de los sectores más vulnerables. Según datos oficiales, el 90% de las víctimas de homicidios en la ciudad de Santa Fe eran jóvenes varones de entre 19 y 30 años que vivían en los barrios más alejados del centro. Por eso, cuando ocurre un hecho que sale de la norma –el asesinato a sangre fría de Julio Cabal, en un negocio ubicado a una cuadra de la Municipalidad–, la sociedad reacciona en reclamo de seguridad.
Los robos seguidos de muerte son delitos poco frecuentes en la ciudad, por eso producen una gran reacción. La estadística criminal señala que la mayoría de los asesinatos ocurre en situación de enfrentamientos entre bandas o vecinos de los barrios periféricos. No obstante, desde las vecinales y desde el Centro Comercial venían advirtiendo sobre el aumento de delitos contra la propiedad. En agosto hubo, en promedio, cuatro robos por día contra negocios ubicados en distintas zonas de la ciudad. El asesinato de Julio Cabal conmocionó a la ciudad, pero no causó sorpresa. Era cuestión de tiempo.
Explicaciones y autocrítica
La exclusión y la desigualdad son el trasfondo de la violencia. Aunque el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro lo nieguen, en los últimos meses hubo un relajamiento de las tareas de prevención policial; la prueba que lo demuestra es que, tras la intervención de la Unidad Regional I (URI) dispuesta por Pullaro el miércoles 18, se empezaron a ver más móviles y más agentes en las calles y avenidas de la ciudad. Ese mismo día, al atardecer, una multitud marchó junto a la familia de Julio Cabal para pedirle respuestas a un gobierno que no logró atinar con sus políticas de seguridad.
En medio de la última saga de homicidios –siete en una semana en el departamento La Capital–, el ministro de Seguridad intervino por 30 días la URI y puso al frente al subjefe de la Policía, Carlos Pross. En la oposición tienen dudas sobre la eficacia de la medida, ya que a pesar de las distintas reformas encaradas sobre la fuerza de seguridad a partir de 2012, Santa Fe sigue siendo la provincia con la mayor tasa de homicidios del país y la ciudad capital encabeza el ranking.
La Policía, antes que una solución, es parte del problema. Un ex jefe (Hugo Tognoli) está condenado por sus vínculos con el narcotráfico; otros dos (Roberto Grau y Omar Odriozola) fueron imputados por ilícitos económicos. El ex jefe de Drogas Peligrosas Zona Sur, Alejandro Druetta, está procesado como organizador de una banda narco. En mayo de este año el jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal, Marcelo Lepwalts, y otros cinco uniformados fueron detenidos tras un procedimiento en el cual se encontró cocaína en sus despachos. El reemplazante de Lepwalts, Marcelo Valdés, también está preso.
Los vínculos de las cúpulas policiales con el delito se renuevan después de cada depuración y forman parte, a esta altura, de un panorama que no sorprende a nadie. Pero en la base de la pirámide, donde se encuentran los uniformados de a pie, hay un dato alarmante: 77 policías de la provincia están presos por homicidios, según detalló el diputado Carlos Del Frade después de escuchar el último informe del fiscal Baclini.
La intervención de la URI es una medida aislada en el marco de un programa de seguridad que no termina de dar resultados. A tal punto, que el propio Pullaro debió reconocer que “desde el Ministerio de Seguridad asumimos la máxima responsabilidad, en función de la política preventiva que se viene llevando adelante. Somos responsables de la seguridad, nunca alcanza ningún tipo de excusa. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para dar respuestas y profundizar el trabajo. Hasta el último día de mi gestión voy a tomar decisiones para que la situación pueda mejorar”.
Días después de la intervención de la URI, Lifschitz respaldó a Pullaro y rechazó que haya “falta de colaboración” de la Policía. “No hay complot policial”, sostuvo el gobernador. “No tengo elementos para decir que hay un mensaje corporativo de la Policía. A veces hay fenómenos que tienen que ver con el delito, coincidencias y coyunturas. No detectamos falta de colaboración de los efectivos policiales, no percibo falta de predisposición”.
En su primera aparición ante la prensa, después del femicidio de María Cecilia Burgadt y del asesinato de Julio Cabal, el ministro de Seguridad había dicho lo mismo con otras palabras: “No es cierto que haya zonas liberadas, no es cierto que hayamos tirado la toalla. Hemos perdido las elecciones, pero hasta el último minuto del 10 de diciembre vamos a seguir tomando decisiones en materia de seguridad”.
El lunes 23, en rueda de prensa, Lifschitz ensayó una autocrítica: “Se deben mejorar los resultados, no solo con la prevención sino también las tareas de inteligencia e investigativas que nos permitan reducir al mínimo posible los niveles de inseguridad que se vienen dando este año, porque el delito va mutando”.
Un ministro en la mira
La Cámara de Diputados convocó al ministro Pullaro a una reunión para pedirle explicaciones sobre el plan de seguridad y sobre las últimas decisiones administrativas referidas a la Policía.
El diputado del PJ Leandro Busatto explicó: “Queremos ver cuál es el objetivo de la intervención (de la URI) y cuál es el plan diseñado para esta situación de emergencia. No sé si una intervención en este momento va a solucionar el problema de fondo. Pero, sin dudas, en algo el ministro tiene una mirada parecida a la nuestra: hay un problema grave con la Policía, hay un problema de mando que no se puede cumplir y en ese sentido hay que ver si es eficaz esta decisión”.
“La política –continuó el legislador– no está conduciendo a la Policía. No es un problema de nombres propios; es la política en general. Los tres poderes hemos fallado”.
Busatto también anticipó la decisión de los representantes del gobernador electo de pedir una reunión especial con los ministros de Justicia Ricardo Silberstein y con el propio Pullaro para plantearles la posibilidad de volver a sancionar la emergencia en seguridad, que fue votada en 2012, durante la gestión de Antonio Bonfatti como gobernador, cuando Raúl Lamberto era ministro de Seguridad, y luego fue prorrogada hasta diciembre de 2016, ya con Miguel Lifschitz al frente del Poder Ejecutivo.
Pobreza y delito
La socióloga y especialista en criminología, Luciana Ghiberto, hizo un diagnóstico sobre la situación que se registra en Santa Fe: “El 90% de las víctimas de homicidios son varones que viven lejos del centro. Los homicidios por robo son una forma de violencia extrema, preocupante y grave, pero no son la forma de homicidio más frecuente en nuestro contexto”.
“El causal de muerte más alto en la ciudad de Santa Fe son los enfrentamientos armados en los cordones de la ciudad. Y alrededor del 90% de las víctimas son varones, que tienen entre 19 y 30 años de edad que viven lejos del centro de la ciudad”, agregó Ghiberto.
En una entrevista publicada por diario Uno, la experta señaló que “la violencia se puede explicar a partir del daño en el tejido social y del aumento de la desigualdad. En un contexto de crisis económica, de aumento de los niveles de pobreza e indigencia, en el cual los niveles de desempleo de personas de hasta 29 años superan el 20% en la ciudad de Santa Fe, estamos hablando de una sociedad con el tejido social dañado. Más pobreza no significa necesariamente más delito, se ha comprobado en distintos momentos de la historia. Pero es necesario pensar los factores sociales que brindan a los sujetos posibilidades de realizarse, de permanecer en la escuela, de crear identidades vinculadas al trabajo, de tener proyectos que no impliquen poner en peligro su vida y la de otros sujetos”.
