La otra deuda: pagar a las que cuidan

Mujeres del comedor de La Poderosa. Foto: Mauricio Centurión

Un informe realizado por Unicef en el Comedor Ester Ursini aportó datos acerca de la emergencia en el acceso a los alimentos. Cómo es el cuidado comunitario en barrio Chalet.

La Asamblea de La Poderosa en Santa Fe difundió la semana pasada un informe sobre el acceso a los alimentos realizado en el Comedor Ester Ursini, que asiste a familias de barrio Chalet, Arenales, San Lorenzo y Varadero Sarsotti. El dato fulminante es que el 90% de quienes integran esas familias acceden diariamente a sólo una comida al día y pasan el resto del día con una dieta líquida que a lo sumo incluye leche.

El estudio fue realizado por Unicef en julio en el marco de una colaboración del organismo con La Poderosa a nivel nacional. El comedor, ubicado en barrio Chalet (JJ Paso 3971), empezó a funcionar en febrero de 2019 y desde entonces nunca paró. En mayo las raciones que se entregaban eran 210 los sábados y los domingos, hoy son 250 y hay una lista de espera de seis familias que la organización intenta poder incorporar lo antes posible.

El servicio es sostenido por un grupo de diez compañeras que se rotan sábados y domingos para brindar su trabajo comunitario entre cotidianidades similares a la de las vecinas y vecinos que asisten. Pausa habló con una de ellas, impulsora de la iniciativa, María del Carmen Correa. Mari es sostén de hogar y madre de tres hijes, una que también milita en La Poderosa. Tiene título de cocinera repostera y sobre su tarea reconoce que “es un orgullo trabajar acá, pero cada vez se hace más difícil seguir sosteniendo a tanta y más cantidad de gente”.

Sobre el servicio que ofrece el comedor afirma que “cuando empezamos no estábamos tan mal como ahora, la situación de la gente es bastante complicada, son familias muy vulneradas, que tienen chicos de entre 0 y 17 años y muchas mamás solas que están a cargo de seis o siete chicos. Así como yo, mis compañeras también están en situaciones complicadas porque están solas”.

Autogestión

Además del aporte económico de Unicef, que alcanza a 150 comedores en el país, el de Chalet recibe bolsones de la Municipalidad y alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de Nación y cuenta con una tarjeta del gobierno provincial. Cada recurso implica múltiples gestiones por parte de la organización, incluso en una emergencia como la actual. Desde marzo, el Comedor centralizó a su vez el trabajo de difusión de cuidados sanitarios para prevenir el Covid 19 y se adquirieron elementos de limpieza. Se trabaja desde el primer momento con los protocolos correspondientes, elaborados por las compañeras.

María Claudia Albornoz, referenta de La Poderosa, detalla que la dificultad de incorporar frutas, verduras y carnes es enorme. Explica que con la tarjeta del gobierno provincial el problema es que “puede usarse sólo en algunos supermercados mayoristas cuyos precios no son convenientes y donde se puede comprar fundamentalmente secos, arroz, fideos, harina, polenta, también leche en polvo, pero nada de frescos que son fundamentales”.

Los bolsones de la Municipalidad llegan a las cooperativas que integran La Poderosa desde la Secretaría de Integración y Economía Social. Incluyen leche y aceite pero nada de frutas ni verduras. Además, “los entregan cada quince días y duran máximo una semana, y hay que andarles atrás, siempre es una lucha para que nos los den”, señala la Negra.

Desde el territorio: la resistencia Poderosa

En Chalet funciona también la cooperativa La Cocina Poderosa, que elabora y vende canelones de verdura como marca registrada y ahora también hace chipá (un boom en la cuarentena: en un momento escaseó la fécula de mandioca). Están avanzando para incorporar productos congelados a la plataforma de comercialización de Barrio 88, después de no poder ingresar a Mercado Santafesino. Otro espacio cooperativo es la rotisería que vende al público y logra cierto ingreso para quienes la trabajan, en su mayoría mujeres; y un lavadero de autos donde trabajan pibes de entre 18 y 25 años.

