El número de femicidios durante el último mes es alarmante y da cuenta de lo que ocurre dentro de los hogares. Hasta allí deben llegar políticas de Estado preventivas, más allá de los canales virtuales.
Un femicidio cada 26 horas durante abril. Una vida que ya no está casi por día y la responsable no es otra que la violencia machista. Entre el espanto y el dolor, las cifras exceden los límites de la contabilización de casos dada la coyuntura del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado ante la pandemia del Covid 19. Una primera lectura indica que las circunstancias, dramáticamente, potencian las condiciones para que los agresores consumen el asesinato de su pareja o expareja –en la gran mayoría de las situaciones. En efecto, los datos más recientes ratifican la tendencia que liga a la víctima con el vínculo afectivo o sentimental que mantenía con el femicida y el hogar como ámbito de consumación del delito.
El Observatorio de las Violencias de Género Ahora que sí nos ven, en su último informe (elaborado sobre la base del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país), precisa que se produjeron 117 femicidios entre el 1 de enero al 30 de abril de 2020 (14 en la provincia de Santa Fe); 28 durante abril y 36 entre el 20 de marzo y el 30 de abril, es decir durante el aislamiento. El 68% de los crímenes fueron cometidos por las parejas o exparejas, el 66% ocurrió en la vivienda de la víctima y 31 niños y niñas ya no tienen a sus madres. Un dato más que relevante se inscribe en que 27 víctimas realizaron una denuncia previa y ocho tenían medidas judiciales de restricción de acercamiento.
El relevamiento del Observatorio Adriana Marisel Zambrano de La Casa del Encuentro, por su parte, indica que fueron 21 los femicidios y los femicidios vinculados de mujeres y niñas entre el 20 de marzo y el 16 abril. También se resalta que una de cada cinco mujeres tenía denuncias previas y el 65% de las víctimas fueron asesinadas en sus hogares y el 60% de los femicidas fueron parejas o exparejas.
No sobrarían mayores datos para dar cuenta del potente grito que implica el lema “Ni una menos, vivas nos queremos” en cada marcha impulsada por los colectivos feministas. Aunque sí resultan suficientes para poner de manifiesto, una vez más, lo imperioso que resulta considerar tanto la violencia de género como el ignominioso final de la muerte que se podría haber evitado en su particularidad, en su generalidad y en su complejidad. ¿Qué pasó entre la denuncia previa y el femicidio consumado? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Dónde estaba esa víctima? ¿Por qué ese agresor pudo llegar hasta ella y matarla si la justicia ya había tomado conocimiento?
Los interrogantes lejos están de ser las líneas de un plan detectivesco, más bien se posicionan como acciones concretas que los tres poderes del Estado deberían procurar y poner en marcha. No en vano ni por casualidad, organizaciones como Ahora que Sí Nos Ven, La Casa del Encuentro y Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) demandan mayor presencia estatal en materia de prevención, así como la declaración de la emergencia en violencia de género. Y más aún, en condiciones de aislamiento social.
La lucha contra el entramado que sostiene relaciones, hábitos, concepciones, conductas y estereotipos patriarcales transita varios carriles. Se instala en el plano del lenguaje y la comunicación como modo de transformación de la realidad. También ocupa espacios en los territorios con la militancia de quienes informan, acompañan y contienen a las mujeres y disidencias más vulnerables. A nivel estructural, demanda la efectiva aplicación de la Ley Micaela en los niveles ejecutivos, legislativos y judiciales.
Cierto es que el Covid 19 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo pasado y que nueve días después nuestro país ingresó en la etapa de la mentada cuarentena. Todo sobrevino de un modo raudo y a cada paso se abrió un problema social y, atrás, un paliativo. Quizás los plazos no fueron los suficientes para prever que el encierro y la imposibilidad de buscar socorro iban a ser las marcas para cientos de mujeres y víctimas de la violencia de machista. De todas formas, se reforzaron y se abrieron líneas telefónicas y medios digitales oficiales tendientes a brindar asistencia y se puso en claro que quienes se encuentren en alguna situación de violencia pueden salir de sus casas. Acciones fundamentales y bienvenidas, tal vez incompletas.
La crisis desatada por la pandemia puso de manifiesto múltiples y diversas problemáticas, exhibiendo falencias y carencias, desde el acceso (o su falta) a la conexión a internet, hasta el hacinamiento en las barriadas populares, pasando por el cuidado de la salud mental y emocional de las infancias y los/as adultos/as mayores hasta el estruendoso estrago que sufren las economías solidarias. Todas estas cuestiones no son ajenas a la condición de género. Todas estas cuestiones requieren de un constante y riguroso trabajo territorial que se encastre con políticas de Estado preventivas que logren traspasar la puerta de cada hogar, porque es allí donde el machista, violento y asesino no pide permiso.
En este mismo contexto, no fueron pocas las voces feministas de rechazo ante la autorización de la prisión domiciliaria que recibieron personas detenidas por delitos de violencia de género, femicidios, abusos y violaciones a raíz de la pandemia. No es para menos si –otra vez– se considera que el grueso de los agresores ha sido pareja de las víctimas y los delitos se cometieron –otra vez– en el hogar.
En suma, la violencia machista y el fatídico femicidio no devinieron como un efecto directo del aislamiento. Las cifras ya eran alarmantes en los meses (y años) precedentes. La excepcionalidad de las circunstancias supo habilitar contactos, relaciones y labores a través de una pantalla. Si por los medios virtuales, las personas vulneradas y vulnerables pueden ser escuchadas y socorridas, enhorabuena que se ofrezcan esos canales de comunicación y denuncia para que las piezas del Estado articulen medidas de protección. No obstante y si se considera todas las variables que intervienen en torno a la violencia machista, resulta imperioso consignar que los femicidios no son virtuales, son vidas que ya no están y exigen una práctica taxativa en los territorios ahora y en cualquier momento histórico, social, sanitario y político. Mucho más allá de una línea de Whatsapp.
