El Tribunal de Cuentas objetó el último concurso de titularización docente realizado por el Frente Progresista intimó al Ministerio de Educación para que resuelva el problema. La ex ministra Balagué cuestionó la decisión. Desde Amsafe sostienen que no se puede avanzar “sobre los derechos adquiridos”.
Una fuerte polémica se instaló en la provincia de Santa Fe en torno al último proceso de titularización docente realizado, en diciembre de 2019, por el gobierno del Frente Progresista. La actual gestión decidió revocar las designaciones luego de que se detectaron irregularidades en el nombramiento de unas 500 personas sin antecedentes. Sin embargo, la ex ministra y actual diputada Claudia Balagué defendió la transparencia de los concursos y opinó que se trata de “un nuevo ataque del gobierno provincial a la educación”. También la secretaria general de Amsafe, Sonia Alesso, se mostró molesta por la decisión y pidió mayor información a la provincia.
Todo empezó cuando el Ministerio de Educación decidió revocar las titularizaciones efectuadas a fines de 2019 y llamar a un nuevo concurso con el objetivo de “transparentar el proceso”. Se debe a una intimación del Tribunal de Cuentas de la provincia, que detectó irregularidades en el nombramiento de unas 500 personas sin antecedentes ni títulos requeridos para el cargo.
“Vamos a trabajar para que esos agentes que pierden la titularidad puedan acceder a un proceso lógico, conforme a las reglamentaciones”, aseguró la ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero. “Son concursos que, si bien estuvieron acordados en paritarias, se han omitido escalafones, juntas de calificaciones y la posibilidad de comprobar los legajos, un montón de observaciones legales que hacen que se tenga que determinar la nulidad de esos procedimientos”.
En esa línea, la funcionaria detalló que “las resoluciones de los últimos 6 meses de la gestión anterior, que comprometían el gasto fijo de la provincia, fueron analizadas por la comisión creada por el decreto 89, en razón de la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
“Esa comisión –siguió Cantero–, en función de los informes obrantes del Ministerio de Educación, ha determinado por la cantidad de irregularidades detectadas, la nulidad de esas resoluciones, algunas tomadas el 5 de diciembre de 2019, a cuatro días de terminar la gestión pasada”.
Además de esas observaciones, Tribunal de Cuentas realizó una objeción legal a esos procedimientos e intimó al Ministerio de Educación de la provincia para que lo resuelva. Ante este escenario, la ministra Cantero indicó que se decidió “convocar a nuevos concursos y a los gremios docentes para conversar sobre la situación”.
Defensa de Balagué
El lunes por la tarde, la ex ministra Balagué –a cargo de los concursos en cuestión– calificó la movida de su sucesora Cantero como “un nuevo ataque del gobierno provincial a la educación, que se suma a la falta de acompañamiento a docentes durante la pandemia y la derogación del bono a reemplazantes, entre otros. Por acción u omisión del Ejecutivo actual se ponen en peligro derechos laborales”.
A través de las redes sociales, Balagué señaló que “desde el Frente Progresista siempre gestionamos la educación con la participación de docentes, gremios y comunidad, de manera transparente y apegada a las leyes y normativas vigentes, y sobre todas las cosas respetando la trayectoria docente, y nunca atentando contra sus derechos”.
“En 12 años de gestión del Frente Progresista titularizamos 55 mil cargos. Las requisitorias del Tribunal de Cuentas se subsanaron siempre en favor de las y los trabajadores. La decisión de dar de baja concursos que otorgan derechos acordados con los gremios en paritarias no tiene antecedentes”, añadió Balagué.
La ex funcionaria y actual diputada provincial sostuvo además que “el Tribunal de Cuentas no hizo ninguna observación del llamado a concurso. Tampoco sugirió anular ni revocar las designaciones. Solicitó información complementaria que podría haberse subsanado en el mes de marzo, fecha en que se requirió la misma al Ministerio”.
“Los cargos en cuestión afectan a personal abocado a garantizar derechos establecidos en la Ley Nacional de Educación. Son integrantes de los equipos interdisciplinarios que llevan adelante políticas públicas de inclusión socioeducativas. Se trata de perfiles profesionales que cumplen tareas fundamentales como la prevención de adicciones, la atención de situaciones de bullying y violencia, y de contención como el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, indispensables en estos tiempos”, agregó Balagué.
Por último, la ex ministra del gobierno de Miguel Lifschitz señaló que “la Ley de Responsabilidad Fiscal que se alega para dar de baja estos concursos, exceptúa acuerdos previos, como en este caso las paritarias 2017 y 2019. Se trató de una reparación histórica y un cambio situación de revista sin afectar partidas presupuestarias presentes o futuras”.
La postura del gremio
"El gobierno actual puede dictar otras normas en relación a los programas, lo que no puede hacer es despedir trabajadores. No puede quitarle derechos", señaló Sonia Alesso, la titular de Amsafe provincial, en diálogo con Pausa.
"El gobierno actual podrá decir que su política educativa es otra y merituar que no le interesa continuar tal o cual programa, o puede decir que le va a dar otro enfoque. Lo que no puede es dejar a los trabajadores sin el derecho al concurso", amplió la referente gremial. "La noticia generó mucho malestar entre los docentes. No cayó bien, me parece que no es la oportunidad. En plena pandemia, en un momento económico difícil para la gente dar marcha atrás un concurso me parece verdaderamente grave", sostuvo.
Alesso: «El gobierno actual no puede quitarle derechos a los trabajadores»
Alesso manifestó que los concursos acordados en paritaria están exceptuados en lo dispuesto por el documento técnico 3/2019, correspondiente a la Ley de Responsabilidad Fiscal. "En el apartado de Buenas Prácticas dice que se excluye de esta resolución las convocatorias que hubieran surgido del ámbito paritario. No entendemos por qué se quiere dar de baja un concurso cuando las propias normas que el propio gobierno sacó dice que están excluidas las paritarias", explicitó la referente sindical. "La otra cuestión es que si hubiera habido algún inconveniente con algunos de estos concursos debería haberse contestado al Tribunal del Cuentas sobre las objeciones puntuales, pero eso no ha sido así", agregó.
Con información de El Ciudadano y archivo Pausa