Hacia el salario

A la par, la semana pasada se difundió a nivel nacional un informe sobre Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR) realizado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género. El estudio concluyó que si se pagaran tareas como limpiar, cocinar, barrer, gestionar las compras o cuidar niñes y adultes mayores, representarían el 15,9% del PBI argentino y moverían alrededor de $4 billones de pesos. Esas tareas, distribuidas de manera ampliamente desigual entre géneros, implican un gran costo en términos de tiempo y no decayeron durante la crisis: aumentaron su nivel al 21,8% del PBI.

Para ponerle valor a la hora de trabajo se tomó como referencia el ingreso promedio del personal de casas particulares del cuarto trimestre de 2019: 86,1 pesos. Si bien el estudio se dedicó a estimar la monetización de las tareas realizadas en el ámbito privado de lo doméstico, sirve para pensar de qué hablamos exactamente cuando decimos tareas de cuidado en los barrios vulnerados. Consultada por ese punto, la referenta trava Victoria Stéfano aclara que las compañeras de La Poderosa comparten “una concepción del cuidado con una extensión muchísimo más amplia que simplemente cuidar a un otre en específico, porque entendemos que cuidar también es la creación de fuentes de trabajo y de ingresos económicos y prevenir las violencias en el territorio”. La activista y comunicadora lo articula clarísimo: “La política pública tiene unos baches enormes en el reconocimiento de les sujetes a quienes va dirigida y por eso las respuestas desde el Estado siempre terminan siendo un poco sonsas, porque ¿cómo medir el cuidado cuando lo que falta son preservativos y geles en los centros de salud? Cuando lo que necesitamos son espacios de trabajo estables y acordes a las necesidades de la actividad económica que trabajamos. ¿Cómo se incorpora la perspectiva de cuidados cuando hablamos de personas trans, LGBTIQ+ y mujeres en situación de vulnerabilidad?”.

Profundizados por el macrismo y luego la pandemia las ausencias estructurales permanecen en la imposibilidad de egresar del secundario y lograr la independencia económica para muchas compañeras de la organización. Mientras tanto, “a pesar de que sostenemos que el Estado es el que debe garantizar una respuesta, la realidad es que las respuestas a esas necesidades las terminamos encontrando en lo colectivo, y eso también tiene que ver con cómo se piensan esas políticas. Se piensan desde el afuera por profesionales que poco o nada tienen que ver con el territorio. La pregunta también es la de cómo nos cuida el Estado: ¿como lo necesitamos o como le parece que lo necesitamos?”, puntualiza Victoria.

El tiempo en pandemia es confuso y vertiginoso pero fue hace menos de cuatro meses que murió Ramona Medina, militante de La Poderosa, tras denunciar la sistemática falta de agua y acciones del gobierno porteño para paliar la crisis sanitaria en la Villa 31. En su memoria y en la de otres referentes sociales que murieron por coronavirus, el diputado nacional Leonardo Grosso presentó un proyecto a fines de mayo en la Cámara de Diputados. Conocida como Ley Ramona, tuvo el objetivo de implementar una asignación económica de 5 mil pesos mensuales para trabajadores de merenderos y comedores comunitarios durante la pandemia. El texto llevó la firma de otres diputades y de dirigentes de la  UTEP, la CCC, Barrios de Pie, CTEP, La Dignidad, el MTE, FOL y el Frente Darío Santillán. Desde que se giró a trabajo en comisiones no hubo más novedades.

“Si el precio que pagamos por esta pandemia no está siendo muchísimo más alto y el 2001 no se volvió a repetir es por las garantías que damos quienes asistimos alimentariamente desde los territorios y no solo eso, también acompañamos las denuncias y generamos redes para garantizar el acceso a los sistemas de salud, y hablo de todos los accesos, no sólo ILE y anticonceptivos”, advierte Victoria. Tras el intento de la Ley Ramona, concluye que “todavía estamos a media vuelta de tuerca para el reconocimiento salarial de todas las cuidadoras territoriales que resistimos el clima de crisis constante que venimos viviendo hace muchísimos años. El reconocimiento debe ser económico, el simbólico no tiene ningún impacto en las vidas de las compañeras: ellas ya saben que son importantes, falta el reconocimiento salarial”.

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